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El Govern reta al TC: aprueba una ley suspendida y no dejará que vuelvan los toros
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“insistimos en que QUEREMOS UN REFERÉNDUM PACTADO”

El Govern reta al TC: aprueba una ley suspendida y no dejará que vuelvan los toros

Lanza “un mensaje al sistema político español. Queremos diálogo para realizar un referéndum pactado, tenemos la determinación de acabar el proceso soberanista y nuestra hoja de ruta”

Foto: Un grupo de personas antitaurinas se manifiesta a las puertas de la plaza de toros Monumental de Barcelona. (EFE)
Un grupo de personas antitaurinas se manifiesta a las puertas de la plaza de toros Monumental de Barcelona. (EFE)

El Gobierno catalán no va de farol. El Tribunal Constitucional anuló la ley 24/2015, pero ahora el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont ha aprobado otro texto para sustituir al anulado. Es la táctica ya anunciada de que, ante un revés judicial, se volverán a aprobar textos similares en un eterno bucle legalista para mantener el pulso al Estado español. Así, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, acaba de anunciar un texto aprobado este martes por la Generalitat que es un proyecto de Ley de Protección del Derecho a la Vivienda para personas en riesgo de exclusión social. Paralelamente, la portavoz del Gobierno, Neus Munté, anunció la defensa cerrada del Ejecutivo catalán a Artur Mas y al resto de procesados por el 9-N (las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau y el exconsejero Francesc Homs, aunque en la comparecencia ante la prensa se olvidó reiteradamente de este último) y la no aplicación de la sentencia si el TC anula la ley que prohíbe las corridas de toros.

Munté fue muy clara: el Govern apoya sin fisuras a Mas y lanza “un mensaje al sistema político español. Queremos diálogo para realizar un referéndum pactado y han de saber que tenemos la determinación de acabar el proceso soberanista y nuestra hoja de ruta”. La portavoz gubernamental criticó la “pena máxima por haber promovido un acto democrático, como es dar la voz a la ciudadanía”, ante la petición fiscal de nueve años y medio de inhabilitación para el ‘expresident’.

Reconoció, no obstante, que esta circunstancia “es un elemento fundamental en la internacionalización del ‘procés’, pero no lo hemos buscado nosotros, sino que fue el propio Gobierno español. Estamos ante un reto democrático de primer orden. Pero sabremos estar a la altura de los gravísimos hechos que están ocurriendo”. Subrayó, asimismo, que “el Govern llegará a donde haga falta ante la situación anómala” y reconoció que “la internacionalización del proceso ya es una realidad”. Por último, recordó que la oferta de un referéndum pactado “no tiene caducidad, pero eso no paraliza el proceso. Seguiremos adelante con nuestras intenciones de manera muy discreta, que es lo más inteligente”.

Respecto a la decisión que el TC pueda tomar sobre las corridas de toros (prohibidas por el Parlamento catalán), la portavoz de la Generalitat afirmó: “Nuestra intención es impedir que la sentencia tenga efectos prácticos, igual que la de la emergencia habitacional. Nosotros apoyamos lo que haga y diga el Parlament. No queremos un país donde se maten animales o se les haga padecer”. Claro que no menciona los ‘correbous’ del sur de Cataluña, fiestas en que, según las organizaciones ecologistas, se maltratan toros, pero cuya supresión les costaría una sangría de votos a los independentistas. De ahí que se guarde un hermético silencio sobre los festejos en que participan animales y que ya comienzan a levantar acerbas críticas incluso entre los círculos independentistas.

A ley muerta, ley puesta

La apelación de Munté a la ley de emergencia habitacional, por otro lado, no es baladí. De hecho, la redacción del nuevo texto de Ley de Emergencia Habitacional es una forma también de impedir la aplicación del fallo del TC. A su lado, la consejera Meritxell Borràs explicaba que el Gobierno catalán ha aprobado este martes la ley que sustituye a la 24/2015 “en un tiempo récord”. Lo que pretende ser la nueva ley es “una contestación a la suspensión dictada por el TC”. Más claro, agua. En otras palabras: a ley muerta, ley puesta.

También lo dejó claro en su explicación ante los medios: es una “ley de país” para dar una “respuesta de país” al Constitucional. Y comenzó su justificación en el plano político: “Lo que hacemos es proteger a los ciudadanos. Esta ley es la vía más eficaz para protegerlos. El TC escogió apoyar al sistema financiero, según el documento que nos hicieron llegar, pero nosotros hemos preferido a los más vulnerables”. ¿Es esto desobediencia, sustituir una ley por otra haciendo ver que se acata la sentencia, pero volviendo a las mismas con un nuevo texto? “No, es una clara defensa de los ciudadanos débiles”.

Según Borràs, la anterior ley detallaba algunas obligaciones de las entidades financieras. ¿Y por qué la nueva ley? “El 9-N nos emplaza. Lo que suspende la ley no obliga al Gobierno, sino a las entidades financieras. Si la aplicamos, las entidades irían a los tribunales y les darían la razón, porque la ley está suspendida por el TC”. Para la consejera, el nuevo proyecto de ley varía ligeramente el anterior y lo mejora en algunos aspectos. Por ejemplo: en la de 2015 no había dotación presupuestaria, pero ahora se hace una estimación de gasto que corresponde a las comisiones de mediación y a la adquisición de 2.150 viviendas durante el primer año. Esos gastos se repartirían al 50% con los ayuntamientos.

El Gobierno catalán no va de farol. El Tribunal Constitucional anuló la ley 24/2015, pero ahora el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont ha aprobado otro texto para sustituir al anulado. Es la táctica ya anunciada de que, ante un revés judicial, se volverán a aprobar textos similares en un eterno bucle legalista para mantener el pulso al Estado español. Así, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, acaba de anunciar un texto aprobado este martes por la Generalitat que es un proyecto de Ley de Protección del Derecho a la Vivienda para personas en riesgo de exclusión social. Paralelamente, la portavoz del Gobierno, Neus Munté, anunció la defensa cerrada del Ejecutivo catalán a Artur Mas y al resto de procesados por el 9-N (las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau y el exconsejero Francesc Homs, aunque en la comparecencia ante la prensa se olvidó reiteradamente de este último) y la no aplicación de la sentencia si el TC anula la ley que prohíbe las corridas de toros.

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