Manos Limpias pedirá que Mas 'desfile' ante el TSJC por la desobediencia del 9-N

Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido investigar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a dos de sus dirigentes, Joana Ortega e Irene Rigau, el siguiente paso es citarlos a declarar en calidad de imputados. En vista de que los magistrados todavía no han acordado su citación desde el 22 de diciembre –día que se admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía–, la acusación popular representada por el sindicato Manos Limpias va a solicitar en los próximos días que desfilen ante la Justicia.

Según fuentes de la acusación, tanto Mas como la vicepresidenta del Gobierno y la consejera deben ser citados oficialmente como imputados y ser interrogados por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instruye el caso por un delito de desobediencia al convocar la consulta soberanista a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional.

Este asunto está cargado de polémica desde el principio. El presidente catalán mantuvo un pulso hasta el final tanto con el Gobierno central como con el Tribunal Constitucional, haciendo caso omiso a las advertencias y prohibiciones. Tras la celebración del 9-N, la situación todavía se complicó aún más a raíz de la oposición de la Fiscalía de Cataluña a actuar contra Mas o cualquier otro dirigente. Entendía que no había indicios de un delito de desobediencia porque en la suspensión cautelar fijada por el TC contra el 9-N no existía, a su juicio, una advertencia expresa de las consecuencias jurídico-penales que podría acarrear el incumplimiento de tal resolución y, por tanto, no se cumplían los requisitos para la comisión de ese delito.

Su postura provocó que el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, convocara una junta de fiscales –compuesta por la cúpula del Ministerio Público– para decidir si había base para la presentación de la querella. Ante el apoyo unánime, a la Fiscalía de Cataluña no le quedó más remedio que presentar un escrito contra Mas, Ortega y Rigau por varios delitos, entre ellos el de desobediencia y el de malversación de caudales públicos, por utilizar dinero público para una convocatoria ajena a la legalidad.

Dudas de la continuidad del caso

Fuentes jurídicas sospechan que el TSJC podría haber admitido a trámite la querella, y acumular el resto de denuncias que se presentaron tras el 9-N contra varios dirigentes catalanes para evitar un revés del Tribunal Supremo, pero los magistrados que componen la Sala podrían tener en mente archivar el asunto por falta de indicios. Es decir, algunas fuentes de la carrera judicial temen que después de la admisión a trámite, e incluso de la citación judicial, el asunto finalmente no acabe en juicio, sino que quede archivado previamente ante las propias dudas que existen dentro de la judicatura de si el comportamiento de Mas cumple los requisitos para la comisión de un delito de desobediencia.

Precisamente, la diferencia de criterio a la hora de actuar respecto del 9-N fue una de las causas que precipitó la salida de Torres-Dulce de la Fiscalía General del Estado. El jefe del Ministerio Público apostaba por que fuera el Gobierno, antes de la celebración de la consulta, el que utilizara todos los mecanismos legales posibles para evitar su celebración, e incluso optaba por querellarse contra el presidente catalán antes del referéndum soberanista. Sin embargo, el Ejecutivo, liderado por Mariano Rajoy, quiso esperar a los acontecimientos y ver cómo se desarrollaba la jornada del 9 de noviembre.

El fiscal general apostó desde el principio por actuar

Torres-Dulce siempre tuvo claro que había base para actuar contra Mas. En la querella, que él mismo supervisó, sostiene que Mas, Ortega y Rigau “han dispuesto de fondos públicos en cuantía aún indeterminada para consumar la desobediencia a la suspensión, facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta, por lo que ha destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”.

Asimismo, entiende que las actuaciones analizadas lesionan claramente el “bien jurídico” protegido por el delito de prevaricación, que no es sino el “recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución”. Explica que Mas y los demás dirigentes de la Generalitat eran conocedores de la suspensión fijada por el TC, que prohibía la consulta y todos los actos preparativos y, sin embargo, siguieron adelante.

Así, el Ministerio Público defiende que una vez que se acuerda la suspensión no hacía falta impugnar cada movimiento de los dirigentes del Gobierno catalán. El “proceso participativo” que se celebró el 9-N con el objeto de que los catalanes votaran a favor o en contra de la independencia fue “planificado, auspiciado, y financiado por Generalitat”.