La CUP propone implantar 'asambleas' similares a las del régimen cubano

El comandante se fue, pero dejó su cosecha. Mientras la CUP enviaba a La Habana una delegación para dar el último adiós a Fidel Castro, en Cataluña, el partido que mantiene en la Generalitat a Carles Puigdemont exige poner en marcha cuanto antes "asambleas de cargos electos para impulsar la república y romper con España". Se trata de una opción similar a los comités de defensa de la revolución (CDR) que Castro organizó desde los años sesenta para defender el régimen, pero trasladada a tierras catalanas. Según la CUP, esos comités o asambleas deben velar por la pureza del 'procés', convirtiéndose no solo en referentes del mismo, sino en el filtro ideológico que controle a la sociedad catalana.

Un documento de Poble Lliure, uno de los principales partidos que conforman la CUP, denuncia “las amenazas contra los cargos electos”, como la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (procesada por desobedecer una orden del Constitucional), el concejal de Vic Joan Coma (procesado por llamar a la ruptura con España) o Montse Venturós (la alcaldesa de Berga, detenida por desobedecer dos veces una orden judicial). Todos ellos, dicen los independentistas, son ejemplos “de cómo puede ser el panorama durante los meses venideros y por lo que será preciso, pues, prepararse. Para hacerlo, se ha de comenzar, entre otras medidas, por construir espacios de solidaridad ante la represión y de defensa de la democracia y de la república catalana, ya sean espacios populares, institucionales (como la creación de asambleas de cargos electos) o compartidos”.

Esta propuesta, que podría ser casi anecdótica, no deja de ser excepcionalmente importante: hasta ahora, los independentistas habían hablado de una asamblea de cargos electos, que sería la sustitutiva del Parlamento catalán. Se trataría, en definitiva, de una cámara bis formada por concejales, diputados autonómicos, diputados nacionales, eurodiputados y senadores, todos ellos secesionistas. Pero la CUP habla ahora de “asambleas de cargos electos” que, repartidas por el territorio, son una copia de los CDR que el régimen cubano puso en marcha en los años sesenta. Esas asambleas deberán estar controladas por los “partidos revolucionarios”, una figura clave en “las situaciones de crisis política”.

Acostumbrados al tacticismo político, los miembros de la CUP saben que pueden sacar provecho de los reveses judiciales. “Se ha de hacer una lectura adecuada del momento que ayude a ganar apoyos en la confrontación con el Estado. Cada inhabilitación de los cargos electos ha de ser una nueva oportunidad para acumular fuerzas con aquellos sectores democráticos que todavía no son partidarios de la ruptura independentista”.

El papel del Gobierno

La CUP parte de la base de que “la propuesta de referéndum pactado volverá a fracasar. Ahora bien, este procedimiento puede tener una parte positiva para arrastrar a sectores que todavía a día de hoy son reticentes a la unilateralidad. Todo ello, una vez fracase de nuevo el intento de acuerdo, el independentismo ha de tirar millas y no encallarse intentando buscar eternamente este pacto que no llegará”. Es entonces cuando se planteará definitivamente la propuesta de referéndum unilateral, para lo que se necesita que “la Generalitat y el Parlament se doten de los mecanismos y herramientas que aseguren que se podrá llevar a cabo en plenas condiciones”. Y entonces, “será necesario un compromiso firme de que si la opción independentista resulta ganadora, se proclame a continuación la república catalana independiente”.

Para plantear una propuesta firme de un referéndum unilateral, es necesario que el conjunto del independentismo asuma una única estrategia

Para que esto sea así, una de las premisas fundamentales es que haya una única estrategia del conjunto del independentismo, a pesar de las abismales diferencias ideológicas entre sus componentes. Para los anticapitalistas, pues, “es necesaria una hoja de ruta de gobierno para este curso político que contemple los pasos a seguir hasta la celebración del referéndum. Esta hoja de ruta no puede ser solo de Junts Pel Sí [JxS, la plataforma que agrupa a ERC y a Convergència], ya que esta formación ha de ser consciente de que no tiene una mayoría absoluta y que, por tanto, la habrá de acordar con la CUP”.

Conscientes de que tienen la sartén por el mango, los radicales apoyarán al Gobierno de Puigdemont si cumple algunos requisitos fundamentales. El primero de ellos es que haga bandera de la desobediencia a las leyes españolas y a las decisiones judiciales de los tribunales de España. En el peculiar lenguaje de los independentistas, ello no significa desobedecer nada, sino “obedecer al mandato popular”. Y no quieren que sea solo “un acto puntual, por muy trascendental que sea, sino que, previamente, haya una ristra de actos de ruptura que se habrán de ir realizando desde ahora hasta la proclamación de la independencia, en un proceso de acumulación de fuerzas continuo. Por eso, si bien en un principio pueden ser actos más o menos individuales o más o menos espontáneos, es preciso que, cuanto más se avanza, sean actos más organizados y menos espontáneos”.

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La ANC como guía

En esta coyuntura, la aportación más importante (pero también crucial) de la CUP es el frentismo. “En esta hoja de ruta —señala el documento— no puede faltar el compromiso del Gobierno para asumir las consecuencias que sean necesarias con el fin de cumplir la voluntad popular. Lo que estamos llevando a cabo es una ruptura con un régimen impuesto por la fuerza y, para superar este marco político, es preciso asumir de una vez por todas que será necesaria una fase de confrontación”.

El independentismo catalán estudia, asimismo, cómo “reorientar la capacidad movilizadora para hacer factible el referéndum y defender la república”. Para ello, los anticapitalistas proponen que sea la Asamblea Nacional Catalana (ANC) quien se ponga como punta de lanza del secesionismo. “En los meses próximos, la movilización será más necesaria que nunca, ya que determinará la capacidad o no de llevar a cabo la ruptura política”, dice el documento.

Así las cosas, Poble Lliure pone sobre la mesa seis grandes propuestas políticas: una estrategia común del independentismo; la confrontación con el Estado; la realización de un referéndum vinculante; la firma de un Acuerdo de Izquierdas para la República Catalana; la extensión del "derecho a decidir a todos los 'països cCatalans' bajo dominación española", y el reforzamiento del partido revolucionario como polo de orientación estratégica. Es este partido el que ha de “dinamizar las luchas populares” y actuar “en el seno de los movimientos de masas de manera positiva, sin sectarismos y de manera honesta y coherente con nuestros principios ideológicos”.