La CUP acorrala a Puigdemont con su última exigencia: un referéndum unilateral

El referéndum unilateral de independencia (RUI) es el nuevo juguete de los soberanistas catalanes. Quemado el concepto de pacto fiscal, quemado luego el de concierto fiscal, quemado el de consulta no vinculante, quemado el de elecciones plebiscitarias, quemado el de referéndum, ahora le toca el turno al RUI, otro concepto no menos polémico, pero que servirá para que el próximo año los partidos favorables a la ruptura con España tengan un objetivo concreto con el que entretener a la ciudadanía. Los primeros son ya juguetes rotos. El último es la novedad, la nueva herramienta encargada de mantener viva la llama de la secesión.

El tema no es baladí. Tanto Convergència Democràtica (o su nueva marca, el Partit Demòcrata Català) como Esquerra Republicana de Catalunya han incorporado el RUI a su vocabulario, entre otras cosas porque es una imposición de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) para permitir que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, salga airoso de la moción de confianza que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. Convergentes y republicanos apoyarán el concepto de RUI desde sus escaños del Parlamento catalán, donde conforman juntos el grupo de Junts Pel Sí (JxS). Pero sin los votos de la CUP, Puigdemont pierde la votación. Por tanto, hay que contentar al grupo más minoritario de la Cámara (tiene 10 escaños) para que no haga caer al ‘molt honorable’, ya que, en caso contrario, se habrían de convocar nuevas elecciones autonómicas en esta comunidad.

Los cuperos han puesto sobre la mesa la oferta de que cualquier apoyo que provenga de ellos ha de ser a cambio de que el Gobierno catalán se comprometa a convocar un referéndum unilateral aunque las leyes lo prohiban. Desde las filas de la CUP, se especifica que el RUI tiene la virtud “de plantear la desobediencia como una condición indispensable para poder conseguir la independencia”. Y, por si fuera poco, enfatizan que “es la primera propuesta de calado que pone en cuestión las bases del 'procesismo”. Por tanto, se trata de un salto cualitativo en la hoja de ruta secesionista. Una propuesta ‘galáctica’.

Porque, si se asumen sus postulados, se materializaría una partida presupuestaria donde se contemple ese gasto en los Presupuestos de la Generalitat. Ahí es nada. Habrá que ver cómo se incorpora en los documentos oficiales el RUI. Pero, por otro lado, de este modo, los números que está elaborando con mil sudores el consejero de Economía y vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, podrían pasar el trámite parlamentario con el beneplácito de los anticapitalistas. Solo hay que recordar el bochorno del Ejecutivo el pasado mes de junio, cuando Junqueras llevó al pleno los Presupuestos y los tuvo que retirar en el último minuto porque no tenía los apoyos suficientes para aprobarlos.

El Gobierno se achanta

La preocupación en el Gobierno catalán es mayúscula. Tanto que incluso la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Neus Munté, baraja la posibilidad de acceder a un RUI. “La hoja de ruta puede necesitar un refuerzo o nuevos elementos”, dijo ayer en una entrevista en TV3. Y, partiendo de esa premisa, el Ejecutivo catalán está “abierto a dialogar” sobre la posibilidad de impulsar un RUI en esta legislatura. O esa cabriola intelectual o nuevas elecciones.

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Pero, en realidad, esta rotunda afirmación contradice frontalmente las promesas de Puigdemont, que no se cansa de repetir que su Gobierno jamás cruzará la línea roja de saltarse la ley a la torera. Y la convocatoria de un RUI es claramente ilegal. Las confusas declaraciones que provienen del Gobierno catalán agrandan, así, las dudas que ya hay sobre cuál será el papel del Gobierno catalán en la actual fase del ‘procés’, que ha de llevar a Cataluña “a las puertas de la independencia”.

Desde algunos círculos convergentes se explica que Puigdemont está dispuesto a llegar hasta el último extremo sin vulnerar la ley. “Se trata de tener todo preparado, incluida la partida presupuestaria del referéndum y las leyes que han de sustituir a las actuales normas españolas. En ese momento, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones constituyentes. En el momento en que estas se produzcan, las nuevas leyes exclusivamente catalanas entran en vigor y queda abolida la legislación anterior. Y Puigdemont habrá cumplido su promesa de que su Gobierno no se situó al margen de la ley. Será ya el nuevo Parlamento -y, por tanto, el nuevo Gobierno que este elija- el que inicie un nuevo ciclo, dejando de lado las leyes españolas y aplicando solo la legalidad catalana”, explican fuentes convergentes a El Confidencial.

En una comparecencia ante la prensa ayer por la tarde, Marta Pascal, coordinadora general del PDC, alertó de que “utilizar el RUI como elemento de presión o condición no tiene ningún sentido”, aunque su formación ya se ha mostrado partidaria de apoyar esa fórmula. Pero ahí está la propuesta de la CUP, que en realidad fue realizada al Gobierno catalán a principios del mes de julio: le pidió a Puigdemont una cumbre de todas las fuerzas independentistas en el Palau de la Generalitat -por el simbolismo del lugar- para determinar “cómo y cuándo celebraremos este referéndum”.

Para la CUP, “sin ese acto de ruptura, toda la articulación declarativa alrededor del proceso constituyente y de la hoja de ruta se convertirá en un instrumento al servicio del 'procesismo', para continuar la campaña de acumulación de fuerzas para una renegociación a medio plazo del reparto del poder en el Estado”. Y eso no entra en sus planes. Antes, hace que ‘reviente’ el Gobierno catalán: o por defecto, retirándole su apoyo, o por exceso, abocándole a cruzar la línea roja de la ilegalidad.