La directora que se negó a ceder su colegio para el 9-N recibió "presiones" del Govern

La que era directora del IES Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que se negó a ceder el centro educativo para la celebración de laconsulta del 9 de noviembre de 2014,ha asegurado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que recibió "presiones" de la Conselleria de Enseñanza para que entregase las llaves, han informado fuentes judiciales.

En una declaración como testigo de apenas una hora ante el juez, Dolores Agenjo ha relatado al magistrado Joan Manuel Abril que recibió varias llamadas de la directora de los servicios territoriales de la Generalitat, Montse Llovet, para que entregase las llaves, pero ella se negó a hacerlo hasta que le enviasen una orden por escrito porque el Tribunal Constitucional (TC) había declarado la consulta anticonstitucional.

Recibió llamadas para que entregara las llaves

Según ha explicado ella misma a los medios a su salida a las puertas del Palau de Justicia, Agenjo recibió "hasta cinco" llamadas de Llovet entre el 6 y el 7 de noviembre -ya después del pronunciamiento del TC-, que ella interpreta como presiones para entregar las llaves.

Agenjo, que ya está jubilada, formó parte de la candidatura de Ciudadanos en las elecciones catalanas del 27 de septiembre: "Me llamaron el 30 de julio por si quería formar parte", según ha explicado a los medios.

La entonces directora ha sido la primera de los cinco testigos citados para declarar este lunes en la causa en la que el TSJC mantiene imputados al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, por presunta desobediencia.

Los actos del 9-N: 500.000 euros

También ha declarado el administrador de la empresa Serveis de l'Espectacle Focus, Daniel Fernández, que ha explicado al tribunal que el coste del operativo del centro de prensa que se organizó en el recinto ferial de Montjuïc fue de 140.000 euros.

Según fuentes judiciales, Fernández ha explicado que este trabajo no se pagó aparte, sino que estaba incluido en un contrato global que la empresa tiene suscrito con Presidencia de la Generalitat, por el que se encargan de asumir la organización de sus actos durante todo el año hasta llegar a un importe máximo total de 500.000 euros. Fuentes judiciales han explicado que, pese a que el centro de prensa ya costó 140.000 euros, en todo el año y sumando todos los actos de Presidencia no alcanzaron el tope de 500.000 euros.