Los jueces catalanes estallan contra Catalunya Ràdio

"¿Está dispuesto a impedir físicamente que juzguen a Mas, Ortega y Rigau?". Esta pregunta, lanzada en las redes sociales por la emisora pública Catalunya Ràdio, ha caído como una bomba en un sector de la judicatura catalana que ha denunciado lo que considera un atentado a la independencia de los tribunales.

En un comunicado remitido a la prensa, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de Cataluña denuncia que el mensaje puede ser "asumido por un sector de la ciudadanía como una incitación a impedir, mediante el empleo de la fuerza, el normal funcionamiento del sistema judicial en Cataluña".

La APM, una de las cinco asociaciones profesionales de jueces españoles, afirma que se trata de un hecho "muy grave" y considera que "inocular" en la ciudadanía un "ánimo de resistencia frente al funcionamiento ordinario de nuestro sistema judicial" es un "intento perverso". A renglón seguido, los magistrados señalan que la fiscal jefa de la Fiscalía de Barcelona se encuentra al corriente de la situación, para que tome las "medidas necesarias" para defender la independencia judicial.

La pregunta en cuestión, lejos de ser un simple interrogante, también le ha sido planteada al propio Artur Mas en esa misma emisora: "No espero eso", ha señalado, al tiempo en que confía que la celebración del juicio sirva para aumentar la base independentista. Sobre si se siente inocente o culpable por la votación del 9-N, el expresidente catalán se ha declarado "inocente" y ha puntualizado que se siente "responsable" de haber dejado que los catalanes voten: "Si esto es delito, apaga y vámonos".

El interrogante, publicado en la cuenta del programa nocturno 'Catalunya Vespre', ha sido matizado horas después tras el revuelo causado: "Cuando preguntamos si impedirían 'físicamente', nos referimos a si protestarían en las calles", señala el programa en otro mensaje en Twitter.

"Es una radio de guerrilla"

Más allá de las quejas de los jueces, desde las filas del PP también han mostrado su malestar. "Catalunya Ràdio es una radio de guerrilla revolucionaria y no un servicio público de interés general", ha afirmado Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del partido. "No solo la radio pública cuestiona a la Justicia, sino que insinúa e invita a la ciudadanía a comportarse de manera violenta".

La dirigente popular ha pedido la comparecencia en el Parlament del director de la radio, Saúl Gordillo, para que explique la naturaleza del mensaje: "Sugerir a la ciudadanía desde un medio público emprender acciones violentas requiere no solo explicaciones de los responsables de la radio sino una condena unánime de todos los partidos", ha señalado.

Cuenta atrás para el juicio por el 9-N

La pregunta llega después de conocerse que la Fiscalía haya pedido nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat, por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Confidencial, los fiscales piden ocho años y siete meses para Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern, e Irene Rigau, por entonces 'consellera' de Educación. En ambos casos se les atribuyen delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. El Ministerio Público pide que, en el caso de que el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales sean de nueve años y seis meses para Mas y de ocho años y siete meses para Ortega y Rigau, además de una multa.

Acusa a Mas de articular "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" acordada por el Tribunal Constitucional, y de hacerlo amparándose solo en su voluntad y continuando los trabajos, pero, eso sí, con la conveniente discreción, afirma la Fiscalía; para ello, supuestamente se concertó con las otras dos acusadas. "Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC", sostiene la Fiscalía, que les acusa de intentar aparentar que la gestión del 9-N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios, sin participación del Govern.