Comienza el 'baile de mártires' en Cataluña: Puigdemont solo hará caso… al Govern

El baile de mártires de Cataluña ha comenzado. La estrategia del Gobierno catalán (y de los partidos y entidades partidarias de la independencia) arranca en lo que consideran la última fase del proceso de secesión con una declaración de principios: el mismo día que el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) rechaza los recursos de los imputados por el 9-N (el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau) y les acusa de politizar el procedimiento, los máximos mandatarios del Gobierno autonómico saltan a la palestra para desafiar de nuevo al poder judicial.

El ‘president’ Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras se reunieron a última hora de la mañana de este jueves con el actual diputado Francesc Homs, también imputado en el mismo sumario pero que, como aforado, deberá declarar ante el Tribunal Supremo el próximo lunes.

“Actuaban en nombre del Gobierno de Cataluña y por tanto el Gobierno de Cataluña hoy se siente solidario. No solo eso, sino que si el Gobierno de Cataluña hubiese de tomar decisiones en una situación análoga a la que se encontraron, serían las mismas, es decir, haríamos exactamente lo mismo y por tanto asumiríamos también toda la responsabilidad ante aquellos que consideran que un Estado de derecho no se muscula y no se solidifica a partir de la participación sino a partir de la judicialización”, dijo Puigdemont tras el encuentro, en una solemne declaración institucional ante la prensa, en la que no admitió preguntas.

No dejan de ser curiosas las razones aducidas para saltarse a la torera los avisos que provienen del escenario judicial: “La propuesta política, el deseo político, el anhelo político de los ciudadanos de Cataluña que se expresa a través de sus instituciones legítimas, o sea, el Parlament y el Govern, está por encima de cualquier otra consideración. Y la obligación de los gobernantes es hacer caso a lo que las instituciones legítimas reclaman”.

La ecuación absurda

Es el contrato de los hermanos Marx: los dirigentes del Gobierno solo están obligados a hacer caso a lo que las instituciones legítimas les reclaman. Y las instituciones legítimas reclaman el ‘procés’ con su hoja de ruta, aunque ello suponga saltarse las sentencias del TC porque “no son legítimas”. Ergo, Puigdemont ha de hacer caso a lo que le reclaman las instituciones legítimas, o sea, el Parlament y el Govern. Solo hay un pequeño detalle que omite: como el presidente del Govern es él, Puigdemont solo está obligado a hacerse caso a sí mismo. Una pirueta funambulística de primer nivel.

Y no solo eso: “Es lo que entendió el Gobierno que entonces presidía el presidente Mas. Gracias a eso se pudo hacer un ejercicio de participación ciudadana colosal, extraordinario, pacífico, integrador, en el que acabaron por participar más de 2.300.000 personas y que permitió pulsar la opinión de este país en relación con el proyecto de este país, en relación con el proyecto de convertir Cataluña en un estado independiente", añadió el actual ‘president’.

Juzgar a Mas, Ortega, Rigau y Homs por poner las urnas y mirar hacia otro lado con el ‘Fernándezgate’ es la prueba de la degeneración democrática del Estado

Dejó claro que ni Mas no Ortega ni Rigau ni Homs estarán solos en sus declaraciones “ni durante los juicios, si es que se celebran, ni el día después de los juicios, ni tras las sentencias, si es que las hay”. Y enfatizó que con su decisión de efectuar la pseudoconsulta y desobedecer al TC, Artur Mas “no vulneró ningún derecho ni ninguna ley. Al contrario: se propuso, precisamente, reforzar el Estado de derecho, porque quien refuerza el Estado de derecho es el ejercicio de la democracia”.

Esta nueva vuelta de tuerca se produce precisamente el día en que el TSJC deja claro en un auto que el proceso no es político, sino que lo politizan precisamente los imputados, “como muy saben las defensas letradas”. En el auto se detallan claramente cuáles son los motivos de los procesamientos, muy alejados de las tesis que mantienen los círculos políticos catalanes.

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Agencias

Paralelamente, el presidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS), Jordi Turull, salió también a la palestra para apoyar a sus compañeros de partido. “Juzgar a Mas, Ortega, Rigau y Homs por poner las urnas y mirar hacia otro lado con el ‘Fernándezgate’ es la prueba de la degeneración democrática del Estado”, tuiteó el dirigente independentista. Un poco antes ya había anunciado: “El lunes apoyaremos a Francesc Homs en el TS. Por su compromiso y por dignidad democrática y de país”. También el diputado Carles Campuzano terciaba que “Las causas judiciales contra los responsables del 9-N demuestran que la cuestión catalana es la cuestión democrática de España”.

Este inicio de campaña política coincide, curiosamente, con la presencia del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, en Cataluña. Mientras Puigdemont y Junqueras se reunían con Homs, Grande-Marlaska era entrevistado en TV3, la televisión pública de la Generalitat. Y el magistrado no tuvo inconveniente en ser cáustico: criticó la deriva del Gobierno y del Parlamento catalanes por “poner a las instituciones entre la espada y la pared”, lo que calificó de “muy grave”. Y subrayó que “presionar a las instituciones del Estado, saltarse los procedimientos legales… esto no puede salir adelante”. Claro que Grande-Marlaska, según los independentistas, es representante de estructuras de Estado ajenas a Cataluña.