El negocio de las empresas del 3%: más de 400 millones públicos en cuatro años

No se ha librado ningún rincón de Cataluña. La nueva fase de la operación Petrum, que investiga las posibles comisiones pagadas a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de adjudicaciones en concursos públicos, se mueve alrededor de seis destacadas empresas catalanas y españolas que han trabajado en la región a todos los niveles de la Administración. Entre 2008 y 2011, años en los que se centrarían las 'mordidas', Copisa, Tec 4, Teyco, Rogasa, Natur System y Urbaser consiguieron al menos 402 millones de euros en contratos públicos, según se desprende del análisis realizado por El Confidencial de las adjudicaciones publicadas en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Se trata solo de los principales contratos obtenidos por las mayores empresas que podrían haber engordado de forma ilegal las cajas de CDC de acuerdo con la nueva fase de la operación policial que ahonda en el caso del 3%. En este marco, directivos de Copisa, Tec 4, Rogasa, Urbaser y Grupo Soler han pasado por el calabozo la pasada semana. La presencia de Teyco entre las empresas implicadas en la trama, en cambio, ya había sido atestiguada. Según los investigadores, esta firma abonó al menos 2,2 millones de euros a la Fundación CatDem, vinculada a CDC, entre 2008 y 2011.

Teyco es una pieza clave, junto a Comsa-Emte, del imperio empresarial de la familia Sumarroca. De forma directa o a través de su participada Constraula (de la que posee el 100%), en el periodo analizado obtuvo 31 contratos públicos por un total de 55 millones de euros. Solo en Barcelona, se adjudicaron a Teyco obras por al menos nueve millones de euros, aunque es en otra localidad catalana donde la actuación de Teyco despertó la atención de los investigadores. Se trata de Torredembarra, donde, según el juez de El Vendrell (Tarragona), la empresa habría abonado casi un millón de euros al alcalde a cambio de adjudicaciones.

Copisa: más adjudicaciones, más donaciones

La constructora es la empresa más importante entre las investigadas. Sus accionistas mayoritarios son destacados miembros de la familia Cornadó, una de las más representativas de la burguesía catalana. El hombre clave, según la Fiscalía Anticorrupción, es Francesc Tauler Ferrer, imputado por un supuesto pago a Jordi Pujol Ferrusola de 3,6 millones de euros. Un pago que, una vez más, está manchado por la sombra de una comisión. Y Copisa no está en una situación cómoda, al ser una de las mayores adjudicatarias de obra pública en Cataluña desde 2008 y, a la vez, una de las mayores donantes a la Fundación CatDem.

Según los cálculos realizados por este diario, diferentes instituciones públicas catalanas adjudicaron a Copisa al menos 220 millones de euros en los años ‘bajo sospecha’. E incluso a partir de 2011, cuando la crisis económica rebajó las licitaciones de la Generalitat, la firma siguió situándose entre los principales adjudicatarios de este organismo. Pero 2011, en el ámbito de la construcción en Cataluña, también es una fecha clave, ya que Josep Antoni Rosell asumió el cargo de director de Infraestructures.cat, el organismo que adjudica la obra pública regional. Rosell ha sido detenido esta semana en el marco de la operación Petrum. En 2012, Copisa volvía a liderar el 'ranking' de empresas con más contratos del Govern, como publicó El Confidencial. Sin embargo, no consiguió mantenerse a flote al estallar los casos de corrupción.

Natur System, al centro

Como desveló este diario, la maraña de nombres y apellidos ilustres en el caso de donaciones ilegales a CDC se envuelve alrededor de una empresa poco conocida. Se trata de Natur System, firma en la que Daniel Osácar Escrig permaneció como accionista secundario hasta 2006, cuando desembarcó en CDC como responsable de finanzas y administración. Y a la cabeza de Natur System se sitúa Xavier Tauler Ferre, citado más arriba por su cargo en Copisa. La relación no tiene que extrañar, ya que Copisa es la única accionista de Natur System. Pero, en el periodo analizado, hay adjudicaciones para ambas. Natur System se llevó poco más de 10 millones de euros públicos para realizar obras para diferentes entes regionales y locales, pero el contrato más jugoso lo obtuvo en una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que se presentó justamente junto a Copisa, su accionista principal. Se trata de un contrato de más de cinco millones para obras en la Universidad de Barcelona.

Entre los contratos más llamativos que la empresa consiguió en la Ciudad Condal, sin embargo, se encuentra el de restaurar la fachada del Palau de la Música junto a Copisa, una adjudicación anterior a la etapa analizada para este artículo. Es aquí donde se cierra un círculo y la investigación del caso Petrum vuelve a tocarse con la del caso Palau. Según las pesquisas del mismo, la dirección del Palau de la Música desvió aportaciones en dinero negro a la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, al menos desde 2003.

Los contratos locales

Rehac es una constructora cuya sede no ha recibido ninguna visita de los agentes de la Guardia Civil, algo que sí ha ocurrido en los despachos de su único accionista, Rogasa. Estas dos firmas se llevaron alrededor de 29 millones de euros en adjudicaciones entre 2008 y 2011. Un montante que se reparte en 34 contratos, más de los que obtuvo Teyco, la principal firma investigada. Además de este récord, Rogasa y Teyco comparten un lugar clave en la investigación, Sant Cugat, ayuntamiento bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción justamente por las adjudicaciones sospechosas a Teyco.

En un solo ayuntamiento se centra, en cambio, la mayor parte del montante (al menos 72 millones de euros) que se llevó en este periodo Urbaser, filial de ACS. Se trata de los 65,9 millones de euros por los que se adjudicó la edificación y gestión del Polideportivo Torre Roja en el Ayuntamiento de Viladecans -eso sí, gobernado por el Partido Socialista Catalán-. En el marco de la operación Petrum, el director de Urbaser ha sido detenido en Barajas a su regreso de Cuba.

Misma suerte, el calabozo, ha tocado a Antonio García Bragado, socio de Tec 4, que donó 50.000 euros a la fundación CatDem. Esta constructora consiguió contratos por hasta siete millones de euros entre 2008 y 2011, el 76% de ellos para trabajos en una de las obras más controvertidas en Cataluña durante los últimos años. Se trata de la Línea 9 del Metro de Barcelona, cuyo presupuesto ha pasado de los 2.500 millones de euros iniciales a los 16.000 millones que se habrán gastado una vez terminada. Es decir, si nuevos retrasos o detenciones lo permiten, en febrero de 2016.