Montoro y Fernández Díaz la arman en Cataluña al no acudir ante la Comisión Pujol

Informes contra informes. Algunos partidos catalanes quieren que los ministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, se sienten ante la Comisión de Investigación sobre el Fraude y la Evasión Fiscales y las Prácticas de Corrupción Política, más conocida como la Comisión Pujol. Pero estos han dado calabazas a los diputados autonómicos y no acudirán a la misma.

Para el lunes, estaba prevista la comparecencia del jefe de la UDEF, elcomisario Manuel Vázquez, que no compareció. Tampoco lo hizo el director de Inspección de la Agencia Tributaria, Luis María Sánchez. Para ayer, estaba prevista la asistencia de Montoro; Fernández Díaz;el jefe de gabinete del Presidente español, Jorge Moragas, y del director de la Policía, Ignacio Cosidó. Tampoco comparecieron, por lo que se anuló la sesión. La Mesa acordó volver a citar a los dos primeros y llevar su incomparecencia a la Fiscalía si vuelven a desobedecer, ya que según el reglamento del Parlamento es obligatoria la comparecencia de las personas citadas, aunque luego tengan el derecho a acogerse a no declarar. La semana que viene, la Mesa examinará la incomparecencia del resto de citados.

“Nosotros nos basamos en un informe jurídico realizado por los letrados del Parlamento en el que se dice que las personas citadas están obligadas a comparecer. Valiéndonos de este informe, hemos considerado oportuno hacer la solicitud de comparecencia”, señala a El Confidencial la diputada Meritxell Borràs, portavoz de Convergència i Unió (CiU) en la comisión. Además de ese informe, la Mesa del Parlamento autonómico encargó otro más para asegurarse de las medidas que debe tomar.

Para el portavoz parlamentario adjunto del PP, Santi Rodríguez, en cambio, “es cierto que existe el informe de los letrados del Parlament, pero también existen dos informes del Consejo de Estado que explican que los altos cargos de la Administración del Estado sólo están obligados a comparecer ante una comisión de un Parlamento autonómico cuando se trate de cuestiones que son competencia exclusiva de estos órganos”.

Borràs, no obstante, señala que “no pedimos que vengan a informar sobre competencias españolas en la lucha contra el fraude, sino que el tema se circunscribe al fraude en el ámbito catalán”. Pero Rodríguez, por su parte, asegura que “los citados lo habían sido para hablar del fraude en el Estado, o al menos eso es lo que se desprendía de las citaciones. Y ese tema no es competencia exclusiva del Gobierno o del Parlamento catalanes”.

Falta de voluntad política

Esos argumentos no satisfacen a los nacionalistas, que ven “un tema de voluntad política en vez de uno de legalidad. Los altos cargos del Estado deberían venir a dar determinadas informaciones. Pero no hay voluntad de hacerlo así desde el Gobierno central”. El propio portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, se refirió a estas incomparecencias en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno y afirmó que “sinceramente, creo que es una falta de respeto y de deslealtad hacia el Parlamento el no acudir a las citaciones”. Homs añadió que el Gobierno de la Generalitat apoyará cualquier decisión de la Mesa del Parlamento, incluido el acudir a la Fiscalía y aunque los acusados sean ministros del Gobierno central.

Los letrados de la cámara autonómica aluden en su informe al artículo 59 del Reglamento del propio Parlamento, que establece que es obligatoria la comparecencia a una comisión de investigación si se cita a una persona, aunque ha de advertírsele de la responsabilidad penal en caso de no hacerlo. Ese artículo señala también que “la comparecencia únicamente se puede requerir en relación a cuestiones que son competencia de la Generalitat”. Y termina señalando que en caso de que la persona desatienda el requerimiento, “la Mesa del Parlamento ha de dar cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de substanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder”.

El diputado popular Santi Rodríguez sostiene que, en primer lugar, “las primeras citaciones no contenían ninguna de las medidas que establece el propio reglamento, ya que han de advertir de los derechos y deberes, de sus obligaciones y de sus responsabilidades eventuales, incluida la responsabilidad penal en que se puede incurrir. Debido a ese fallo, se volvió a realizar otra citación en la que ya constaban esos extremos”.

En la reunión de la Mesa celebrada ayer, los partidos a favor de las comparecencias hicieron constar exactamente las razones concretas de lo que se requiere información y se exponen las cuestiones que se le preguntarán “para que no se pueda hacer servir el argumento de que no sabe de qué se le va a preguntar”.

Desde el Gobierno central, en cambio, se sigue echando mano de los dos informes del Consejo de Estado. “Tanto el reglamento del Parlamento como el Consejo de Estado dicen muy claro que ha de ser sobre temas que sean competencia exclusiva del Gobierno catalán. Y lo cierto es que las citaciones son para hablar del fraude en el Estado español, cosa que no es competencia del Gobierno autonómico. Por tanto, seguirá sin haber comparecencias”.

La vicepresidenta primera del Parlamento, la republicana Anna Simó, también se mostró crítica con la postura de los altos cargos del Gobierno español y recordó que debían comparecer, aunque luego se acojan a su derecho a no declarar. “Lo que no pueden hacer es no comparecer, porque entonces se vacían absolutamente de contenido las comisiones de investigación”.