La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Mas por el 9-N

La Fiscalía ha pedido nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era 'consellera' de Enseñanza, Irene Rigau —en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación administrativa— (vea el auto de la Fiscalía).

El Ministerio Público añade que, en el caso de que el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales sean de nueve años y seis meses para Mas y de ocho años y siete meses para Ortega y Rigau, además de una multa.

Acusa a Mas de articular "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" acordada por el TC y de hacerlo amparándose solo en su voluntad y continuando los trabajos, pero, eso sí, con la conveniente discreción, afirma la Fiscalía; para ello, supuestamente se concertó con las otras dos acusadas. "Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC", sostiene la Fiscalía, que les acusa de intentar aparentar que la gestión del 9-N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.

La Fiscalía concluye que Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación, que como convocante tenía, de dejar sin efecto la consulta del 9-N, según el escrito de acusación. Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas, y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9-N.

En el caso de Rigau, puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.

La Fiscalía cree que después de la suspensión de la consulta por parte del TC del 4 de noviembre, el Govern continuó con la gestión de la consulta, por ejemplo, manteniendo activa la web oficial del 9-N con los logotipos y teléfonos de la Generalitat, hasta llegar a la publicación en la misma de los resultados de las votaciones.

También continuó la campaña de publicidad institucional contratada por la Conselleria de Presidencia —de hecho, el Tribunal Supremo (TS) investiga también a Francesc Homs, que estaba al frente de este departamento—. Siguieron adelante también los trabajos relacionados con la infraestructura informática para las votaciones y la distribución de material para la votación —por ejemplo, sobres y papeletas— que fue distribuido en los colegios; además, se acondicionó el Pabellón Italiano de Montjüic como centro de prensa para anunciar los resultados.