Un alto cargo de Mas que se llevó 7,6 millones de euros dimite por “razones personales”

El hombre de la obra pública catalana tira la toalla. Joan Lluís Quer, polémico desde que fue escogido por Artur Mas para controlar absolutamente toda la obra pública de Cataluña, presentó ayer su dimisión a través de una carta al consejo de administración de la empresa pública Infraestructures. Su mano derecha, Josep Antoni Rosell, director general de la compañía, fue detenido en el marco de la operación 3%, por la que se registró la sede del 'holding' público, además de los despachos de los últimos tesoreros de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de su Fundación y de varias empresas, así como los domicilios de algunos empresarios.

Una nota oficial de la Generalitat señala que el directivo “da por completado el trabajo que se le encargó al frente de la compañía” y que considera “completada su etapa profesional como presidente y consejero delegado al frente de Infraestructures y de Ifercat”.

Destaca la nota que en los cinco años que ha estado al frente de la empresa acometió una “profunda reestructuración del sector público de las infraestructuras”. Entre los proyectos que dirigió, figuran la reestructuración de la Línea 9 del Metro, el prolongamiento del suburbano hasta el aeropuerto de El Prat y la reconducción “del proyecto del Segarra-Garrigues, convirtiéndolo en una obra presupuestaria”.

El escándalo del 3%, en el que fue detenido su mano derecha, Josep Antoni Rosell, le pasó rozando milagrosamente. La documentación que maneja el juez Josep Bosch, del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, apunta al cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas. Tras conocerse que Rosell, director general de Infraestructures, había tratado de esconder una caja fuerte y cuatro maletines con documentación, la Administración le retiró de circulación. Pocos días después es Quer, el inmediato superior de aquel, quien abandona su cargo alegando “motivos personales”.

Este último proyecto puede traerle muchos quebraderos de cabeza, ya que alguna documentación sobre este proyecto se encontró en los famosos maletines que trataron infructuosamente de esconder. Se trata de documentos sobre la construcción del canal Segarra-Garrigues, una faraónica obra de riego que llegó a ser la obra civil más grande de Europa. Su mano derecha, Josep Antoni Rosell, había sido, en el último Gobierno de Jordi Pujol, responsable de Regs de Catalunya (Regsa) empresa pública ahora fusionada dentro de Infraestructures. Cuando llegó el tripartito y tuvo que abandonar la Administración, recaló como director general de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aigües Segarra-Garrigues (ASG), a la que él había dado la adjudicación de la macroobra, todo un ejemplo de cómo funcionan las ‘puertas giratorias’ de la política: el cargo público con responsabilidades deja la Administración y se coloca en la cúspide de las empresas que él ha favorecido. Como presidente de ASG aterrizó Josep Grau, que era consejero de Agricultura, el superior jerárquico de Rosell. Todo quedaba, pues, entre amigos.

Los nombres de Quer y de Rosell figuraban en una carta que en noviembre de 2011 envió un ex alto cargo de la obra pública a la Fiscalía. En esa misiva, también se explicaban con detalle las trampas para adjudicar las obras, aunque mediase concurso público, a una empresa determinada.

Investigado por la justicia

Pero el ya exdirectivo tiene más asuntos pendientes con la justicia. Quer estaba siendo investigado desde julio de 2014, fecha en que la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias contra él. Resulta que Quer había sido directivo de la Agencia Catalana del Agua (ACA). En 2007, cuando ya llevaba tres años fuera, se hizo con un contrato de esta entidad pública, adjudicado por dos técnicos con los que había coincidido en Regsa.

Los nombres de Quer y de Rosell figuraban en una carta que en noviembre de 2011 envió un exalto cargo de la obra pública a la Fiscalía

La cuestión fue que Quer, junto a otro antiguo directivo de la ACA, se hicieron con un contrato de 3,75 millones de euros. Pero luego, firmaron 38 contratos adicionales que justificaban como ampliaciones de los anteriores. Así que, en total, se llevaron a sus cuentas otros 3,93 millones de euros (es decir, cobraron de las arcas públicas 7,68 millones de euros) sin pasar por ningún concurso público, en un ejercicio de filibusterismo empresarial sin precedentes, habida cuenta de que apenas dos años después la ACA estaba en quiebra técnica. Por si fuera poco, los trabajos pagados a Quer fueron contratados en su totalidad a otras empresas, por lo que él se limitó a cobrar y encargar el trabajo, embolsándose la diferencia limpiamente. En junio de 2015, un juzgado barcelonés admitió a trámite una querella de la Fiscalía por estos hechos.

En su nota oficial, el Gobierno catalán omite las peripecias judiciales de Quer y asegura que ha hecho “una labor impecable” durante estos años, al tiempo que anuncia que sus funciones serán asumidas por Ricard Font, secretario de Territorio y Movilidad y miembro de la dirección de Convergència.