La Diputación de Barcelona recula ahora en su 'ninguneo' a la Agencia Tributaria

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa (CDC), ha empezado a recular respecto a su intención de desviar las retenciones del IRPF de los 5.000 funcionarios y trabajadores de esta Administración a la Agencia Tributaria de Cataluña y no depositar este abono en la Agencia Tributaria española. La también alcaldesa de Sant Cugat no lo ha manifestado de manera abierta, pero en un comunicado interno ha condicionado la decisión a “la seguridad jurídica” y a “garantizar plenamente los derechos de los trabajadores en relación a la Hacienda pública”. Una manera discreta de aparcar de forma indefinida un tema espinoso.

Portavoces de la Diputación de Barcelona se han limitado a señalar que “el Gobierno de la Diputación de Barcelona está trabajando y estudiando cómo ejecutar el mandato de la moción aprobada por el pleno de la corporación”, poniendo también el énfasis en la seguridad jurídica.

Pero, en su nota interna, Conesa va más lejos y asegura al personal de la diputación que “que nunca se hará nada desde el Gobierno de la institución que pueda provocar ningún tipo de perjuicio en relación a sus obligaciones y derechos tributarios”. El problema es que los que se encuentran fiscalmente obligados ante Hacienda son los trabajadores, no los organismos que les pagan.

Mercè Conesa es una persona próxima al 'conseller' de Territori i Sostenibilidad, Josep Rull, un declarado independentista dentro del partido. Conesa cuenta además con la confianza del presidente de CDC, Artur Mas. El nombre de Conesa ha sonado para liderar la refundación del partido. Pero ella ha preferido dar un paso atrás aludiendo a sus responsabilidades en instituciones como la diputación, según explican fuentes del partido nacionalista catalán.

Una fuente interna de la diputación ha apuntado que no hay ninguna intención de llevar a cabo lo aprobado, y lo que se quiere evitar a toda costa es verbalizar la marcha atrás contradiciendo de manera pública lo que se votó en el pleno de la Diputación de Barcelona, a propuesta de la CUP, hace cinco meses, el pasado mes de noviembre. En algunos ámbitos internos, se afirma que no existe ningún calendario para implementar lo aprobado en el pleno. Pero otras fuentes dicen que más allá del discurso oficial, se quiere dejar el plan en vía muerta. Como argumento, se alega la necesidad de consensuar este cambio con la Generalitat.

Pese al tiempo transcurrido, no se han dado pasos concretos para trasladar esta medida del pleno a la realidad. Conesa, además, quiere tener todos los informes pertinentes. La intervención general de la Diputación de Barcelona ya ha emitido un informe con los aspectos económicos del caso. Algunas fuentes apuntan que el informe es contrario a la medida. Se está a la espera de que se entregue otro informe de la secretaría general, que valoraría las implicaciones jurídicas.

Oposición interna

Conesa se sumó al carro de la propuesta de la CUP, pero ha topado con fuerte oposición interna. Ni la secretaria general, que ocupa Petra Mahillo, una funcionaria forjada en el muy socialista Ayuntamiento de L’Hospitalet, ni la interventora, Teresa Raurich, son partidarias de la medida. Tampoco el gerente, Xavier Boltaina, quiere arriesgarse a firmar una medida de dudosa legalidad, según apuntan fuentes internas de este organismo supramunicipal. Eso explicaría los cinco meses en los que Mercè Conesa se ha limitado a marear la perdiz y que haya pasado lo que ocurre en la mayoría de los planteamientos independentistas en Cataluña: mucha gesticulación y escasa ejecución.

El próximo jueves 31 hay pleno de la Diputación de Barcelona y la oposición ya está afilando cuchillos alrededor de dónde se ingresan las retenciones de las nóminas de los trabajadores, según anuncian fuentes de PSC, PP y C’s.

Incoherencias diversas

Toda la cuestión de los salarios de los trabajadores de la Diputación de Barcelona se encuentra rodeada de diversas incoherencias. La primera, que la Diputación de Barcelona es una Administración estatal, para más inri de carácter provincial, un tipo de organización territorial que tanto CDC como ERC o la CUP rechazan de pleno. No parece muy lógico, pues, que sea este nivel administrativo el que vaya a ejercer de punta de lanza del independentismo y de principal pilar de la Agencia Tributaria de Cataluña.

La siguiente paradoja es qué sentido tiene que la Diputación de Barcelona, con apenas 5.000 trabajadores, tome una medida de este estilo mientras que la Generalitat, con más de 220.000 funcionarios y personal laboral, siga pagando sus impuestos en Plaza Letamendi, la sede de la Agencia Tributaria en Barcelona. Ni siquiera el Parlament, en el que actualmente hay una clara mayoría independentista, ha tomado una decisión como esta, pese a tener autonomía suficiente, como mínimo, para proponerlo. A este aspecto es al que se refiere el entorno de Conesa cuando hablan de buscar el máximo consenso con la Generalitat.

Cataluña carece de precedentes de administraciones que hayan orillado a la Agencia Tributaria española, a excepción de un centenar de municipios de la CUP

El único precedente son los 106 ayuntamientos de Cataluña que, en su mayor parte bajo el control de la CUP, han intentado dar este paso. En su totalidad, han topado con la oposición de la Fiscalía y no consta que ninguno haya podido conseguirlo.

La última ironía es que Conesa está supuestamente impulsando en la Diputación de Barcelona una medida que en cambio no fomenta en su propio consistorio, como alcaldesa de Sant Cugat, pese a que esta ciudad es una de las mayores de Cataluña. Algunas fuentes cercanas a la alcaldesa han apuntado que en caso de que prosperase la iniciativa de la diputación, ya se están estudiando fórmulas para poderlo aplicar en este municipio.