¿Quiénes 'se forran' con las dietas catalanas? Consellers y altos cargos con sobresueldos

Ser alto cargo político en Cataluña es un verdadero chollo. Para empezar, un consejero de la Generalitat tiene un sueldo anual de más de 103.000 euros (con los recortes aplicados, porque antes eran 108.000), pero luego complementa sus emolumentos con dietas por formar parte de organismos públicos que dependen de su propia consejería y cuyos cometidos entran dentro del ámbito de responsabilidad del propio consejero. De ahí que haya ‘vivales’ que se embolsan no sólo los 108.000 euros que cobraban antes de los recortes, sino un buen pico más.

Lo malo es que hay altos cargos, como consellers, secretarios del Gobierno o directores generales, que cobran dietas por hacer el trabajo para el que los contrataron. Sólo así se comprende, por ejemplo, que Maite Masià fuese presidenta del Instituto Catalán de Energía (Icaen) y cobrase más de 250 euros por asistir a reuniones del consejo de administración de este organismo. Masià, para más inri, ha sido nombrada recientemente la segunda de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Y nadie entendería que, como tal, cobrase a partir de ahora por asistir a reuniones de la propia OAC.

Es lo que ocurre con el titular de Empresa y Empleo, Felip Puig. A su sueldo de seis cifras, Puig añade este año varios sobresueldos que dejan muy corta la renuncia a una paga extra que se afanó en publicitar el Gobierno catalán. Concretamente, el consejero de Empresa cobró este año 6.300 euros por asistir a las reuniones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI). Fueron 11 reuniones, que le reportaron 573,3 euros cada una de ellas. El consejero no se quedó ahí: también cobró 4.165 euros por asistir a las reuniones del organismo público Avançsa, que depende de su departamento. Y más: se embolsó 1.257,60 euros en dietas por asistir a las reuniones del Instituto Catalán de Energía, un ente público asimismo bajo su tutela departamental. En total, pues, el consejero cobró del erario público casi 12.000 euros además de su salario de 103.000 euros. Incluso la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, cobra los 6.300 euros por formar parte del consejo del CTTI.

Pero Puig y Ortega no son los únicos. Para empezar, los altos cargos del Gobierno catalán reservan para ellos mismos los grandes chollos de la Administración. En otras palabras: constituyen entes públicos que les sirven para cobrar dietas que se escapan al control oficial de los salarios. En el CTTI, por ejemplo, figuran todos los secretarios generales de las consejerías dela Generalitat, cobrando cada uno más de 6.000 euros anuales en dietas. En su organigrama figura sólo un intruso: Francesc García, que consta como “convidado al Consejo del CTTI como asesor de la Secretaría general de Salut”, por lo que percibe también 573,3 euros por cada reunión a la que asiste.

En ese organismo, el que maneja los grandes fondos de inversión de la Generalitat (el grueso de inversiones públicas se desvió en los últimos años de la obra pública a la inversión en nuevas tecnologías, donde se manejan contratos de cientos de millones de euros), están presentes, por ejemplo, el secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana; el secretario general de Economía, Albert Carreras; el secretario general de Gobernación, Lluís Bertran; el secretario del Gobierno, Jordi Baiget; el secretario general de Justicia, Enric Colet; la secretaria general de Agricultura, Bibiana Domingo; la secretaria general de Salud, Roser Fernández; el secretario general de Interior, Josep Martínez; la secretaria general de Enseñanza, Maria Jesús Mier; la secretaria general de Cultura, Pilar Pifarré; la secretaria general de Bienestar Social, Maria Dolors Rusinés, el secretario general de Territorio, Pau Villòria… y el presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Brauli Duart, cuyo salario oficial sobrepasa el de un conseller. Ninguno de ellos renunció a las suculentas dietas del CTTI. Incluso el director general de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró, pone la mano para recibir los 6.000 euros en dietas anuales de CTTI, un organismo que está bajo su responsabilidad. ¿Para qué se les paga, pues, a los altos cargos de áreas determinadas?

El chollo de los transportes

Los chollos también alcanzan al ente público Infraestructures de la Generalitat, que unifica la obra pública catalana. En su consejo figuran los principales cargos de las distintas consejerías. Lógico: cada reunión les reporta 627,45 euros. Y celebran 12 cada año, lo que les supone más de 7.500 euros adicionales, una propina que añadir a las restantes dietas.

En Infraestructures, Jordi Baiget cobra esas dietas, a pesar de que también tiene su salario oficial como secretario del Gobierno catalán, que llega a equipararse al de un consejero autonómico… de Cataluña, por supuesto. Baiget es también vocal de la junta de gobierno del ICF, por lo que cobra 540,90 euros por cada una de las 11 reuniones anuales a las que asiste.

Incluso el secretario de Universidades, Antoni Castellà (con un salario de casi 90.000 euros anuales), cobra prácticamente 6.000 euros por asistir a la junta de gobierno del ICF, un organismo de su propia consejería, a los que hay que sumar más de 2.000 euros por ser vocal de la sociedad pública Instruments Financers per a Empreses Innovadores SL (IFEM). No es de extrañar esta voracidad salarial: el consejero delegado del ICF, Josep Ramon Sanromà, cobra 360 euros por cada reunión de IFEM, casi 3.000 euros extras por ser presidente de la Comisión de Financiación Agroalimentaria, más de 4.000 en dietas por asistir al consejo de Avançsa y así un reguero de sobresueldos. Asimismo, la gerente del Institut Català de les Empresas Culturales, Natàlia Garriga, percibe 162 euros por cada reunión del consejo de administración a la que asiste. Como si asistir a una reunión no estuviese en el sueldo de gerente, director general o secretario.

En situación similar están también Albert Carreras (Economía), Enric Colet (Justicia), Bibiana Domingo (Agricultura), Josep Martínez (Interior), Maria Jesús Mier (Enseñanza), Dolors Rusinés (Bienestar Social) y Pau Villòria (Territorio), que cobran casi 6.000 euros cada uno en dietas por asistir a 11 reuniones anuales de Infraestructures. Lo curioso es que el presidente del ente, Joan Lluís Quer, el hombre de confianza de Artur Mas, cobra un salario que se escapa a todo control oficial. No obstante, también se embolsa los 627,45 euros mensuales como dieta por asistir a reuniones del consejo de administración que él mismo preside.

Las dietas de una empresa en quiebra

En la Agencia Catalana del Agua, las reuniones se pagan a 551,72 euros. En esta agencia, que está prácticamente en bancarrota, se pagaron dietas de 4.500 euros durante este año por cada consejero. Josep Pinyol, gerente de la entidad, renunció, sin embargo, a cobrar dietas. También Pau Villòria, secretario general de Territorio, y Damià Calvet, director general del Instituto Catalán del Suelo (Incasol,) renunciaron a las dietas de este organismo, que les hubiesen supuesto algo más de 2.000 euros. Pau Villòria renunció a dietas en las empresas públicas Agencia Catalana del Agua, Vivienda, Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) y Agencia de Residuos (que le habrían supuesto casi 2.000 euros por una reunión de cada uno de estos organismos) y se quedó con algo más de 4.000 euros de Ifercat y algo más de 2.000 del Incasol.

Tanto en Infraestructures como en el organismo público Ferrocarriles de la Generalitat o la ATM, los únicos que renunciaron a las dietas fueron los alcaldes de las localidades del área metropolitana de Barcelona, todos ellos de PSC o de ICV, como Antoni Balmón (Cornellà), Núria Marín (Hospitalet) o Lluís Tejedor (El Prat), que no cobran por asistir a reuniones de organismos públicos. Curiosamente, varios altos cargos del Gobierno catalán vetaron la publicación de las cantidades que cobran por asistir a esas mismas reuniones… pero se las embolsan. También Jordi Rovira, representante del comité de empresa de la Agencia de Vivienda, renunció a unas dietas similares en esta entidad.

En cambio, la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, de CiU, que además ha sido elegida recientemente portavoz de Convergència, prohibió que se hiciesen públicas las dietas que cobra, a pesar de que el Gobierno de su partido se presenta como el adalid de la transparencia. Los representantes de las diversas patronales que tienen derecho a figurar en los organismos también se acogieron a su derecho a vetar la publicación de sus emolumentos.

Casos curiosos son el de Bibiana Domingo, secretaria general de Agricultura, que cobra dietas por asistir a consejos de administración de organismos públicos como CTTI (573 euros por reunión), Infraestructures (627 euros por reunión), Comisión de Financiación Agroalimentaria (379 euros por reunión), Forestal Catalana (116 euros por reunión) o Promotora de Exportacions Catalanes (162 euros por reunión). El plus anual fuera de los 87.000 euros de salario de Domingo llega a casi los 20.000 euros, con lo que sobrepasaría el salario del propio consejero, eventualidad que ha sido vetada por el propio Parlamento catalán.

La secretaria general de Salud, Roser Fernández, cobra también más de 4.000 euros en dietas como vocal de la comisión ejecutiva del Instituto Catalán de la Salud (también tiene más de 6.000 euros por formar parte del consejo del CTTI). Sin embargo, renunció a la dieta de 1.800 euros del consejo de administración del mismo organismo, cosa que otros altos cargos de la consejería no hicieron.

Los que renuncian al chollo

Otro de los que sacan tajada es el secretario general de Justicia, Enric Colet, que figura en los principales consejos de administración que regalan suculentas dietas. Pero, además, Colet percibe 189 euros por cada reunión del consejo rector del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Lo curioso es que sólo son tres reuniones al año. El presidente de este organismo es el consejero de Justicia, Germà Gordó, que tampoco renunció a los casi 600 euros de dietas y además, cobra 756 euros adicionales como presidente del consejo de administración del Centro de Inserción y Rehabilitación (CIRE). Colet también se embolsa 378 euros en dietas por las dos reuniones anuales de este organismo, al que están adscritos altos cargos de otras consejerías.

Pero no todo es negativo. El consejero de Territorio, Santi Vila, renunció a todas las dietas que le correspondían en las reuniones de los entes y organismos que tiene bajo su jurisdicción. Y eso que es el que más se podía ‘forrar’ en lo que a ellas se refiere. Vila dejó constancia en cada uno de los organismos que renunciaba expresamente a las dietas por asistencia a reuniones, ya que consideraba que forman parte de su obligación como consejero.

El presidente del Liceo y exconsejero de Economía en tiempos de Jordi Pujol, Joaquim Molins, por su parte, renunció a las dietas como patrón de Esmuc, un órgano oficial de la Consejería de Enseñanza, que paga 120 euros en dietas por cada reunión. En cambio, el eurodiputado republicano Josep Maria Terricabras recibe, además de su astronómico salario como eurodiputado, 225 euros por cada reunión del Institut Català per la Pau (ICIP). Una mínima propina en relación a lo que cobra en Europa, por supuesto.