Puigdemont destina 62 millones a Exteriores y oculta el sueldo de sus 'embajadores'

La Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de Cataluña dispondrá el próximo año de una privilegiada situación económica, en un ejercicio en el que la internacionalización del ‘procés’ es vital para la estrategia secesionista de los políticos catalanes. Para ello, destinará más de 35 millones de euros al área de lo que son estrictamente “Asuntos Exteriores”, además de otros 27 millones que dependen directamente del gabinete del consejero del ramo, el execosocialista Raül Romeva.

En sus números, sin embargo, el Gobierno catalán camufla los salarios de los ‘embajadores’ y los hace desaparecer del organigrama para no dar la sensación de que se dilapida el dinero. En el capítulo de gastos de personal, según los presupuestos que prepara la Generalitat, las remuneraciones del personal se elevan a más de 15,6 millones de euros. De esta cantidad, más de 1,6 millones corresponden a las retribuciones de “19 altos cargos”, lo que arroja una media de 85.394,73 euros. También dispone este departamento de 13 cargos de confianza que cobrarán un total de 793.227,06 euros, es decir, 61.042,85 euros de media.

Asimismo, Exteriores tiene en nómina 191 funcionarios (con un salario de 38.748 euros, de los que más de la mitad son retribuciones complementarias) y 50 contratados laborales, cuya remuneración se eleva a 54.083,69 euros, una cifra claramente superior a la de las demás consejerías. Las cuotas a la Seguridad Social de este departamento serán de casi 3,1 millones de euros.

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La sorpresa salta cuando se revisa el listado de personal que tiene a su servicio Romeva, del que desaparecen seis de los siete ‘embajadores’ que tiene el Gobierno catalán. De hecho, sólo figura en el listado oficial de altos cargos Amadeu Altafaj, que tiene el rango de “representante permanente ante la Unión Europea”. Se da la circunstancia de que éste es un cargo no reconocido por las autoridades de la UE, pero que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene para no tener que reconocer el fracaso diplomático que ha supuesto la creación del principal puesto de la diplomacia exterior de la Generalitat.

Curiosamente, el resto de ‘embajadores’ no se computan a la hora de elaborar el listado de “altos cargos”. En su organigrama oficial, el Gobierno catalán cuenta con nueve ‘embajadas’: Bruselas, París, Londres, Berlín, Roma, Lisboa, Washington, Viena y El Alguer. Ninguno de ellos, excepto Altafaj, figura en el apartado de altos cargos a pesar de que sus salarios están asimilados al de un director general (es decir, más de 81.000 euros anuales), además de gastos de representación y otras compensaciones “en especie”.

Los salarios de la transparencia

En el listado, en cambio, figuran los cinco miembros de una curiosa Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), que cobran 81.395,72 euros por cabeza. Esta comisión fue creada a principios de este año para justificar la transparencia del Gobierno catalán en cuanto a la información que emite la Administración autonómica.

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Pero no deja de ser también curioso que esté encuadrada en una de las consejerías que con más celo oculta no sólo el gasto que genera, sino incluso la agenda de su máximo responsable. Y es que la pasada semana, Junts pel Sí (JxS) y la CUP rechazaron en el pleno del Parlamento la petición de que la agenda de Raül Romeva sea pública. En otras palabras, se niegan a que el consejero informe de forma periódica sobre las reuniones que él mismo y sus altos cargos tienen con otras administraciones. La petición de que agenda sea pública fue apoyada por Ciutadans, PSC y PP, mientras que Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP, la plataforma que engloba a ICV y a Podemos) se abstuvo. En esta ocasión, la CUP se alineó con JxS para blindar al consejero y que su labor no pueda ser fiscalizada por el ‘Parlament’.

De la misma manera, aunque la propia cámara había aprobado hace tiempo una moción que obligaba al Gobierno a dar cuenta de las acciones que realiza Independent Diplomat (un think tank al que se le han pagado ya millones de euros para internacionalizar el ‘procés’), los independentistas rechazan ahora que se deba dar cuenta de ese suntuoso gasto. Tanto Junts pel Sí como la CUP se niegan a que la consejería ponga a disposición de los diputados de la oposición (y de todos los ciudadanos) los informes mensuales que, teóricamente, Independent Diplomat elabora para la Generalitat. Hasta ahora, tanto Puigdemont como Romeva se han negado a facilitar dato alguno sobre estos supuestos informes al PP, que los ha requerido en varias ocasiones. Es la comisión GAIP la que debería velar por la transparencia de la gestión, aunque de momento no ha mediado en esa disputa ni se posicionado para que el Gobierno aplique las normas que publicita. Por tanto, la transparencia seguirá perteneciendo, al menos un año más, a la ‘caja B’ del Gobierno catalán mientras los miembros de la comisión son convenientemente recompensados.