Los sorprendentes regalos de Convergència al constructor clave del 'caso 3%'

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, el mayor que tenía Convergència i Unió (CiU) en Cataluña durante muchos años, ‘regaló’ casi 130.000 euros a la empresa Teyco, propiedad del empresario Carles Sumarroca, fundador de Convergència e íntimo amigo de Jordi Pujol. Jordi Sumarroca, hijo del fundador de la compañía, fue uno de los detenidos en el marco del escándalo del 3% en julio de 2015, mientras la sede de Teyco era registrada por orden del juzgado número 1 de El Vendrell. En su caja fuerte, también se encontraron documentos con desgajes del 3% de las adjudicaciones de obras.

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La red clientelar convergente tenía en Teyco —y, por extensión, en la familia Sumarroca— uno de sus puntales más destacados. Tanto es así que Sant Cugat le adjudicó la construcción de varias obras en la localidad. Entre ellas, figura la pista de atletismo de la Guinardera, en la ciudad deportiva de esta localidad, donde ahora se han encontrado irregularidades en tres partidas de obra.

Una comisión de investigación sobre el tema indica que entre noviembre de 2010 y septiembre de 2011, el Ayuntamiento convergente pagó a los Sumarroca 126.302,94 euros “sin justificación clara”. El informe aprobado la pasada semana indica que en los planos y en los estudios previos realizados del terreno no se encontraron pegas pero luego, por sorpresa, aparecieron problemas con el terreno.

En concreto, se aludía a la existencia de ‘flonjals’, que son zonas de terreno deformables, que no se pueden compactar debido a su esponjosidad. “Desde la comisión, constatamos la inexistencia de estos denominados ‘flonjals’”, indica el informe. Pero esa excusa sirvió a los Sumarroca para embolsarse los más de 126.000 euros extendiendo facturas por excavación de tierras, transporte de las mismas y compactado, todo ello al margen del presupuesto de adjudicación.

Según la investigación llevada a cabo, en los estudios geotécnicos no se hacía referencia a esta clase de terrenos, al contrario, de hablaba en todos ellos de “suelo tolerable”. Dice el informe, por si fuera poco, que si hubiese habido estas esponjosidades del terreno, “no se podría haber compactado una gran parte de la pista”.

No es la única operación bajo sospecha: una operación realizada por Promusa, la compañía municipal de promoción de pisos oficiales, también dejó un cierto olor a podrido en Sant Cugat. 6.377.160,56 euros netos, a los que se tendría que añadir el 7% de IVA, lo que totalizaba más de 6,8 millones de euros.

Otra obra millonaria

La adjudicación se hizo en el año 2006, pero Bruesa abandonó la obra en el año 2009, cuando faltaban por ejecutar más de cuatro millones de euros (había cobrado ya más de 2,8 millones), en un momento en que la misma ya llevaba alrededor de un año parada y cuando ya se detectaba una cierta degradación en los pisos finalizados. En esta operación ya hubo sus más y sus menos: para empezar, a Bruesa se le tendría que haber exigido, por ley, un depósito del 20% del presupuesto inicial de la obra, es decir, casi 1,3 millones de euros. Pero el consistorio se contentó con un depósito de 277.942 euros, algo más del 4%. ¿Por qué esta permisividad? No ha quedado acreditado.

Una comisión de investigación indica que el Ayuntamiento convergente pagó a los Sumarroca 126.302,94 euros "sin justificación clara"

Al abandonar la obra, también tendría que pagar una indemnización. Según el consistorio, Bruesa pagó 300.000 euros de penalización, pero esa cantidad no ha quedado acreditada en ningún documento. Lo único seguro es que Teyco fue la continuadora de la obra, según la oposición municipal, se hizo con ella tras una oferta realizada con “baja temeraria”. La comisión de investigación tampoco recibió documentación alguna sobre la oferta de Teyco, por lo que toda la información sobre esta adjudicación fue realizada verbalmente por los responsables municipales.

Luego, según denuncia la oposición, Teyco recibió 548.077,35 euros por “obras complementarias”. Al parecer, dentro de esta partida se incluyen más de 241.000 euros de “mejoras pactadas” para subsanar los defectos de la obra ya realizada. El coste total de esta adjudicación ascendió finalmente a 7.463.711,75 de euros, según reconocieron los responsables municipales, casi 1,1 millones de euros más de lo inicialmente presupuestado.

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Por ello, la oposición pidió la pasada semana la reprobación del gerente de Promusa e hizo constar en acta “la actitud poco colaborativa en la tramitación de información de la presente comisión”. También propone “trasladar estas conclusiones a los órganos judiciales actuantes, pues en estos momentos está abierto un procedimiento judicial”.

El Palau y la adjudicación de ATLL

Pero no es la primera vez que Sant Cugat está bajo sospecha: cuando estalló el ‘caso Palau de la Música’ (el latrocinio de esta institución musical por parte de Fèlix Millet y la supuesta canalización de ‘mordidas’ de constructores hacia la Fundación de Convergència), se encontraron importantes documentos de obras realizadas en Sant Cugat. Una carta del propio Millet a Pedro Buenaventura, directivo de Ferrovial, dejaba claro que Ferrovial había ganado la adjudicación del pabellón PAV3 “por un importe de 4.176.019 euros”. Y añadía el prócer del Palau: “Creo que sería conveniente que comentáramos el tema lo antes posible”. Ello daba pie a deducir que lo que tenían que tratar era el pago de la ‘mordida’.

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Los documentos encontrados permitieron a los investigadores certificar que de esa cantidad se desgajaba el 4% y se enviaba a las arcas del Palau, Allí, Millet se encargaba de embolsarse el 1,5% y el 2,5% restante lo enviaba a la fundación convergente. En otro de los papeles encontrados en el despacho del presidente de la institución musical, se detallaba que el 4% del dinero del pabellón de Sant Cugat eran 167.040,76 euros (y entre paréntesis añadía su contravalor en pesetas: 27.793.243 pesetas), separando a continuación el 2,5% (104.400,47 euros) y el 1,5% (62.640,38 euros).

Sant Cugat estaba controlada en aquel momento por el convergente Lluís Recoder, que en el 2011 fue nombrado consejero de Política Territorial y Obras Públicas por Artur Mas. Recoder fue quien adjudicó, deprisa y corriendo la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona en plena campaña electoral y con el Gobierno de la Generalitat en funciones. Era una operación de 1.000 millones de euros que, al menos, se hubiese merecido un intenso debate previo. Esa privatización ha sido rechazada ya en los tribunales, aunque el pleito continúa. Pero demasiadas pistas apuntan ya hacia Sant Cugat, el Ayuntamiento convergente por excelencia.