El Gobierno pide al TC que advierta a Mas y Forcadell de que puede suspenderles

"Solo el pueblo español es soberano". "Solo el pueblo español" y no una de sus fracciones, "los ciudadanos catalanes", ostenta el poder constituyente, y solo mediante una decisión conjunta del pueblo español podría llegarse a la independencia de Cataluña. Una y otra vez, la impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de la resolución secesionista aprobada el pasado lunes por el Parlamento catalán da vueltas sobre el mismo argumento.

El escrito de la Abogacía del Estado, presentado pasadas las 12:00 en el alto tribunal, considera que el texto rupturista, más que vulnerar un artículo de la norma fundamental, supone "la negación de las cláusulas esenciales de la Constitución" y solicita que sus magistrados adviertan a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al de la Generalitat, Artur Mas, de que pueden ser suspendidos en caso de desobedecer.

El Gobierno no duda en recurrir a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada el pasado octubre, que permite la suspensión de los cargos públicos que no acaten las decisiones de los magistrados. Por ello, solicita que el dictamen en que se admita a trámite la impugnación de la resolución secesionista incluya la prohibición expresa a Forcadell, a los restantes diputados de la mesa del Parlament y a su secretario general de admitir a trámite "iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución rupturista que el TC suspenderá, con toda probabilidad, esta misma tarde. También pide que se prohíba a Mas y a todos sus consejeros la aprobación de cualquier iniciativa o decreto que se ampare en ese texto.

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La soberanía del pueblo español en su conjunto es el precepto constitucional del que se descuelgan todos los argumentos del recurso. Así, la Abogacía del Estado señala que el único medio legítimo para lograr la desconexión de España es el procedimiento agravado de reforma constitucional que prevé la propia norma fundamental en su artículo 168. Ese trámite puede ser iniciado por el Parlamento catalán, como explica el escrito, pero implica que el Congreso y el Senado aprueben la propuesta por mayoría de dos tercios, la inmediata disolución de ambas cámaras, y que los nuevos parlamentarios elegidos la aprueben por esa misma mayoría antes de que se someta a referendo de todo el pueblo español.

"Solo después, no antes, de un nuevo acto constituyente del soberano pueblo español", es decir, solo después de que se siga todo ese proceso previsto en el artículo 168, "podría el pueblo de Cataluña, de manera jurídicamente legítima, declararse a sí mismo soberano", esgrime el Gobierno. "La resolución, al atribuir al Parlamento catalán la consideración de poder constituyente, vulnera el artículo 23 de la Constitución", el que atribuye a todos los ciudadanos la posibilidad de participar en asuntos públicos y acceder a cargos representativos, "al privar al resto de los españoles de su derecho fundamental a participar en procesos de reforma constitucional", prosigue el escrito.

El Ejecutivo considera que no existe ninguna posible interpretación de la resolución que pueda acomodarse a la norma fundamental. "Es una clara ruptura unilateral del orden constitucional", afirma en su recurso. El texto, según la Abogacía del Estado, "no expresa aspiraciones políticas que puedan ser encauzadas por cauces democráticos o constitucionales" sino que se trata de "una imposición unilateral", como se deduce de que no supedite el proceso hacia la independencia "a las decisiones de las instituciones del Estado" y llame al futuro Gobierno catalán a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados del Parlament.

Con la moción aprobada el lunes, esa Cámara "impone para sí y al Gobierno de la Generalitat unas decisiones que suponen, más que un quebrantamiento particular de un precepto constitucional, la negación de las cláusulas esenciales de la Constitución española", como la indisolubilidad del Estado y la soberanía del pueblo español, y "la instauración de un principio de legitimidad en contradicción absoluta con ella", concluye.