"El abogado de la Generalitat me dijo que pagaban comisión por subcontratarme"

La UDEF investiga una denuncia sobre el pago de comisiones de la Generalitat en el sector de las telecomunicaciones. El testimonio más directo es el que denuncia que Oriol Torruella, abogado del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), ofrece "una subcontratación", porque "disponen de un remanente que gestionan libremente" y que "Davinci se lleva una comisión por dicho trámite”.

Tal y como desveló El Confidencial la pasada semana, la UDEF investiga desde el verano pasado al Cesicat por pagar el 4% de comisión a una empresa sólo para gestionar subcontrataciones. ¿Por qué esta artimaña? Pues porque quien realice esas subcontrataciones -y especialmente sus ‘trabajos’- no aparecerá relacionado con la Generalitat de Cataluña. Y, además, se puede obligar a contratar empresas ‘amigas’ sin levantar sospechas, ya que estas no trabajan oficialmente para el Gobierno, sino para la empresa que les paga… aunque sea con dinero público. Este fue el procedimiento aplicado para realizar seguimientos a activistas sociales y a líderes políticos en el año 2012: estos seguimientos fueron subcontratados a una empresa ligada a un alto cargo de Convergència y pagados por la empresa interpuesta, que se quedaba el 4% del negocio por la cara.

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Antonio Fernández. Barcelona

El Cesicat había adjudicado un contrato a Davinci/Unitronics en 2009, que vencía en 2012. A mediados de 2011, poco después de llegar Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, el propio Cesicat obligó a Davinci/Unitronics a subcontratar a la compañía TB Security, relacionada con un alto cargo del partido. Esa fue la empresa que realizó los seguimientos a activistas sociales aquel año.

La denuncia contra la Generalitat

En el testimonio que tiene la UDEF, se señala que el denunciante consultó con un abogado el hecho de que la propia Generalitat de Cataluña le desviase a una empresa concesionaria del Gobierno para que le pagasen un trabajo realizado directamente por encargo del Cesicat. El letrado le contestó que “la práctica, más que dudosa, es ilegal sin matices tal y como me la explicas. Los concursos deben ceñirse estrictamente al pliego de condiciones particulares. Si hay un remanente porque se decide no ejecutar una parte del contrato, y es una facultad que tiene la Administración, ha de recuperar ese remanente y punto”.

La UDEF tiene, además de la denuncia, una copia de 'mails' cruzados entre el denunciante, los directivos del Cesicat y altos cargos de Unitronic, que fue la compañía que finalmente pagó sus honorarios. De momento ya ha tomado varias veces declaración al denunciante sobre la forma de contratar y subcontratar en el sector de las telecomunicaciones.

Nuevas subcontrataciones sospechosas

La investigación también abordará las adjudicaciones de contratos públicos del Gobierno catalán en materia de telecomunicaciones. Cuando Davinci/Unitronic terminó a finales de 2012 su contrato, el Cesicat adjudicó dos concursos a TB Security, del grupo Incita (por valor de 1.512.033,18 euros), y a PwC por 2.799.998,08 euros. ¿Por qué a estas empresas? Sencillamente, porque en TB Security estaba como director comercial Marc Lapuente, miembro del secretariado TIC de Convergència y en PwC, Joaquim Triadú, exconsejero de Presidencia con Jordi Pujol y que, tras la llegada de Artur Mas al poder aterrizó en PwC para llevar las relaciones con la Administración.

Además, según la documentación que maneja la UDEF, el propio Cesicat había introducido el nombre de TB Security, juntamente a otra denominada Innevis, apenas tres meses antes en el listado de “empresas catalanas destacables con la persona de contacto”. Esas empresas serían las que se llevarían, a la postre, algunos de los mayores contratos públicos de esa legislatura.

Tras la primera denuncia, los investigadores comenzaron a encontrarse con datos muy precisos sobre el modo de funcionamiento de la Administración catalana. Así, recoge, curiosamente, que la primera adjudicación de PwC se hace a Innevis, empresa dirigida por Xavier Vigué, una de las empresas que el Cesicat había impuesto en el listado de “empresas catalanas destacables”. Uno de los socios de Innevis, según los testimonios que tiene la UDEF, mantiene estrechas relaciones con el gerente de operaciones del Cesicat, Xavier Panadero.. La segunda adjudicación fue a Concatel, una empresa donde había trabajado el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Carles Flamerich. De esta dirección general depende, en última instancia, el Cesicat.