La UDEF investiga al Gobierno catalán por desvío de fondos en las telecomunicaciones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) investiga, desde el verano pasado, un presunto desvío de fondos desde el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), el organismo que controla todas las telecomunicaciones del Gobierno catalán, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes solventes. Las primeras pesquisas apuntan a que algunas empresas podrían haber estado cobrando comisiones del 4% mientras adjudicaban a dedo contratos públicos en un sector que ha manejado millones de euros. Por si fuera poco, la mayor parte de las subcontrataciones se hacían a una empresa cuyo director comercial era dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La investigación se basa en documentos internos del Cesicat que maneja la UDEF. Uno de ellos hace referencia a un contrato entre la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (de la que depende el Cesicat) y la compañía Da Vinci/Unitronics. Ese documento detalla que el Gobierno encarga al Cesicat la gestión de un contrato con la citada compañía, que contempla diversas partidas dinerarias: casi 243.000 euros en 2009, más de 979.000 euros en 2010, 988.000 euros en 2011 y otros 988.000 euros en 2012. El total, pues, es de casi 3,2 millones de euros.

La sospecha se centra en uno de los apartados del documento, donde se explica la “situación del contrato”. En él, se especifica que “la dirección del Cesicat regula y acuerda con Unitronics la subcontratación de los servicios a TB Security por el periodo de junio de 2011 a diciembre de 2012, por un importe anual máximo de 535.998,48 euros (IVA incluido) más un 4% de gestión”. De esta manera, el centro del Gobierno dispuso al menos de casi medio millón de euros para subcontratar diversos servicios de seguridad sin que quede constancia de los encargos, mientras que Da Vinci/Unitronics se embolsaba el 4% de esas subcontrataciones.

La técnica de la Generalitat era sencilla: tras adjudicar el contrato ‘madre’, el Gobierno decía a Unitronics a quién debía encargar los trabajos

No deja de ser curioso el encargo: Convergència había llegado al poder apenas unos meses antes y la empresa a la que se obliga a subcontratar, TB Security, estaba ligada a la formación convergente: su director comercial es Marc Lapuente, miembro del Secretariado TIC de Convergència. Después de que en 2012 se acabase el contrato con Da Vinci/Unitronics, el Gobierno catalán adjudicó dos contratos (uno de 2,8 millones y el otro de 1,5 millones) a PwC y a TB Security respectivamente. A la primera compañía acababa de llegar Joaquim Triadú, exdirigente convergente y exconsejero de Presidencia. En la segunda, estaba Lapuente. Todo quedaba en ‘casa’.

Seguimientos sospechosos

La técnica de la Generalitat era sencilla: tras adjudicar el contrato ‘madre’, el Gobierno decía a Unitronics a quién debía encargar los trabajos. Con ese mecanismo, Unitronics facturó 43.550 euros al Cesicat solo por hacer de mediadora en 2011. En los documentos que obran en poder de la UDEF se especifica también que “Cesicat y TB Security acuerdan por cada uno de los servicios prestados por TB Security una unidad de facturación y su coste asociado. Este tipo de modalidad, Cesicat y TB Security regulan mensualmente el importe a facturar en función de las volumetrías consumidas por cada uno de los servicios”.

Se da la circunstancia de que en esa época se hace a TB Security un encargo delicado: la elaboración de informes sobre activistas sociales y ciberactivistas. El 15-M, el movimiento okupa, las corrientes anarquistas e incluso los círculos independentistas de la CUP preocupaban al Gobierno catalán, que los sometió a un escrutinio minucioso, elaborando informes incluso sobre la dirigente de ERC Anna Simó, portavoz del partido.

¿Qué servicios relacionados con la seguridad de las telecomunicaciones son tan delicados que no pueden aparecer relacionados con el Gobierno catalán?

Los informes sobre ciberactivistas fueron realizados con motivo de la reunión que el Banco Central Europeo iba a celebrar en Barcelona. En esa época, también se estaba estudiando la transformación del Cesicat en una especie de servicios de inteligencia de la Generalitat e incluso se habían encargado informes oficiales para reconvertirlos en la Agencia Nacional de Seguridad, o el CNI catalán, como coloquialmente se le denominaba.

Con Da Vinci, según los documentos de la UDEF, el Gobierno catalán también acordó que “durante 2012 facture el importe máximo de 54.895,72 euros y que el diferencial entre el importe de TB Security [coste de TB + 4% de gestión de Da Vinci] y el máximo mensual se ponga a disposición del Cesicat para la subcontratación de servicios. Estos importes tendrán que quedar acordados mediante acta entre ambas partes”. Si esa era la comisión acordada, se desprende que el total facturado en subcontrataciones en 2012 fue de 1.372.393 euros.

Ocultación de proveedores

Ante esta extraña forma de actuar de la Administración catalana, los investigadores tienen dos sospechas: la primera es la que hace referencia a los pagos de 'gestión' de una empresa. La Administración, evidentemente, puede conceder un contrato a una compañía, pero si hay servicios que no se realizan, el dinero ha de ser devuelto obligatoriamente a la Administración. Desde el Gobierno catalán, en cambio, se utilizaba como tapadera a Da Vinci/Unitronics para contratar otros proveedores con ese dinero, lo que es difícilmente justificable.

La segunda incógnita radica en saber por qué se intentan ocultar los proveedores últimos de la Generalitat, ya que los subcontratados por Da Vinci/Unitronics no tienen, oficialmente, relación con el Gobierno autonómico, a pesar de que es el propio Cesicat quien les encarga trabajos. ¿Qué servicios relacionados con la seguridad de las telecomunicaciones son tan delicados que no pueden aparecer relacionados con el Gobierno catalán?

Con los documentos que ahora salen a la luz, se sigue el rastro del dinero: la conclusión es que algunas de las compañías subcontratadas estaban realizando trabajos ‘sospechosos’, por lo que con el mecanismo adoptado por la Administración se intentaba desvincular esa tarea de la actividad del Gobierno catalán para evitar un escándalo.