La Policía Nacional patrullará Cataluña el 27-S y contará con 1.200 agentes más

Los Mossos d’Esquadra son poco de fiar. O, mejor, los mandos de los Mossos d’Esquadra. Por ello, el Ministerio del Interior patrullará las principales ciudades catalanas con vehículos camuflados durante el fin de semana de las elecciones catalanas. No es la primera vez. Durante la cumbre del Banco Mundial en 2012, ya lo hizo. Y durante la consulta del 9 de noviembre, también: 40 vehículos (coches y motos) sin ningún distintivo se mantuvieron circulando y tomando nota de la situación en cada momento.

El 9 de noviembre, el Ministerio avisó al director de los Mossos de que éstos deberían mantenerse dentro de la legalidad vigente. Era un aviso envenenado. En realidad, el ministro Jorge Fernández Díaz llegó a plantear en una reunión en La Moncloa la posibilidad de asumir el mando de los Mossos d’Esquadra en la ciudad de Barcelona durante tres días. Fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que echó para atrás la medida, al considerar que podía tener un efecto boomerang pernicioso para el Gobierno central y por la complejidad legal para aplicar la medida. Sí aprobó, en cambio, el dispositivo de los agentes.

El27 de septiembre ocurrirá algo similar. “Con la nueva Ley de Seguridad, ya no es imprescindible retirar antes las competencias para asumir el mando de los Mossos, sino que se puede hacer directamente”, admiten fuentes del Gobierno central a El Confidencial. De momento, se ha puesto en marcha un nuevo funcionamiento de la sala del 091 en Barcelona, se han rehabilitado algunas antiguas dependencias que habían caído en desuso tras el traspaso de competencias a los Mossos y desde hace semanas se realiza una labor de “captación de información en la calle” para preparar cualquier dispositivo.

A estas medidas, hay que sumar el traslado de efectivos policiales a Castellón y Zaragoza, que en caso de necesidad reforzarían las unidades que ya están ubicadas en Cataluña. En concreto, hay 500 agentes viviendo en una población costera catalana que, oficialmente, sirven para reforzar los controles de seguridad de La Jonquera. Con los refuerzos de Castellón y Zaragoza, el Ministerio contaría con unos 1.200 agentes más para garantizar la seguridad ciudadana.

La reunión secreta

Lo que más preocupa al Gobierno central, sin embargo, es la actitud de un reducido núcleo de mossos fanáticos del independentismo y articulado en la plataforma Mossos per la Independència, encuadrada dentro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Este grupo había planeado una reunión secreta en Montserrat para el 7 de noviembre pasado, dos días antes de la consulta. Su objetivo: discutir cuáles eran los puntos neurálgicos de Cataluña y calibrar las posibilidades de controlarlos ante una posición de fuerza del Ministerio del Interior, obligando a cerrar los colegios electorales, por ejemplo.

Eligieron Montserrat por dos motivos: por el simbolismo que tiene el paraje (allí se reunió en los 70 la Asamblea de Cataluña y se fundó Convergència) y por la dificultad para controlar una reunión en una de las salas del monasterio. Pero los tentáculos de los servicios españoles son más largos de lo que estos mossos creían y pronto conocieron éstos que estaban tras sus pasos, que los tenían controlados y que podrían grabarlos, por lo que anularon en el último momento la cumbre.

El interés del Gobierno radica en el hecho de que algunas comunicaciones de los agentes citados invitan a la preocupación. “Que el Estado no se equivoque. Soy mosso al servicio de la Generalitat y del pueblo catalán. Y si he de defender una legalidad será la catalana”, decía un tuit realizado en el mes de julio pasado por Albert Donaire, portavoz de la plataforma. “¿Qué quiere decir eso? ¿Que, aunque la ley diga lo contrario, defenderá con todos los medios a su alcance, hasta las últimas consecuencias, cualquier ilegalidad de la Generalitat?”, argumentan fuentes cercanas al Gobierno central.

Una réplica le decía: "¿No tienes claro que la legalidad que has jurado es la Constitución?”. Y Donaire replicaba: “Los Mossos están al servicio del pueblo catalán y de su Parlamento. Y se ha de respetar. El peligro serán los unionistas rabiosos”. Esa misma jornada lanzaba otro aviso: “No es cuestión de lo que piensen, sino de cómo actúen. Nos debemos al pueblo catalán y estamos bajo las órdenes de su Parlamento”. Y, para no albergar dudas, zanjaba: “Que quede claro: la voluntad de servir y proteger a Cataluña y sus libertades es la que me llevó a ser mosso. No seré un traidor”.

Reventar las elecciones

El radicalismo del portavoz de Mossos per la Independència le llevó también a alentar el boicot a las empresas que no etiquetan en catalán o a pedir que Freixenet traslade su sede y sus viñedos a Madrid porque uno de sus propietarios, Josep Lluís Bonet, también presidente de la Fira de Barcelona, se posicionó en contra de la independencia. Ante las críticas suscitadas se defendía argumentando que “los colonos creen que los que trabajamos en los Mossos hemos de ser neutrales incluso en nuestra vida privada”. También es de los que cree que “el Estado catalán no ha de asumir nada de la deuda española. Bastante hemos asumido con todo lo que nos han expoliado (robado) estos años”. El 9 de agosto afirmaba que “con España no hemos de tener nada en común. Ya basta de humillaciones e insultos. ¡Recibimos un trato degradante!”. Y el día 24 lanzaba otra perla: “¿Sabes que soldados castellanos, cuando luchaban contra Francia violaban y mataban mujeres catalanas?”.

Cuando un juzgado de Vendrell ordenó a la Guardia Civil registrar la sede de la fundación convergente CatDem, sacó toda su artillería. “¿Imagináis que los Mossos entrasen en las sedes de C’s o PP a investigar supuestos casos de corrupción? ¿Y si no encontrasen nada, se lo inventasen?”. Era claro: “Comienzan las investigaciones a los partidos catalanes para reventar las elecciones con juego sucio, que es la única cosa que saben hacer los colonos”. Para Donaire, “el PP y Fernández Díaz aprovechan su mayoría absoluta para utilizar a la Guardia Civil como una policía…” y adjuntaba el enlace a una noticia cuyo titular era 'Fernández Díaz fuerza un ‘robo’ en CDC'. En realidad, el Ministerio del Interior no tuvo nada que ver, sino que todo obedecía a una orden del juez de Vendrell, pero la consigna de la candidatura Junts pel Sí (Juntos por el Sí) es machacar con ese mensaje.