El Gobierno catalán no afloja: “La independencia es irrenunciable”

'E la nave va'. El ya expresidente Artur Mas regó sus mandatos de anécdotas marineras, y antes de sucumbir sucumbió a la historia. A su historia. Ahora, es otro el que lleva el timón de la nave hacia la Arcadia feliz. O hacia Itaca, como le gustaba decir a Mas. Los primeros mensajes del nuevo ‘president’, Carles Puigdemont, han sido cautelosos. Fue duro en su discurso de investidura, pero poco a poco va matizando sus posicionamientos. Este viernes, aclaró que su intención no es una declaración unilateral de independencia, sino sólo “una constitución Catalana”. Pero sólo podrá haber esa Constitución si Cataluña es independiente. Y como el Estado no quiere ni sentarse a hablar de la secesión, sólo se puede llegar a ella a través de una declaración unilateral. Es el pez que se muerde la cola.

Pero mientras llega la hora de deshojar la margarita (para saber qué hacer dentro de 18 meses, el plazo que da la CUP para la desconexión total con España), la Generalitat deberá ponerse a trabajar. “No somos independentistas de nuevo cuño, sino que después de 35 años en que hemos pedido determinados cambios, no quieren cambiar nada. Entonces, lo hemos de hacer solos. Lo hemos intentado del derecho y del revés. No pueden decir que no lo hemos intentado. ¡Pero es que si tan siquiera nos han querido reconocer como nación!”, dice a El Confidencial una fuente del Gobierno catalán.

En la Generalitat lo tienen muy claro: Puigdemont llega a la institución para terminar lo que a Mas no le dejaron. “Nuestro objetivo es la independencia. Así lo votó el Congreso de Reus de Convergència. Y, especialmente, después de que el Estado español no ha sido capaz de darnos una respuesta a nuestras peticiones. Sólo pedíamos una nueva financiación, porque el sistema actual ha quedado muy desfasado. Y no quisieron ni sentarse a hablar. Hasta que tuvimos que decir basta. Por eso, necesitamos estructuras de Estado. Pero es más una forma de hacer que el contenido de lo que hacemos. Hoy por hoy, la independencia es irrenunciable”, añaden.

“El objetivo es la independencia, sobre todo después de que el Estado español no haya dado respuesta a nuestras peticiones“, dicen en la Generalitat

¿Cómo compatibilizar la hoja de ruta secesionista con el interés de los catalanes? Muy fácil: “El objetivo del Gobierno ahora es intentar construir una realidad a la que se pueda sumar la gente que quiera”. Pero hay un problema: ¿Es suficiente el 47% de los votos de las elecciones para forzar a la sociedad catalana a asumir una secesión?. “El mandato democrático es muy claro: una mayoría social quiere la independencia. Los partidos no independentistas en sentido estricto sólo obtuvieron un 39% de los votos. Y nosotros, el 47%”. No cuentan ahí, claro, el 13% de los votos de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), la marca de Podemos e ICV. En realidad, esta formación está a favor de un referéndum, en el que pediría el no a la independencia, lo que matiza mucho el aserto de los independentistas.

Deprisa, deprisa

Pero desde el Gobierno se insiste en que “estamos ante un Ejecutivo especial y una legislatura especial. No es una legislatura normal, porque tiene un plazo de vigencia, de momento, de 18 meses, los previstos en la hoja de ruta pactada con la CUP para tener a punto las estructuras de Estado que faltan y comenzar la última fase del proceso de independencia”.

Y, sobre todo, advierten que “Puigdemont dejó muy claro en el debate de investidura que estamos en el lapso de tiempo de la transición de la situación postautonomista a la preindependentista”. Y aseguran que el problema no está en los tempos, como critican incluso desde algunos círculos de ERC, en los que se dice que la cosa va demasiado rápido. “Ese lapso de tiempo ha de ser lo más rápido y corto posible”.

Desde el Ejecutivo catalán lo tienen muy claro: “Hay gente sin un partidismo militante que cree que la independencia es posible y, si se hubiese roto el proceso, sólo les quedaría la tristeza y la resignación”. Por eso, Puigdemont pisará el acelerador.

Es decir, sea como sea, el proceso seguirá adelante contra viento y marea. Evidentemente, en la singladura, hay nubes que amenazan tormenta y podría llegarse a un punto en que se vulneren las normas democráticas. ¿Dónde queda la declaración de desconexión con España y de desobediencia a la legislación española, aprobada el pasado 9 de noviembre por la CUP y JxS en el Parlamento catalán? Para el Gobierno, es muy pronto para pronunciarse sobre esta cuestión. “Todo se hará dentro de la ley”, se limitan a contestar. Los más osados matizan que se hará “dentro de la ley catalana”. O sea, un juego de palabras que sueltan de un modo o de otro dependiendo del foro que escucha.

Las fuentes consultadas insisten en que como el camino es la independencia, “hemos de hacer las cosas sin perjudicar a la población, haciendo lo posible para visualizar que la Administración trabaja para una mayoría de la población”.

De momento, un informe de los letrados del Parlamento catalán ya advierte de que el Estado puede interponer un recurso, con efectos suspensivos inmediatos si así lo pide el Gobierno central, de las leyes que tengan relación directa con la resolución del pasado 9 de noviembre (la de la desconexión con España), especialmente en lo referente a “las leyes de Proceso Constituyente, Hacienda y de la Seguridad Social que se anuncian en el apartado quinto de la resolución”. Y no sólo eso: “Del contenido de la sentencia [la del TC del 2 de diciembre de 2015, anulando la resolución mencionada] se desprende que este efecto obligatorio se ha de extender también a cualquier nueva declaración de voluntad del Parlamento que coincida con la línea política expresada en la resolución, especialmente de aquellas que puedan insistir en la promoción y concreción del proyecto político de creación de un Estado independiente al margen de la reforma constitucional”. Es un aviso a navegantes. Puigdemont, por lo tanto, lo tendrá muy difícil para mantener el timón que le legó Artur Mas.