Un juez investiga a un líder de Convèrgencia por desvío de fondos de las ONG

El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad barcelonesa de Martorell ha abierto diligencias para investigar el destino de miles de euros que teóricamente fueron destinados a organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Tercer Mundo y que fueron justificados con facturas sospechosas de adquisición de una ambulancia o de gastos de una conocida empresa de pintura y de una ferretería local… hasta, simplemente, no aportar ni informes municipales ni factura alguna. Dinero que se evapora en el aire.

Los hechos investigados ocurrieron la pasada legislatura, entre 2011 y 2014, y hacen referencia a las entidades Okume AZ y Mans Mercedarias, a las que se acusa de falsedad en documentos oficiales, apropiación indebida y administración desleal. La denuncia se dirige también contra cinco personas físicas, a las que se acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos: Salvador Esteve (presidente del Patronato Municipal de Servicios de Atención a las Personas), Valentí Santos, director de ese Patronato, Lluís Esteve, vicepresidente primero del mismo (e hijo de Salvador Esteve), Miriam Riera, concejal de Comunicación, Cooperación y Participación Ciudadana, y Silvia Companyó, técnica de cooperación. Salvador Esteve fue alcalde de la población durante años y hasta el año pasado ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Barcelona. Es uno de los pesos pesados entre los dirigentes territoriales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

“Durante seis meses, hemos intentado que nos justificasen los gastos del Patronato que eran sospechosos, pero nunca han accedido. Siempre decían que ya me llamarían y hasta hoy”, explica a El Confidencial Raquel Pérez, concejal de Som Martorell, la rama local de Podemos, que interpuso la denuncia, firmada por el conocido abogado Josep Jover. El pasado martes, sorpresivamente, el alcalde hizo que comparecieran en el pleno municipal las dos ONG denunciadas, aunque en la junta de portavoces no se había pactado ese punto en el orden del día.

“Fue una encerrona. El alcalde les dio la palabra y hablaron de que mantienen una relación con Martorell de hace más de 20 años y que siempre han trabajado sin problemas. Pero nadie cuestiona eso. Nuestra denuncia no va contra las ONG, sino contra los responsables de la gestión. Nosotros no ponemos en duda la honorabilidad de las organizaciones, pero sí queremos que nos aclaren algunos aspectos que huelen muy mal”, explica Raquel Pérez.

La ambulancia que no lo era

El mosqueo de Som Martorell tiene su lógica. Según los documentos entregados por los responsables del Patronato, en abril de 2011 se adjudica una subvención a Okume AZ “para la compra de una presunta ambulancia, así como el pago de un sueldo de un chófer, se supone que para la ambulancia, en Yaoundé, Camerún”. El Patronato que preside Salvador Esteve le dio 5.560 euros. La justificación de ese gasto fueron “dos copias de dos cuartillas sin firmar ni intervenir, ni datos fiscales de la entidad compradora, ni número de factura”. Uno de los folios era una factura pro-forma por la compra de un Land Rover Discovery con matrícula de Girona. La otra copia era un papel con un logotipo de una entidad llamada Ngog-Lituba con un escueto texto: “Objeto: salario del chófer”, sin especificar si se había pagado o no, ni a quién ni su conversión en euros.

Pero las pesquisas de Som Martorell determinaron que el vehículo “jamás fue adquirido, jamás se llevó a Camerún, jamás se utilizó de ambulancia y jamás necesitó chófer”. Es más, en la denuncia se señala que “extraña, además, querer comprar en 2011 un vehículo usado de casi 20 años con la voluntad de llevarlo a África pagando lógicamente un transporte que vale más que el propio vehículo”. Por si fuera poco, en la ficha de Tráfico consta que el coche es de un vecino de la localidad de Celrà y que nunca salió de esta localidad.

La justificación de la compra de una ambulancia fueron “dos copias de dos cuartillas sin firmar ni intervenir, ni datos fiscales de la entidad compradora"

Otra de las subvenciones, de abril del 2012, era de algo más de 4.000 euros y debía emplearse en comprar “el equipamiento para crear una consulta odontológica en el Hospital de Yaoundé”. Un año más tarde, se cambia el objeto y la Fundación dice que lo utilizará en un proyecto educativo en Guinea Ecuatorial, concretamente para el aula de informática de la escuela Balmes Bata. La justificación del gasto es muy sospechosa: se entregan dos facturas, de una ferretería de Hospitalet de Llobregat y de una conocida empresa de pinturas con sede en Cornellà. “¿Cómo podría uno no darse cuenta de que se pone el sello municipal en facturas de la ferretería de la esquina cuando es un proyecto para África?”, se pregunta en la denuncia. Además, la ferretería “está en el listado de empresas ‘amigas’ de la Fundación Okume AZ”. Vamos, como si el aula de informática de Guinea hubiese sido equipada por la ferretería local.

El piso fantasma

También llama la atención que Okume AZ dispone de un piso en Martorell, por el que el Ayuntamiento paga 5.270,60 euros anuales de alquiler, pero en esa dirección nadie conoce a la Fundación y los vecinos no saben quién lo utiliza. Otros despropósitos llegan al extremo de borrar datos con Tippex y de reescribir datos en los documentos justificativos de subvenciones (en el año 2014, por un proyecto de 10.000 euros, se le dieron a la misma ONG 5.000 euros de subvención).

"¿Cómo podría uno no darse cuenta de que se pone el sello municipal en facturas de la ferretería de la esquina cuando es un proyecto para África?"

Para Mans Mercedàries, las irregularidades también son varias y similares. En el año 2011 se le adjudicaron más de 9.000 euros de subvención pública sin que hubiera justificación económica de en qué se gastó el dinero. Por no haber, no hay ni facturas. Al año siguiente, se le concedieron 5.345,76 euros pero la ONG firmó una carta de aceptación de 8.990 euros. Nadie conoce el porqué de ese desfase. No existen informes municipales de justificación de las subvenciones. En el 2013, recibió otros 10.000 euros de ayudas. Aquí sí que hay un informe del Patronato diciendo que la ONG no tiene pendiente justificar nada y le adelanta 8.000 euros sin justificación previa. En total, pues, otros 28.000 euros que no se sabe en qué fueron gastados.

La denuncia recuerda que “el interventor municipal emitió en diciembre de 2014 un informe de las graves irregularidades del Ayuntamiento. En marzo de 2016, a instancias del Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo catalán], el Ayuntamiento reconoció que aún no se habían arreglado”. Este diario intentó recabar sin éxito la versión del Ayuntamiento de Martorell.