El hombre que adjudicaba la obra pública catalana conducía un Audi de constructoras

Un extenso patrimonio, periódicas visitas al despacho de Jordi Pujol Ferrusola, sospechosas adjudicaciones a empresas y, especialmente, el disfrute de un coche de lujo que pasa misteriosamente de éstas a las manos del secretario general de Política Territorial y Obras Públicas. Ése es el resumen de una historia plagada de oscuros nombramientos por parte de Artur Mas: Josep Anton Grau Reinés tuvo en sus manos el poder de adjudicar obras. Pasó, junto a Artur Mas, la travesía del desierto y luego reapareció como director del Incasol y, ahora, como director general de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Es el pago por los servicios prestados a un hombre que controlaba las adjudicaciones de obras y que los juzgados investigan por prevaricación y falsificación. Ésta es la historia de uno de los ‘cienmileuristas’ de la Generalitat.

“Sobre las 18.22 horas, se produce el primer contacto visual con el que identificamos como el señor José Antonio Grau, pues sale del parking del edificio a bordo de uno de los vehículos, en concreto del Audi A6 dorado metalizado y provisto de matrícula B-0012-TX. Va equipado con porta-esquís (…) Continúa su rápida conducción, enfilando la nacional 152 en dirección Vic-Ripoll, prosiguiendo la marcha hacia Planes (Planolas). Cabe hacer mención, según las investigaciones practicadas, del hecho de que en dicha localidad el informado dispone de un apartamento del que ya hemos detallado su ubicación y características”.

Ésta es una anotación del día 9 de marzo de 2001 y relata el seguimiento de una agencia de detectives a Grau Reinés, secretario general de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Unos días después, el día 13 de marzo, los sabuesos detectan otro desplazamiento en el Audi. Se desplaza hasta la sede de la Consejería y “sobre las 11.20 de la mañana, un individuo procede a llevar el automóvil en cuestión hasta un concesionario de la casa Seat-Audi-Volkswagen situado en la calle Murcia, regresando más tarde al centro de trabajo en compañía de otro sujeto, usuario de un Volkswagen Passat azul marino (…) Según nuestras apreciaciones, estos señores deben pertenecer al grupo de escolta o servicio particular de la Generalitat de Cataluña”.

Vigilando el despacho de Júnior

Los detectives mantuvieron también vigilado en esa época el despacho de Jordi Pujol Ferrusola (que en círculos políticos y económicos es conocido con el apodo de Júnior) y Jordi Puig, en aquel tiempo socio suyo en las empresas que tenían en común y ubicadas en la calle Ganduxer (la sede que fue registrada esta semana por la Policía). ¿El motivo? Las sospechas de que “mantiene cierta relación ‘extraoficial’ que deriva en irregularidades y favoritismos”. De este modo, pudieron conocer que el secretario general de Obras Públicas pasó tres veces por aquel despacho en un corto periodo de tiempo: el 20 de febrero, el 26 de febrero y el 19 de marzo. Todas las visitas se realizaban sobre las 14 horas y “su estancia se prolonga por un período máximo de 30 minutos, debiendo destacar el hecho de que en las tres visitas aludidas, el interesado porta consigo un sobre blanco, tanto al entrar como al salir”. Y añade luego: “Nuestro trabajo de observación, tanto en lo que se refiere a los controles convencionales como al estático (…) se ha complementado con la filmación videográfica correspondiente y con algunas imágenes fotográficas extraídas de la propia filmación”.

Lo curioso de todo ello es la historia del coche de lujo. El vehículo en cuestión, con un valor aproximado de más de 8 millones de pesetas de entonces (casi 50.000 euros) estaba a nombre de Natividad Fernández, la compañera sentimental del alto cargo de Obras Públicas. Pero hasta hacía muy poco, pertenecía a una empresa.

En un capítulo específico sobre el vehículo, se señala que “anteriormente, fue propiedad de Disva SA, sociedad que ha sido administrada, entre otros, por el señor Josep Maria Ramón Reverter, accionista y administrador a su vez de Firtec SA, filial de Sorigué SA y con el mismo domicilio que esta última. Sorigué es una de las empresas que tradicionalmente más se ha beneficiado de la adjudicación de obra pública por parte de los Gobiernos de Convergència. En Firtec, coinciden directivos de esta empresa y otra asidua de las adjudicaciones, Comapa, así como Construcciones Retamal, “terna ésta beneficiada por las adjudicaciones realizadas por nuestro informado señor Grau”, subrayan los detectives. "Retamal fue absorbida por Sorigué". Más tarde, añaden: “Tales hechos fundamentan la hipótesis de un posible trato de favor hacia Sorigué-Comapa-Retamal por parte del señor Pujol Ferrusola, aunque actuando de intermediario y valiéndose de su cargo nuestro informado señor Grau”.

En un párrafo del informe realizado,los detectives subrayan que, aunque el coche está a nombre de Natividad Fernández, “quien realmente lo utiliza habitualmente para sus desplazamientos es el señor Grau Reinés”.

También era elevado el patrimonio del alto cargo: disfrutaba de un dúplex en la localidad gerundense de Planoles (que en aquel tiempo aún estaba escriturado a favor de Grau y de su primera esposa, un terreno de 28 áreas en la misma localidad y un piso en la ronda General Mitre de Barcelona, en la zona alta de Barcelona.

Curiosas conexiones empresariales

Grau había sido el segundo de la Consejería de Obras Públicas cuando al frente de esta institución estaba Pere Macias, hasta hace poco portavoz adjunto de CiU en el Congreso de los Diputados. Macias, curiosamente, era socio de Felip Puig (quien le sustituyó en la Consejería), en un pool de empresas que operan desde la calle Laforja de Barcelona, relacionadas con la ingeniería y la arquitectura. Felip, en cambio, cuando llegó a la consejería en noviembre de 2001 sólo mantuvo a Grau unos meses en su cargo. Puso como secretario general a un hombre de su confianza pero le dio a Grau (que visitaba periódicamente el despacho de la calle Ganduxer, donde trabajaba Jordi Puig, hermano del ‘conseller’) el cargo de secretario de Territorio. Vamos, que no lo echó ni le bajó la categoría.

Grau había sido presidente del Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques (Cimalsa), presidente de Regs de Catalunya (Regsa), presidente de Ferrocarrils de Muntanya y de Grans Pendents SA, presidente de Equacat y “consejero de diversas empresas públicas y privadas”, según consta en su ficha de la Generalitat. Entre otras cosas, fue vicepresidente de Gisa (el organismo que controla la obra pública), es consejero de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y también fue gerente del Hospital de Sant Pau y director del Institut Català del Sòl (Incasol), el organismo que controla el suelo público. En Sant Pau, adjudicó un contrato de 5,1 millones sin concurso a la multinacional Philips, por lo que tuvo que declarar ante el juez. También se vio envuelto en la adjudicación de las obras de remodelación del hospital en cuatro fases, tres de ellas adjudicadas a una UTE donde figuraban Obrascon, Guinovart y Emte, y otra donde aparecían Dragados y Axima. Las tres primeras fases costaron casi 107 millones de euros, investigadas también. Grau fue imputado por el juzgado número 22 de Barcelona a mediados de 2013 por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos.

Artur Mas le había fichado como director del Incasol cuando logró el poder en la Generalitat (durante la travesía del desierto de CiU, administró varias empresas, como Grau Rodríguez Cambres, Nou Galib y Ecomasterplan) y en enero de 2013, fue nombrado director general del consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano(ATM), con un salario de 137.637,76 euros anuales, suculentas dietas aparte.