Puigdemont dará más de 100.000 € a 'entidades civiles' para extender el 'procés'

La ofensiva internacional del Gobierno catalán comienza a levantar el vuelo. El execosocialista Raül Romeva ya lo advertía la semana pasada en su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Parlamento catalán: “Esto no lo pararán por muchos tribunales que nos pongan”, lanzaba, contraatacando la iniciativa del Gobierno central, que ha impugnado la creación de la Consejería de Exteriores ante el Constitucional.

Y en eso está: para empezar, a finales de este mes de febrero, el Gobierno catalán piensa repartir fondos para ayudar a la internacionalización de “organizaciones civiles”, reunidas bajo el manto de la Federación de Organizaciones Internacionalmente Reconocidas (Focir), que preside Mònica Sabata, exdirigente de la Plataforma pel Dret a Decidir, entre otras entidades independentistas. La Focir recibirá este año más de 100.000 euros para sus actividades. El dinero, según Diplocat, servirá para pagar gastos “derivados de la participación en reuniones y conferencias en el extranjero. De esta manera, pueden ampliar su red de contactos internacionales y posicionarse en el mapa. El objetivo de estas ayudas, en línea con la vocación transversal del consejo [o sea, el Diplocat], también es el de hacer llegar una voz y una imagen de Cataluña el máximo de plural y diversa en el exterior”. Estas ayudas son gestionadas por la plataforma Focir, que es la que luego las distribuirá entre las “organizaciones civiles” que considere conveniente.

Durante 2015, la Generalitat gastó algo más de 100.000 euros en ayudas similares, que sirvieron para costear 96 viajes al extranjero y aumentaron un 25% el gasto destinado a la propaganda de las entidades ‘civiles’ respecto al año anterior, a pesar de la época de fuertes recortes sociales. Este año, los presupuestos está prorrogados, por lo que en principio la partida se mantiene intacta, a la espera de que se adjudique el presupuesto definitivo a la nueva Consejería de Exteriores.

Esta ofensiva internacional tuvo esta semana otro hito: la reunión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con el cuerpo consular acreditado en Barcelona. En el encuentro, celebrado este jueves, Puigdemont situó a Cataluña en un “rango superior” al que ha tenido hasta ahora. También les arengó a mantener la legación diplomática abierta cuando Barcelona “se convierta, en unos meses, en la capital de un Estado”. Echó flores a su Gobierno por haber creado una Consejería de Exteriores, ya que hasta ahora solo había "una Secretaría", pero obvió que esa consejería está impugnada ante los tribunales por el Gobierno central. “Tenemos una vocación internacionalista y somos uno de los corazones de Europa”, subrayó el ‘president’.

Y prometió a los cónsules que les dará mucho trabajo en el futuro porque “Barcelona no es una ciudad ordinaria. Cataluña no es un país ordinario. Este proceso no es un proceso político ordinario. Ustedes saben que no están destinados en una ciudad cualquiera. Saben qué representa este palacio, saben qué representa la institución de la Generalitat y saben perfectamente cuál es el proyecto político del Govern”, arengó. Pero ninguno de los cónsules (ni siquiera el decano, que pronunció un discurso) sacó a colación el ‘procés’ durante la recepción.

Legitimidad sobre legalidad

Pero a pesar de ese vacío, la senda independentista solo tiene los límites que sus propios promotores quieren imponerle. ¿Y en qué se traduce esto?. En que desde el Gobierno catalán se subraya que la legalidad no importa. Al menos, la legalidad española.

Esa es la conclusión a la que ha llegado el Consejo de la Diplomacia de Cataluña (Diplocat), tras unas jornadas que este organismo público de la Generalitat ha organizado juntamente con la Universidad del País Vasco. El aserto, por supuesto, se refiere exclusivamente a la legalidad en relación con el proceso de independencia, no vaya a ser que a alguien se le ocurra poner en tela de juicio la otra legalidad, la estrictamente catalana. Las dos instituciones fueron las protagonistas de la jornada ‘El derecho a decidir: legalidad y legitimidad democrática’, que pretende ser la primera de una serie de jornadas académicas del Diplocat en la nueva etapa del ‘proceso’.

Según la propia institución, es “un nuevo intento de reexplicar Cataluña a la opinión pública del Estado español”. Y las conclusiones no pueden ser más sorprendentes: “La legitimidad pasa por encima de la legalidad en caso de conflicto”. El mensaje será extendido por la geografía peninsular en próximos actos similares en Sevilla y Zaragoza. Una trampa dialéctica creada ex profeso para la ocasión y que viene a decir: provoquemos el conflicto para poder aplicar nuestra legitimidad frente a la legalidad.

Las bases de la ‘sentencia’ las sentó Jordi Solé, secretario de Asuntos Exteriores y de la UE de la Generalitat, que aseguró que “Cataluña seguirá haciendo política exterior porque es una necesidad, porque es el mandato parlamentario y porque es legal”. Estuvo arropado por Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Uned; Jule Goicoetxea, directora del máster universitario en Gobernanza y Estudios Políticos de la UPV; Alba Nogueira, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, y Josep Maria Vilajosana, decano de la Facultad de Derecho de la UPF de Barcelona.

Todos ellos justifican el ‘proceso’ y las iniciativas tomadas por los independentistas. Cotarelo afirmó que si la legalidad vigente y el derecho positivo fuesen intocables, “todavía estaríamos en el Neolítico y los negros seguirían siendo esclavos”, y vaticinó que “acabará habiendo un choque de legalidades” que hará necesaria la mediación internacional, que “acabará imponiendo un referéndum”. Nogueira, por su parte, se quejó de que fuese recurrido el Estatuto catalán y no otros como el de Valencia o el de Andalucía, que tienen idénticos artículos que no fueron recurridos. Y Vilajosana afirmó que no hay “ningún artículo de la Constitución española que impida que se pueda preguntar sobre la independencia”.

Para el decano de la UPF, “se puede encontrar una ponderación entre los principios democráticos y el principio de la unidad indisoluble de España, siempre que se utilice la fórmula del referéndum de autodeterminación y no la declaración unilateral”. Y apunta a que España solo tiene que “copiar el dictamen de la Corte Suprema del Canadá sobre el referéndum del Quebec y sustituir Quebec por Cataluña”.