Los independentistas estudian apelar a los tribunales europeos el fallo del Constitucional

Los independentistas catalanes estudian presentar un recurso para anular todo el proceso jurídico contra la declaración separatista aprobada en el Parlamento catalán el pasado 9 de noviembre por cuestiones legales. Dicha resolución aprobaba iniciar la “desconexión con España”, iniciar los trámites en un mes para aprobar leyes secesionistas e incumplir tanto la legislación española como las sentencias del Tribunal Constitucional.

El motivo es más bien formal, pero no deja de tener su lógica jurídica: el Tribunal Constitucional se dirigió personalmente a varios diputados y diputadas de la Cámara advirtiéndoles de la nulidad de la resolución y de que se abstengan de ahondar en el asunto.

Un diputado puede decir y votar lo que considere conveniente, sin que se pueda iniciar un procedimiento penal contra él

“Tanto abogado del Estado y nadie cayó en que la figura del diputado es inviolable. Para eso está el aforamiento: no es para salvaguardar a un diputado chorizo, sino para salvaguardar la figura del diputado, políticamente hablando. O sea, para que nadie pueda proceder contra él por su labor. En otras palabras, un diputado, como tal, puede decir y votar lo que considere conveniente, sin que se pueda iniciar un procedimiento penal contra él. Es la esencia de la democracia”, dicen a El Confidencial fuentes independentistas.

Los argumentos en contra del posicionamiento del TC parten de la base de que su fallo “está basado en lo que dicen los diputados. Pero nadie puede reclamarles nada digan lo que digan como tales. Y, en el momento en que se señala a un diputado, se pone en evidencia la inviolabilidad de la figura. De hecho, al haber señalado con nombres y apellidos a miembros de la Cámara catalana se ha vulnerado los artículos 10, 11 y 12 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa", señala a El Confidencial Josep Jover, abogado barcelonés y experto en jurisdicción europea

Jover también señala que "para los diputados, esos derechos están incluso más blindados. Ello nos da pie a poder recurrir al Tribunal de Luxemburgo, que desde 2008 ha creado un proceso prejudicial urgente (PPU) cuya virtud es que el Tribunal de Justicia de la UE dicta sentencia en un mes. Ésta es una vía que ha sido muy poco empleada. Se trata de aplicar el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE (Lisboa). De hecho, sólo existen diez sentencias y la mayoría son por derechos fundamentales. En su jurisdicción, sin embargo, podría entrar el tema del conflicto catalán. De todos modos, también se puede recurrir al tribunal de Estrasburgo”.

Un talón de Aquiles

Fuentes soberanistas añaden que los tribunales “pueden sentenciar sobre acuerdos y avisar a los que no cumplen las resoluciones, pero no pueden dirigirse a los diputados como tales, ya que están desempeñando su labor. Si hubiesen señalado exclusivamente a políticos o a funcionarios, hubiese sido correcta la advertencia, pero otra cosa son los miembros de un Parlamento”. Para los soberanistas, “el PP quiso llevar las cosas al extremo y el TC entró al trapo, pero este error se puede convertir en el talón de Aquiles de la ofensiva judicial contra el proceso”.

El PP quiso llevar las cosas al extremo y el TC entró al trapo, pero este error se puede convertir en el talón de Aquiles de la ofensiva judicial

La notificación a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, no obstante, se podría salvar de todo este berenjenal jurídico: como cargo administrativo o presidenta de la cámara, Forcadell está obligada a acatar la resolución del TC. Aún así, los independentistas estudiarán el tema para blindarla ante “posibles represalias”.

La resolución del Alto Tribunal no afectará a ninguno de los diputados que la haya votado. Ni siquiera a los presidentes de grupos parlamentarios. “Cualquier diputado puede votar lo que le dé la gana. El problema llega cuando un funcionario ejecuta la resolución. Ahí sí que se puede incurrir en delito de desobediencia”.

Para los soberanistas, lo que ha habido es “una falsa sensación de seguridad, una chulería del Gobierno español, el sacar pecho y decir que lo que nosotros decimos lo ratifican los jueces”. Y eso, subrayan las fuentes, ha sido el gran error jurídico que el Estado ha cometido.