Iceta crea una ejecutiva del PSC a su medida y allana el camino para pactar con Díaz

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha conformado una ejecutiva del PSC a su medida y a la medida de su estrategia: como adjunta a la primera secretaría (o sea, como su brazo derecho) se sitúa Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat. Una decidida jugada que le puede reportar muchos beneficios. De hecho, su elección ha sido un premio a su visualización en la mesa del comité federal del PSOE como abanderada del no a Rajoy. Pero también hay que valorar su cintura política: Marín invitó, a finales de julio y en plena pugna del PSOE, a varios antisanchistas a un acto en L'Hospitalet.

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Allí estaban Susana Díaz y Ximo Puig, en aquel momento posicionados como los más importantes detractores de Pedro Sánchez. El tema levantó ampollas en la calle de Nicaragua (sede del PSC), pero ahora podrá sacársele rentabilidad: hay puentes tendidos con Díaz para recomponer la paz interna en el PSOE y pasar página de la crisis abierta tras la indisciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy. El primer pilar de su estrategia para recomponer relaciones, pues, está ya puesto. Y la elección de Marín ayuda a ese distendimiento que busca Iceta para calmar los ánimos en el socialismo español. “Miquel es un amigo leal del PSOE. Si no lo quieren entender, mal vamos. Y el PSOE debería encontrar a alguien que viese al PSC con tan buenos ojos y que nos hiciese propuestas. Su asignatura pendiente es tener en Cataluña a una persona que ofrezca una lealtad así a Iceta”, dice a El Confidencial una fuente de la cúpula socialista.

El nuevo equipo del socialismo catalán, aprobado con el 88% del voto de los delegados, por su parte, no ha generado muchas sorpresas. El alcalde de Lleida, Àngel Ros, continuará como presidente y como secretario de Organización, en sustitución de su fiel Assumpta Escarp, Iceta puso a Salvador Illa, dirigente del Vallès Oriental y jefe de Gabinete de Jaume Collboni, teniente de alcalde de Barcelona. No fue fácil llegar a ello, ya que el anterior candidato propuesto, José Luis Jimeno, representante del Vallès Occidental, fue vetado por Núria Parlon. Las negociaciones para la conformación de la ejecutiva no fueron fáciles. El equipo de Parlon (que perdió las primarias frente a Iceta) abandonó las negociaciones pasadas las 12 de la noche por discrepancias con el sector oficialista. Pero eso también aceleró la formación de la ejecutiva, que se cerró sobre las cinco de la mañana.

La elección de Núria Marín como número dos ayuda a ese distendimiento que busca Miquel Iceta para calmar los ánimos en el socialismo español

Meritxell Batet, la jefa de filas del PSC en el Congreso y hasta el 1 de octubre secretaria de Estudios y Programas de la dirección de Pedro Sánchez, tendrá bajo su responsabilidad el área de Impulso Federal, mientras que el eurodiputado Javi López será el responsable del área de Impulso Europeo. La propia Núria Parlon se ocupará de Política Municipal (un cargo que ella había pedido); la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, será la responsable de políticas de igualdad; y la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, será la responsable del área de Política Institucional, Económica y Social. En total, la nueva dirección se compone de 24 mujeres y 25 hombres. 49 integrantes en total. Una cúpula muy amplia, aunque Iceta se declaró "feliz de haber fracasado" en su propósito de configurar una estructura más ligera, porque ello había permitido incorporar nuevas voces y conseguir el plácet de Parlon.

[Consulte aquí en PDF la composición de la nueva ejecutiva del PSC]

El federalismo del PSC

Por otra parte, los delegados en el XIII Congreso del PSC aprobaron esta mañana los dictámenes de las distintas ponencias, entre las que destaca la de ‘Federalismo’, cuyo ponente fue Víctor Francos. Uno de los capítulos de esta ponencia hace referencia a que los conflictos competenciales se suavizarían también dando a los estatutos autonómicos rango de “Constitución de la comunidad autónoma, cambiando también el procedimiento para su aprobación, que será tarea exclusiva de la comunidad autónoma y la limitación del control del Tribunal Constitucional”.

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La ponencia aboga por la “descentralización del poder judicial”. En este sentido, los socialistas catalanes proponen que el último órgano jurisdiccional de las comunidades autónomas sean los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de las mismas, que “agotará los recursos judiciales excepto el de unificación de doctrina, que se reserva al Tribunal Supremo”. Respecto a la Administración, en cada comunidad ha de haber un órgano de gobierno judicial de parecida composición que las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, pero “con más facultades que las actuales. Para las decisiones de carácter general, se propone crear un órgano reducido (cinco miembros, con tres magistrados y dos juristas) que resuelva también los recursos planteados contra las decisiones del órgano de las comunidades autónomas”.

Fuentes del PSC señalan a El Confidencial que “a efectos prácticos, el Tribunal Constitucional no sería jurisdiccional y quedaría reservado sólo a los conflictos constitucionales o a los recursos de amparo”. Ello, según las fuentes, “es un cambio importante. En el fondo, es decir que el Consejo General del Poder Judicial está inhabilitado para hacer política en términos autonómicos”.

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Esta aportación es también una innovación respecto a los acuerdos de Granada, donde se apuntaba en esta dirección pero no se entraba en detalles. “Esto es una gran reforma y una contribución a la descentralización de la justicia”. Pero hay un inconveniente: con la Constitución tal y como está redactada, no pasaría de ser papel mojado y es necesaria la reforma de la Carta Magna para poder hacer efectiva esta propuesta.

Reconversión del Senado

La ponencia detalla también las modificaciones que se pretenden hacer en el Senado. Se trata de convertirlo en un “Consejo Federal integrado por representantes de gobiernos autonómicos, con un número mínimo de tres miembros por cada gobierno más uno por cada millón de habitantes”. Las principales funciones del nuevo órgano serían “aprobar necesariamente las leyes básicas del Estado, junto con el Congreso de los Diputados, y dirigir las relaciones entre las comunidades autónomas, con el Estado y con la UE. La decisión del Senado sobre las leyes que de hecho vienen a delimitar las competencias autonómicas ha de reducir drásticamente los conflictos en la medida que son las propias comunidades autónomas las que tienen la decisión en el Senado”.

La ponencia propone hacer modificaciones en el Senado para que sea un "Consejo Federal integrado por representantes de gobiernos autonómicos"

La reforma de la Constitución, sin embargo, daría más de sí, ya que se blindarían competencias en el propio texto de la Carta Magna. “En primer lugar, mediante una cláusula atributiva de competencias al Estado que otorgue las demás a las comunidades autónomas”. Y luego, en el marco de competencias estatales compartidas, “suprimiendo las cláusulas de prevalencia y supletoriedad que eran fuente de confusión, así como redefiniendo algunas competencias con el objetivo de garantizar el ámbito de decisión propio de cada comunidad. Y, finalmente, tratando las competencias que corresponden a singularidades de algunas nacionalidades y regiones”.

El texto destaca, asimismo, otro punto sobre la regulación de la financiación. La Constitución, dice el texto, ha de garantizar “los principios de ordinalidad, autonomía financiera, suficiencia y solidaridad”. Asimismo, recoge la creación de consorcios entre la Hacienda estatal y las agencias tributarias de los entes federados (o sea, de las autonomías) para que puedan “realizar las funciones de gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de los entes federados, así como de los tributos cedidos”. Esta posibilidad ya está contemplada en el Estatuto de autonomía de Cataluña.