Grifols, último capítulo de la menguante política industrial de la Generalitat

Que Grifols haya trasladado los centros de decisión del 75% de su negocio es el último capítulo de las carencias de la política industrial de la Generalitat, según las fuentes consultadas. Cataluña no es el País Vasco. Cataluña tiene industria pero hace años que carece de política industrial. La diferencia entre la presidenta de Navarra, Uxue Barcos quien rápidamente se reunió con VW mientras que Artur Mas no se vio con los sindicatos de Seat hasta el 14 de octubre, cuando el escándalo había estallado el pasado 18 de septiembre, muestra dos modos de hacer política y las distintas prioridades de unos y otros.

Joan Coscubiela, ex líder de CCOO en Cataluña y desde el próximo lunes nuevo portavoz de Catalunya Sí que es Pot, manifiesta que “lo que está pasando en este momento agrava una tendencia de los últimos años. El Gobierno de la Generalitat ha renunciado a intervenir en la política industrial y el conseller se limita a ser un mero espectador”.

Para Coscubiela, “Euskadi tiene una política industrial mucho más activa. Y sí se habla con los sindicatos. Pero hay un problema más general: en la medida que el eje de la política catalana pivota alrededor de un país de futuros se están abandonando las políticas del presentes”. O lo que es lo mismo, el debate independentista eclipsa todo lo demás.

Coscubiela ironiza que “con la votación de CiU en el Congreso a favor de la reforma laboral presupuso una renuncia a los mecanismos de intervención, como era la posibilidad de las CCAA de autorizar los ERE. Con esa reforma laboral se daba carpetazo a una verdadera estructura de Estado”.

No se trata sólo de Grifols. Es una tendencia general. En cuanto se sentó en su silla, el conseller de Empresa y Ocupación, Felip Puig, se encontró con la marcha a Madrid de la sede de Arbora, que había sido vendida por Artur Carulla y su grupo Agrolimen. En esencia, Puig arrancó su mandado con la pérdida de un centro de decisión y lo acabará con la de otro. De Arbora a Grifols hay dos años convulsos en lo que Puig ha tenido éxito apagando fuegos, como con Alstom, pero en el que la planificación y la prevención han brillado por su ausencia.

De Mena a menos

El predecesor de Puig fue el profesor de Esade Francesc Xavier Mena, impulsor de la política de “business friendly” que en la práctica se demostró inoperante. La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados lo describe así: “Mena era una catástrofe y Puig no se ha dedicado a esto. Ha hecho grandes actos que eran humo pero no había una estrategia. La única estrategia que se ha planteado fue el último año y se hizo carente de presupuesto”.

Granados denuncia que el Pacto Mas Industria, que impulsaron las universidades y los agentes sociales “nació sin asignación presupuestaria. Y después de tanto despropósito en el sector industrial a la Generalitat ya ni se le espera”.

Una política industrial no puede centrarse en evitar que una planta se clausure durante la campaña electoral y luego que ponga en la calle a 257 trabajadores, como ha pasado en Valeo. O estar tan centrado en la independencia que luego se carezca de cualquier complicidad con Madrid, un panorama que ha sentenciado a los 500 trabajadores de Solvay.

Como explica la responsable de asuntos económicos del PSC, la diputada en el Parlament, Alicia Romero, “somos de las pocas regiones que no ha asignado el plan europeo RISC-3 para el período entre el 2014 y el 2020 y dotado con 1.980 millones de la UE. La Generalitat ha apostado por siete sectores, lo que quiere decir que no apuestan por ninguno. Prefieren no mojarse y contentar a todo el mundo”.

“En política industrial ha habido muy poca definición. Cataluña ha perdido entre 15 y 20 puestos en el ránking de la competitividad en Europa. Y al final sólo se lanzan pelotas fuera”, lamenta Romero.

También contundente se muestra el diputado de Ciudadanos y número dos de su grupo parlamentario Carlos Carrizosa, para quien “en un país ha de haber una política industrial que evite que las empresas hagan la maleta y se vayan a un país más rentable fiscalmente basada en mantener la seguridad jurídica relajar la complejidad burocrática”.

Pero justo lo contrario es lo que no hace la Generalitat, denuncia Carrizosa. Este diputado apunta que “es obvio que la seguridad jurídica no existe porque tenemos un Parlament que quiere abrir un proceso constituyente para separarse de España y salir de la UE. Eso es un dato objetivo. Y está afectando a estas crisis industriales. Y la sencillez burocrática tampoco la tenemos, al contrario. Igual que otros aspectos, como la formación en el empleo, que se encuentran dejados de la mano de Dios”.