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Los independentistas cierran filas ante la posible inhabilitación de Carme Forcadell
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JxS IRÁ AL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Los independentistas cierran filas ante la posible inhabilitación de Carme Forcadell

El razonamiento de los independentistas es simple: no se trata de que Forcadell tuviese que hacer caso de una orden del TC, sino que ella se limitó a dejar votar

Foto: La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. (EFE)
La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. (EFE)

Los independentistas de Junts Pel Sí (JxS) justifican que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, permitiese votar las conclusiones inconstitucionales de la comisión de estudio del proceso constituyente porque, de este modo, defiende “la libertad de expresión y el derecho de representación de los diputados”. Los miembros de la Mesa del Parlament tienen hasta este jueves para presentar ante el TC los respectivos informes individuales sobre su actuación en el debate y la votación de dichas conclusiones. El vicepresidente segundo de la Cámara y diputado de Ciutadans José María Espejo, ya presentó sus propias conclusiones la pasada semana. En ellas, señalaba que alertó a Forcadell de que no debía permitir votar las conclusiones de la comisión, porque el propio TC había enviado un escrito a la institución advirtiendo de que no se podían aprobar cuestiones claramente anticonstitucionales.

Para los diputados de JxS, en cambio, lo que hay es una injerencia del poder judicial en el poder legislativo. El razonamiento de los independentistas es simple: no se trata de que Forcadell tuviese que hacer caso de una orden del TC, sino que ella se limitó a dejar votar. Como la mayoría de los diputados estaban a favor de votar las resoluciones, dejó hacer. “Aplicó estrictamente el reglamento y fue el pleno el que decidió votar las conclusiones”, subrayan los independentistas. Por tanto, que las conclusiones sean inconstitucionales no es culpa de Forcadell. Obvian aquí que el propio TC le había advertido de que dentro de sus atribuciones están las de evitar que la Cámara vulnere la ley, por lo que podría ser rea por dejación, al no haber impedido la votación. Pero sus compañeros de partido la defienden con uñas y dientes: “Cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo”, enfatizan.

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (Efe)

El vicepresidente primero de la Cámara, Lluís Corominas, también señaló ayer que la petición del TC sobre el posicionamiento de los miembros de la Mesa “crea una gran inseguridad jurídica por la incertidumbre, la falta de concreción y la generalización de los argumentos”. Además, señaló que su actuación “limita el debate” en el Parlamento. “Es muy grave que se nos diga que no podemos hablar”, subrayó.

La Cámara reinicia hoy las sesiones del nuevo curso político con 46 iniciativas legislativas en trámite (entre ellas, la de la creación de la Seguridad Social catalana, promovida por JxS y la CUP, que ya ha superado el debate en el pleno y es una de las tres leyes de la desconexión). A primera hora de la mañana, se reunirá la Mesa para determinar si presenta alegaciones ante el TC tras la anulación de las conclusiones por anticonstitucionales.

Denuncia en Europa

Pero el alto tribunal también había pedido un informe individual de cada uno de los miembros de la Mesa sobre la votación, que es el que ahora tienen que entregar. De esta manera, ayer comparecieron los miembros de JxS en la Mesa Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, que entregarán al TC informes idénticos. En la manga se guardan una carta: acudir en amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si finalmente Carme Forcadell es imputada penalmente, con lo que minimizan el papel del TC y, paralelamente, ‘internacionalizan’ el conflicto.

Foto: Carme Forcadell (d), Oriol Junqueras (c) y Neus Munté (i) lideran una manifestación contra la suspensión de las leyes catalanas. (EFE)

¿Por qué este amparo a Europa? Simó, exportavoz de ERC, acusó al presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, de no respetar la separación de poderes, ya que hay “una intencionalidad política” en la actuación de esa institución. Y Corominas matizó que tanto el artículo por el que se pretende imputar a la presidenta como la ley por la que el TC puede ahora realizar los requerimientos que ellos mismos recibieron están recurridos, puesto que el Gobierno catalán había presentado en su día sendos recursos de inconstitucionalidad.

En las filas de JxS, la defensa de Forcadell es acérrima. “En caso de que se lleve a cabo algún tipo de inhabilitación a Carme Forcadell, creemos que se debería desobedecer y ella debería poder seguir presidiendo el Parlament. Tiene el apoyo mayoritario para que siga y no es de descartar una votación en este sentido. Por tanto, cualquier inhabilitación no debería surtir ningún efecto en la práctica”, señala a El Confidencial una fuente de la ANC.

La polémica, no obstante, está servida: el independentismo tiene un nuevo icono que defender mientras la tensión sube por la intensa agenda política del mes de septiembre: Diada nacional, debate de política general (el estado de la nación en Cataluña) y moción de confianza del ‘president’, Carles Puigdemont, el 28 de septiembre.

Los independentistas de Junts Pel Sí (JxS) justifican que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, permitiese votar las conclusiones inconstitucionales de la comisión de estudio del proceso constituyente porque, de este modo, defiende “la libertad de expresión y el derecho de representación de los diputados”. Los miembros de la Mesa del Parlament tienen hasta este jueves para presentar ante el TC los respectivos informes individuales sobre su actuación en el debate y la votación de dichas conclusiones. El vicepresidente segundo de la Cámara y diputado de Ciutadans José María Espejo, ya presentó sus propias conclusiones la pasada semana. En ellas, señalaba que alertó a Forcadell de que no debía permitir votar las conclusiones de la comisión, porque el propio TC había enviado un escrito a la institución advirtiendo de que no se podían aprobar cuestiones claramente anticonstitucionales.

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