para “ENFOCAR LA REACCIÓN INTERNACIONAL al proceso”

El Gobierno catalán contrató un 'lobby' para torpedear a la diplomacia española

En las webs de la Generalitat, de Acción Exterior y de Diplocat no existe referencia alguna a ese 'lobby'. Sin embargo, la empresa remite informes mensuales a Artur Mas
Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), junto al presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas (i). (Efe)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), junto al presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas (i). (Efe)

El Gobierno catalán contrató en el otoño de 2013 a un lobby internacional para contrarrestar la diplomacia española en todo el mundo. Así se desprende de los contratos firmados por ese lobby, llamado Independent Diplomat (ID), tanto con el Diplocat (organismo responsable de la diplomacia catalana) como con la delegación de la Generalitat en Estados Unidos. El Gobierno catalán adujo como motivos para fichar a ID la “asesoría integral de toda la acción exterior de Cataluña” y, en especial, el apoyo a las empresas catalanas que buscan nuevos mercados.

En los documentos oficiales no se cita para nada a esas empresas, pero sí un conjunto de medidas para asegurarse de que nadie obstaculice las decisiones tomadas en Cataluña y poder contrarrestar los mensajes del Gobierno central y poder “responder eficazmente a las críticas, en especial las de Madrid”.

Todos los documentos relacionados con el caso son tabú en el Gobierno catalán. A pesar de la página web de transparencia de la que presume el presidente catalán, Artur Mas, todo lo que hace referencia a Independent Diplomat se maneja con excesiva cautela. En las webs de la Generalitat, de prensa, de Acción Exterior y de Diplocat, no existe la empresa Independent Diplomat. Este lobby, por si fuera poco, debe entregar un informe mensual a Artur Mas, pero esos documentos se mantienen en secreto y solo son conocidos por el entorno más íntimo del president.

La empresa Independent Diplomat tiene contratos firmados tanto con el Diplocat como con la delegación de la Generalitat en Estados Unidos

¿Evidencian esos informes mensuales acciones de boicot a la diplomacia española? Nadie lo sabe. En todo caso, y a pesar de que cuestan millones de euros al erario público, Mas no los enseña a nadie que no sea de su entera confianza. Juan Milián, diputado popular y miembro de la comisión de asuntos exteriores, se extraña de tanto secretismo. “O están haciendo algo ilegal o no lo entiendo”, explica Milián a El Confidencial. Y añade: “Puede haber dos motivos por los que existe esta opacidad en el Gobierno catalán: o bien hacen algo anticonstitucional; o bien lo que se está llevando a cabo es una acción exterior que debería realizar el secretario de exteriores o el consejero de Presidencia pero que ha sido delegada en estos señores, por lo que existe una duplicidad de funciones que debería cesar”.

Tanto él como su compañero de filas, Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento de Cataluña, han pedido amparo a la presidenta de la cámara, Núria de Gispert, y al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, debido a las reiteradas negativas del Gobierno catalán a enseñarles los documentos generados por esta contratación. La poca transparencia del Gobierno de Mas obligó a Ribó a dirigir una carta a la Generalitat reclamando que deje de mirar para otro lado y entregue los documentos que se le se solicitan.

Los términos del concurso

Por los datos que ha podido obtener El Confidencial, nada es como lo pintan. A pesar de las excusas iniciales de que la contratación de ID no era para asesorar sobre el proceso de independencia, las dudas aparecen en cuanto uno observa los pliegos de condiciones previos al concurso convocado: “Análisis completo y actual de toda la reacción internacional a los acontecimientos relacionados con Cataluña y especialmente de las entidades políticas más importantes, como los países europeos y la UE”, dice una de las bases. Y otra zanja: “Estrategia diplomática bien desarrollada para informar y enfocar la reacción internacional respecto del proceso mediante el cual Cataluña decida su futuro político, al tiempo que asegurar que la comunidad internacional dé apoyo -y no obstaculice- las decisiones tomadas por Cataluña”.

Los servicios que se habrían de acometer serían el tener “información puntual y actualizada sobre las perspectivas de importantes individuos e instituciones internacionales, particularmente la UE; asesoramiento respecto de la estrategia que permita que Cataluña misma oriente y dirija la reacción internacional a sus decisiones políticas, a la vez que ayudar a Cataluña a responder eficazmente la crítica, especialmente la de Madrid; y consejos detallados sobre las opciones diplomáticas futuras para Cataluña, y concretamente sobre las consecuencias de sus decisiones en relación con la UE y cómo Cataluña puede conseguir la mejor relación respecto de la UE”.

Portada de la web de Independent Diplomat.
Portada de la web de Independent Diplomat.

Fuentes del Gobierno catalán señalan a El Confidencial que “no se contrató a ID para dirigir el proceso internacionalmente, sino para tener un asesoramiento global en todas las materias. El 70 o el 80% de la acción exterior de la Generalitat se hace en el terreno económico y por eso la mayor parte del asesoramiento se hace en ese terreno”.

Aseguran las fuentes que “es difícil a veces separar economía de política. Son dos conceptos inseparables muchas veces. Por ejemplo, cuando se reparten los fondos PAC de agricultura, los payeses se ven afectados. En ese momento, necesitamos un lobby que vele por sus intereses. En este caso, por ejemplo, podemos admitir que nuestros asesores hacen 'lobbismo'. ¿Pero lo hacen en el terreno económico o en el político? Evidentemente, tiene mucho de componente político aunque sea un tema eminentemente económico. Y así ocurre con casi todas las materias, porque en mayor o menor medida todos los Departamentos del Gobierno catalán necesitan de vez en cuando una mano en el exterior. Sin embargo, queremos dejar muy claro que lo que estamos pagando es una asesoría para ayudar a la economía catalana”.

El diputado regional Juan Milián (PP) explica que “la Constitución permite que las comunidades autónomas tengan acción exterior, pero en unos determinados límites y esencialmente para promocionar el comercio. Pero en este caso, lo que parece existir es una voluntad de contrarrestar la política exterior española, lo que es claramente anticonstitucional”.

Milián (PP) explica que 'la Constitución permite que las comunidades tengan acción exterior, pero en unos límites y esencialmente para promocionar el comercio'

Fuentes expertas en la materia consultadas por El Confidencial señalan también que “la UE permite que las regiones realicen acciones de política pura al margen de los Gobiernos. Otra cosa es que no tengan representación diplomática. Pero los Tratados no permiten realizar solo acciones económicas de apoyo a las diplomacias estatales, sino acciones políticas al margen de las mismas. En este caso, si alguna cosa contradice la Constitución española, sería cuestión de adecuar esta a las normas europeas, porque si España firma un Tratado, ha de adecuar sus leyes y sus reglamentos a este, al ser un marco de rango superior a una ley nacional”.

El asesoramiento de ID ha recibido críticas acerbas desde la oposición. De momento, ha trascendido que la Generalitat pagó una factura de 360.000 euros en el 2013 y firmó dos contratos a finales de ese año para pagar, durante 2014, un total de 648.000 y 72.000 euros más. En total, pues, se habrían gastado en este lobby un total de 1.080.000 euros (más IVA).

A ello, se habrían de sumar gastos paralelos, como las inserciones de páginas de pago –reportajes, entrevistas o artículos de opinión– en medios de comunicación de diferentes países, por ejemplo, o la organización de eventos y las invitaciones a “pensión completa” de activistas, politólogos, economistas o periodistas propuestas por ID. Toda una batería de acciones que tienen poco que ver con las empresas catalanas pero que están estrechamente vinculadas al proceso político de la independencia de Cataluña. De ahí las suspicacias de la oposición no nacionalista.

Cataluña

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