Colau y la banca batallan por alargar el alquiler social tras las daciones en pago

La alcaldesa de Barcelona,Ada Colau, y la banca tienen su propio campo de batalla particular: prolongar los alquileres sociales de las entidades financieras después de las daciones en pago. Esto es lo que se oculta tras las rondas de reuniones amables que la nueva alcaldesa está manteniendo con banqueros, y que se abrieron con la reunión con el presidente de CaixaBank, Isidre Fainé.

Colau, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los activistas que se mueven en su entorno pretenden que la banca mantenga los pisos que financió durante la burbuja en su balance alquilados a precios muy bajos a familias con graves problemas económicos, según explican fuentes financieras conocedoras de las tensiones entre ambas partes.

De ahí la ronda de contactos de Ada Colau: primero,CaixaBank; luego Bankia y después Anticipa-Blackstone. Hasta ahora la dinámica había sido esta: la banca financia una hipoteca, luego la familia no puedepagarla. Con la intermediación de la PAH se negocia una dación en pago. El banco recupera el inmueble, pero pierde la parte de la deuda pendiente. A cambio de eso lleva a cabo una provisión por la pérdida. En la mayor parte de los casos la familia no es desahuciada, sino que gracias a la mediación de la PAH se queda como inquilino a cambio de pagar al banco un alquiler social, que oscila, según los casos, entre los 100 y los 150 euros mensuales.

La banca está dispuesta a mantener esta situación el período al que le obliga la Ley de Alquileres Urbanos (LAU) y que está marcadoen tres años, pero luego pretende recuperar las viviendas y venderlas para poder liberar como mínimo un parte de las provisiones.

La PAH, Ada Colau y el resto de la izquierda quieren prolongar esa situación de manera indefinida. Los bancos, por razones obvias, no. Pero estarían dispuestos a hacer un esfuerzo si los alquileres que abonan ahora estas familias damnificadas por la crisis fueran complementados por fondos públicos. La idea es que los inquilinos abonen un tercio y los dos tercios restantes que complementarían el pago a los bancos corran a cargo de la Administración, según señalan fuentes del sector financiero conocedoras de los contactos.

Una solución de 75 millones

Esta solución implica que la Generalitat debería poner 75 millones de euros al año. Esa cifra serviría para cubrir las cerca de 30.000 familias en Cataluña que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social y cuyos contratos de alquiler reducido con bancos o entidades financieras tienen fecha de caducidad.

Para que la banca admitiese que estos pisos permaneciesen en su balance sin que el Banco de España laobligase a contabilizar pérdidas adicionales, haríafalta multiplicar por tres los actuales ingresos. Pero como las familias no pueden pagarlo, los bancos quieren que la Administración arrime el hombro.

Cambio de escenario

El cambio de escenario es radical. Primero porque ahora Ada Colau es alcaldesa de la segunda ciudad de España. Su posición negociadora ha mejorado muchísimo, con mayor fuerza ante los bancos. Pero es que, además, la Administración es la propia Colau: dirige el segundo ayuntamiento más importante de España. Y el más rico.

El problema es la Generalitat. El problema de la vivienda excede el término municipal de Barcelona. Pero la Administración catalana se encuentra financieramente en las últimas. Y además, con un pie fuera. El 27-S está a punto de cambiar el mapa del Parlament. Mal momento para decidir nada. O bueno. ¿Qué mejor que una medida como esta para comerle terreno social a ICV, que apunta como futuro ganador. Con la intención de presentar a Joan Coscubiela como líder de un teórico Catalunya en Comú que intentaría disputarle el liderazgo a Artur Mas. Coscubiela es un candidato mucho mejor que Colau. Y Colau ganó. La Generalitat de Artur Mas necesita hacer algo para competir con él. Y puede que Ada Colau les empuje a ello.