El juez abre juicio oral a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N

Por la boca muere el pez. En el año 2014, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se arrogó ser “el máximo responsable de la iniciativa política y de haber impulsado el proceso participativo del 9N”. A pesar de que le llegó una comunicación “por parte del presidente del Tribunal Constitucional en la que se le indicaba la suspensión de la convocatoria del 9N y de las actuaciones de preparación de la misma o vinculadas a ella”. Así se recoge en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lleva fecha de 28 de junio de 2016. Y ahora le llegan los problemas.

[Siga en directo el juicio a Mas por el 9-N​]

En aquel año 2014, el ‘president’ estaba obcecado en la convocatoria de un referéndum o de una consulta pasara lo que pasara. Y salió a la palestra para desafiar al sistema legal. Consecuencia de ello, es su procesamiento y la ratificación, hoy mismo, de las acusaciones que pesan sobre él por desobediencia y prevaricación continuada. Junto a él, están procesadas la entonces vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. Posteriormente, fue encausado el actual diputado de CDC y entonces consejero de Presidencia Francesc Homs.

El auto da por acabada la instrucción de la causa y acuerda dar traslado a las partes para que presenten los escritos de calificación y soliciten la apertura de juicio oral. [Lea aquí el auto del juez]

En el escrito del TSJC se dan por hechos probados que el 5 de noviembre del 2014, los altos cargos de la Generalitat encausados recibieron una notificación “en la que se les indicaba que adoptar acuerdos como la puesta a disposición de los centros educativos podía contravenir la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional, a la par que se recordaba la importancia de no adoptar acuerdos o llevar a cabo actuaciones contra lo ordenado en la providencia”.

Tanto Mas como las consejeras aseguraron en sus declaraciones que en esa fecha “todo el trabajo estaba acabado” y que las actuaciones que se llevaron a cabo fueron ejecutadas por “voluntarios”. La consejera Rigau incluso llegó a afirmar que “no existía ninguna comisión de seguimiento ni ningún responsable que resolviera los problemas que se podían plantear en los días previos al 9-N o el mismo día. No existía ningún control por parte del Departamento, sino que los voluntarios se coordinaban entre sí”. También negó que hubiese responsables “por parte de la Generalitat de Cataluña y que las incidencias que podían surgir se resolvían por un comité de voluntarios”.

No dijeron la verdad

Ante estas afirmaciones, los tribunales realizaron pruebas testificales y determinaron que “la documentación recabada y las testificales practicadas en esta fase de investigación acreditan, cuando menos con la provisionalidad de esta fase de investigación, que ello no fue así”. En otras palabras, que los altos cargos de la Generalitat no dijeron la verdad sobre lo ocurrido. O mintieron, como se quiera decir.

El TSJC tiene, entre otras cosas, un documento titulado’ 9N/2014 Tu hi participes. Tu decideixes’ donde aparece una “enumeración de las funciones que corresponden a los voluntarios”, que lo único que hacían era obedecer órdenes. Pero no fue sólo eso: “La preparación y el desarrollo de la consulta no se llevó a cabo solo a través de voluntarios, sino que jugaron un papel relevante contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos, con plena conciencia de la desobediencia a la suspensión ordenada, como lo evidencia la indicación de carácter ‘confidencial’ o de ‘tacto’ en la correspondencia electrónico entre la Administración de la Generalitat y los contratistas privados”. Sin esa concurrencia de los contratistas, dice el texto, “el proceso participativo no hubiera podido llevarse a cabo”.

El auto asegura también que los tres acusados, pese a la suspensión de la consulta por parte del TC, siguieron con los preparativos. Por ejemplo, Joana Ortega encargó a una empresa privada la página web oficial del 9N, que se mantuvo activa tras el 4 de noviembre. “Esa página web contenía el logotipo de la Generalitat, así como enlaces a otras páginas web de la Generalitat”. Por ello, se pagaron 7.298,24 euros en una factura cuyo objeto era “dar apoyo desde el 4 al 11 de noviembre” a la web y que incluía “un dispositivo especial con apoyo 7x24 [las veinticuatro horas del día siete días a la semana] para los días críticos: 8, 9 y 10-N y del 4 al 11 de noviembre, la creación de la nueva propiedad para participa2014.cat, subida de contenidos y cambios al TTL de las páginas”. Las periciales encargadas a la Guardia Civil concluyeron que la página fue modificada varias veces tras la suspensión de la consulta por el TC.

También se recoge que la Generalitat encargó a la compañía T-Systems “los tres programas informáticos que debían instalarse” para el procesamiento de datos de la consulta, que fueron entregados al Gobierno catalán el 7 de noviembre. Por si fuera poco, los responsables de esta empresa declararon ante el juez que “recibieron la confirmación de la Generalitat de que podían continuar con los trabajos encargados y que, además, la semana antes del 9N se realizaron jornadas de formación para los voluntarios y que durante la jornada del 9N proporcionaron apoyo técnico en previsión de ataques y de soporte al aplicativo”. A petición de la Generalitat, la empresa tuvo que reforzar los equipos de guardia el fin de semana de la votación y se le pidió “las extracciones de los resultados y su entrega al CTTI”, que era el centro del Gobierno que controla los servicios informáticos. Por ello, tuvieron que trabajar en el tema 2 técnicos de sistemas de bases de datos, un técnico de sistemas web, un jefe de proyecto, un programador, dos arquitectos de aplicaciones, un analista y un analista programador.

El dinero público gastado

Además, la Generalitat “adquirió 7.000 ordenadores portátiles a Telefónica a finales de octubre . Esos ordenadores fueron utilizados en la consulta y luego enviados a centros de enseñanza”. Pero en ellos se instalaron los programas facilitados por T-Systems durante los días 7 y 8 de noviembre e incluso en algunos casos hasta el 9 de noviembre. Esta instalación corrió a cargo de Fujitsu. Por estos trabajos, se pagaron 200 euros por trabajador y día, y en ellos participaron “más de 150 trabajadores”. Ello podría suponer unos costes de más de 60.000 euros.

El auto asegura también que los tres acusados, pese a la suspensión de la consulta por parte del TC, siguieron con los preparativos

También cita el auto la distribución de urnas (casi 22.000 euros) y el acondicionamiento de un “Centro de Prensa Internacional desde el 3 al 8 de noviembre y su desmontaje el 10 de noviembre”, que costó más de 144.000 euros. El Gobierno catalán también sufragó un “suplemento de seguro para dar cobertura a 25.800 voluntarios para el día 9 de noviembre de 2014”. Esta póliza costó 1.409,26 euros. A todos estos gastos, hay que añadir 698.681,50 euros en apoyo informático y una campaña para fomentar el voto en la consulta que costó 806.403,52 euros.

Destaca también el texto que la consejería de Educación mantuvo reuniones para preparar la jornada, con el objetivo fundamental de que abriesen los colegios para utilizarlos como sede electoral, pero que “se evitó impartir instrucciones, criterios o pautas por escrito a los directores, y ello aún cuando las mismas fueron solicitadas”. De las declaraciones de testigos, se desprende que las direcciones territoriales de Educación controlaron en todo momento el proceso de apertura de colegios electorales, lo que evidencia la implicación del Gobierno pese al veto del TC. Varios inspectores de educación señalaron ante el juez que “no obstante la petición de instrucciones escritas por parte de algunos directores, preocupados por la responsabilidad en que podían incidir, ésta fue rechazada”, a pesar de que las actuaciones administrativas “deben ser por escrito”.

Destaca también el TSJC que la propia vicepresidenta del Gobierno, tras la recepción de los datos de la consulta, “dio publicidad a los mismos”, lo que deja traslucir la participación proactiva del Ejecutivo en la organización de la jornada.

El auto deja claro que los tres procesados actuaron coordinadamente, consintiendo y no paralizando los diferentes procedimientos de contratación o de organización, comprometiendo incluso recursos públicos. Y no sólo eso: “De modo intencional y consciente (…), bajo la cobertura de que la actuación se llevaba a cabo exclusivamente por los voluntarios, se negaron abiertamente (…) a dar cumplimiento al mandato del TC, a diferencia de lo que sostienen las defensas en su petición de archivo”. De ello se deduce no sólo un supuesto delito de desobediencia, sino también otro de prevaricación administrativa. Ahora son las partes implicadas (fiscalía, acusación popular y defensas) las que deben pronunciarse. Pero el tribunal apuesta por “continuar la tramitación de la causa”. O sea, todos al banquillo.