El ‘método catalán’ del 5% para controlar ayuntamientos y adjudicarse contratos

Era el 6 de junio de 2014. El pleno del Ayuntamiento de Ascó se presentaba ‘movidito’. En él, se iba a debatir el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. El concejal independiente Antonio Casanova toma la palabra y comienza una implacable diatriba contra el alcalde, el convergente Rafael Vidal Ibars, quejándose de “la poca transparencia y el escaso uso que se hace del equipo de gobierno en aplicar la legislación vigente en lo que hace referencia a la ley de contratos del sector público”. Se refería a la creación de la sociedad municipal Ascó Serveis.

En el caliente debate, comienza a salir el nombre de Efial Consultoría y de dudosas adjudicaciones: un estudio de viabilidad hotelera por 24.000 euros (más IVA); un asesoramiento para buscar un inversor por 35.000 euros (más IVA), varios contratos a empresas vinculadas a familiares de la esposa del alcalde, etc. Ésta es la consultora que ahora está bajo la lupa del juzgado número 1 de El Vendrell, que provocó el registro, este martes, de 8 ayuntamientos, 7 entidades públicas y petición de documentación a otros 15 consistorios. El cerebro de Efial, Antonio Martos Carrasco, inventó un sistema infalible para llenar sus arcas con dinero público que, a la postre, termina depositado en un banco andorrano, siguiendo una estructura de blanqueo similar a las de otras redes corruptas.

En el citado pleno de Ascó, se trasluce la manera de actuar de toda la trama: Casanova le echa en cara al alcalde que a través de un ‘invento’ municipal, Imtufita, se están repartiendo contratos que no cumplen con la ley y que el alcalde nunca hizo comparecer al interventor o a responsables técnicos municipales para explicar esos contratos. “En cambio, usted, cuando le ha interesado, ha traído aquí al pleno a su asesor Toni Martos, muy conocido, de Efial Consultoría, con motivo de la modificación de estatutos de la entidad pública Ascó Serveis, que se constituyó para gestionar unos servicios concretos. Y usted trajo en aquel momento a una persona externa a la casa, cuando yo le pedía que asistiese la técnica de la casa. Trajo a una persona externa, harto conocida, lamentablemente, por modificar los estatutos y convertir la empresa pública empresarial, que se había constituido recientemente, en un chiringuito”.

El concejal acusaba al primer edil de haber puesto en manos de Martos la “obra emblemática de su legislatura” (la construcción de unas piscinas, más de 7 millones de euros, IVA incluido) que fue licitada sin respetar plazos, que fue adjudicada a una entidad diferente de la licitadora y que tiró adelante gracias a un informe técnico redactado por un arquitecto (que luego fue nombrado director de obra) y otro informe económico “redactado por el economista y director general de Ascó Serveis, Antoni Martos Carrasco, con fecha 15 de marzo de 2011”. En el expediente, la empresa adjudicataria debía aportar diversas auditorías… que fueron realizadas “por el entorno del señor Martos también” y que ascendían a 355.000 euros. La obra (que debería tener una duración de 16 meses) jamás se llegó a hacer, pero se liquidaron los gastos de pequeñas obras certificadas durante dos años, por valor de casi 500.000 euros. En definitiva, el concejal pedía que el Ayuntamiento “sea resarcido del dinero perdido por la ineficiencia, desidia, manipulación, negociaciones extrañas y poca transparencia”.

Un ‘auditor’ de absoluta confianza

El chanchullo convergente se repetía en otros ayuntamientos: en L’Ametlla de Mar, Antonio Martos era gerente de la sociedad municipal La Cala Gestió y de La Cala Serveis desde el 21 de diciembre de 2009. La primera adjudicó a Efial (propiedad de Martos) dos contratos entre 2011 y 2012 por valor de 465.000 y 396.000 euros respectivamente. El alcalde era Andreu Martí, que ahora ha vuelto a ser detenido y que oficiaba como presidente de La Cala Gestió. Según las actas del pleno municipal, Efial “no gestiona la entidad, sino que sólo pasa la contabilidad”. No es moco de pavo: las dos entidades públicas gestionan el 80% del presupuesto municipal. La desfachatez es aún mayor: quien auditaba las cuentas de Cala Gestió era Oliver Camps SL, cuyo administrador también era directivo de Efial. Por tanto, Efial administraba las sociedades municipales y luego auditaba su propio trabajo, en un alambicado juego de intereses que evidenciaban un claro conflicto de intereses.

Las dos entidades pública del supuesto cerebro de la trama Termyca gestionan el 80% del presupuesto municipal de L'Ametlla de Mar

Pero ello le supuso embolsarse más de 3 millones de euros porque cobraba supuestamente el 5% de las adjudicaciones que hacía la sociedad municipal. De ahí que también esté en el punto de mira otro alto cargo de La Cala Gestió, Jaume Beltran. Todos ellos están siendo investigados por negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Martí y Efial partieron peras a mediados de 2014, cuando ya sabían que eran investigados por la justicia. Pero para entonces ya habían causado un daño casi irreparable a las arcas públicas: CiU perdió las elecciones el año pasado. Su hasta entonces alcalde alardeaba de dejar el Ayuntamiento con un patrimonio que había crecido de 25 a 29 millones de euros y unos activos de 17 millones. Pero, en realidad, dejaba un ‘agujero’ económico en el consistorio de… 47 millones de euros. En un acta del 1 de agosto de 2014, los concejales de la oposición criticaban que le encargaron a Efial llevar adelante “unos proyectos que ahora condicionan la economía del Ayuntamiento. El actual ayuntamiento (entonces gobernaba CiU) ha generado facturas que costará cientos de años pagar". En aquellos momentos, la deuda acumulada ya superaba los 30 millones de euros. Pero para los miembros de la trama eso era lo de menos: su dinero ya estaba camino de Andorra.

Lo cierto es que Martí confiaba ciegamente en Martos y Efial. En el pleno municipal del 1 de febrero de 2011, es la empresa Efial la encargada de presentar, “a petición de la alcaldía, las previsiones de gastos y de ingresos corrientes para alcanzar la estabilidad presupuestaria”. En otras palabras, las cuentas municipales corrían a cargo del ‘amigo’ Martos, el cerebro de la ahora descubierta trama de corrupción. Más compenetración entre el poder político y las finanzas particulares, imposible.

El alcalde de CiU alardeaba de dejar el Ayuntamiento con un patrimonio de 29 millones de euros pero, en realidad, dejaba un ‘agujero’ de 47 millones de euros

El grupo municipal de L’Ametlla de Mar hizo este lunes un comunicado público desmarcándose de la trama corrupta y señalando que “el enriquecimiento personal con dinero público es detestable y, por tanto, condenamos cualquier práctica de corrupción que se haya podido producir”. En Barcelona, en cambio, la cúpula del partido apunta a una “conspiración” española contra Cataluña. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Por otra parte, el dinero que cobró Efial, presuntamente, acabó en una cuenta de Andorra siguiendo la estela de una red de blanqueo de capitales muy similar a la utilizada por otras redes.

La exportación de una manera de hacer

La larga sombra del cerebro de Efial iba mucho más allá: Antonio Martos también había sido gerente de la sociedad Sumta, otro ‘invento’ realizado desde el Ayuntamiento de Tárrega /Lleida) para realizar adjudicaciones sin tener que repartir el dinero desde la propia alcaldía.

Este 'modus operandi' fue el que Efial ‘exportó’ al resto de España: forzar el control de organismos municipales para, a través de ellos, realizar las adjudicaciones y así tratar de exonerar a los cargos políticos de responsabilidad alguna, aunque este mecanismo sólo se pueda realizar en determinados municipios.

En Barcelona, Efial llegó con el convergente Xavier Trias, que fue alcalde entre 2011 y 2015. El Consorcio de Educación de Barcelona otorgó entre 2013 y 2015 tres contratos de servicios por un monto total de casi 180.000 euros. El primero de estos contratos ascendía a 58.410 euros y los otros dos, 59.950 euros. El método utilizado para la adjudicación fue el de “negociado sin publicidad” (de hecho, si sobrepasa los 60.000 euros, ha de ir a concurso abierto, por lo que su monto económico se situó en el límite) y por el concepto de “servicio de asesoramiento y apoyo a la gestión contable del Consorcio de Educación de Barcelona”. Es decir, adjudicados a dedo. Otro contrato de 68.855 euros fue adjudicado por concurso abierto en enero de 2016, con Ada Colau ya en el consistorio.

Fuentes de Convergència señalan, a pesar de todo, que el director de Efial, Antoni Martos, “fue director financiero de Barcelona Gestió Urbanística, empresa pública de Barcelona, durante 8 años bajo el mandato socialista”. Y subrayan que su empresa también trabaja para ayuntamientos en los que gobernaba el PSC e incluso para el Gobierno catalán, “en concreto para el Incasol [Instituto Catalán del Suelo]”, en tiempos del Tripartito.

La Generalitat le dio 6.000 euros por “asistencia en materia económica y contable en la preparación de las cuentas anuales del ejercicio de 2012”

En Girona, hay al menos “cuatro expedientes” bajo investigación, todos ellos concedidos en la época en que era alcalde Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalitat. Al parecer, los contratos llegaron de la mano de su jefe de campaña, Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglès. Los investigadores ligan a Bassols con Efial y tratan de determinar la legalidad en las adjudicaciones. Los investigadores, no obstante, no descartan aumentar la lista de contratos sopechosos.

Con la Generalitat también hubo coqueteos: en febrero del 2013, la empresa Gisa, la que controlaba la obra pública de Cataluña, le dio 6.000 euros por “asistencia en materia económica y contable en la preparación de las cuentas anuales del ejercicio de 2012”. Durante esa época, se produjeron algunas anormalidades en la gestión de la compañía pública, cuyo presidente dimitió hace unos meses.

Escarnio público

En Masquefa, el alcalde, Xavier Boquete, convocó junta de portavoces este martes y el consistorio decidió “poner fin de forma inmediata y ordenada con la empresa Efial”. El motivo es que “los vecinos padecen un escarnio público y mediático después de que el nombre de nuestro municipio se asocie al nombre de esta empresa cuando se inicia una investigación judicial”. El gobierno municipal, no obstante, “reconoce la buena labor profesional desarrollada por la consultora”, pero “haciendo uso de su deber y responsabilidad por mantener una buena imagen de la villa y para no poner en riesgo el buen nombre de Masquefa, toma esta decisión ya irrevocable”.

En Llinars del Vallès, Efial logró un contrato, también por el método negociado sin publicidad, para el asesoramiento estratégico, organizativo, económico-financiero y fiscal del Ayuntamiento durante el año 2015. El monto ascendía a 31.510 euros. Ese mismo año, en Argentona, obtuvo un contrato menor de 11.625 euros para actualizar el inventario del Ayuntamiento y del Museo del Cántaro de la localidad.El Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, que también está bajo sospecha, fue mucho más cauto: el pasado mes de abril, decidió que todas sus adjudicaciones se harán en el futuro por medio de concurso público. Un reciente informe encargado por su alcalde, Xavier Batalla, concluía que todos los contratos suscritos con Efial se tramitaron correctamente y que todos los trabajos eran necesarios. Estas dos afirmaciones son las que el Ayuntamiento incorporó este martes a un escueto comunicado público tras hacerse pública la petición de información por parte del juzgado de El Vendrell que lleva el caso.