Iberpotash es condenada por primera vez por contaminar el agua de Barcelona

Contaminación, haberla, hayla. Es la del agua de las comarcas interiores de Cataluña y de la cuenca del río Llobregat, el que abastece el gran área metropolitana de Barcelona. La jueza Gloria Pérez, titular del juzgado penal número 1 de Manresa, acaba de dictar sentencia reconociendo la contaminación de la comarca con los residuos sólidos de las minas de Súria, que actualmente administra la compañía Iberpotash.

Un vecino y el colectivo ecologista L’Alzina habían interpuesto una denuncia contra Iberpotash y acaban de ganar la primera batalla: tres directivos de la compañía han sido condenados a dos años de prisión cada uno y la empresa a pagar una indemnización como responsable civil subsidiaria y a paralizar los vertidos salinos. Además, deben “tomar todas aquellas medidas de restauración que sean necesarias para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado, así como asumir el coste económico de la recuperación ecológica que suponga el retorno de los valores de salinidad de las aguas en los que tendrían en condiciones naturales”.

En otras palabras: las minas de Súria y Sallent están contaminando la cuenca del río Llobregat y las comarcas interiores de Cataluña y, como consecuencia, han salinizado la mayor parte de los acuíferos que afectan, especialmente, a la conurbación de Barcelona. O sea, a millones de habitantes.

Fuentes de Iberpotash manifestaron a El Confidencial que “los hechos por los que se ha dictado la condena fueron consecuencia de la actuación de los anteriores propietarios de las minas en los años 90. Iberpotash compró las explotaciones en 1998, pero la denuncia ya estaba presentada. Ahora, hemos interpuesto recurso en la Audiencia ante la sentencia del juzgado porque los hechos juzgados no son nuestros y porque, además, consideramos que los mismos no son constitutivos de infracción”.

Estas fuentes señalan que Iberpotash ha tenido, hasta el momento, dos sentencias en contra, pero todas por cuestiones de tramitaciones urbanísticas. Una de ellas hacía referencia a la fianza que la compañía tenía que presentar ante la Generalitat, que ya fue subsanada. Otra era por los plazos que se habían dado a la empresa para eliminar una montaña salina (los residuos sólidos que provocan las minas). “El Gobierno catalán nos ha dado un nuevo plazo para eliminar esos residuos hasta el 2017, junto con una limitación de la montaña de sal”, subrayan las fuentes.

Ello se debe, según recalcan las fuentes, a que si se ejecuta la sentencia habrá “pérdidas económicas importantes”. De ahí que casi una quincena de empresas de las comarcas interiores de Cataluña firmasen hace unos meses un escrito en el que pedían la no ejecución de la sentencia de eliminar la actividad de las minas de Súria y Sallent porque ello les causaría un quebranto de 26 millones de euros.

Investigación en Bruselas

Esa acumulación de residuos fue una de las causas por las que un vecino de la comarca llevase el tema a Bruselas, que ha abierto un expediente a Iberpotash. “En Europa siempre se abre expediente ante una denuncia, aunque sea de un particular. Pero luego, Bruselas no se dirige a particulares, sino a los Estados. Por ello, ha preguntado al Reino de España qué había del asunto y a nosotros no nos ha dicho nada”, enfatizan las fuentes.

A principios de este año, sin embargo, tanto el fiscal general del Estado como las autoridades comunitarias recibieron un contundente informe sobre la contaminación de la cuenca del Llobregat, elaborado por el doctor en derecho e ingeniero Sebastià Estradé, vecino de Sallent. Y es que ante su casa se alza una montaña salina de 500 metros de altura, formada con los residuos de las minas. Estradé ha ido ganando todas sus batallas ante la propietaria de las minas, ya que se convirtió, en los últimos lustros, en la conciencia ecologista de las comarcas interiores catalanas.

La sentencia del juzgado de Manresa, que lleva fecha del pasado 18 de diciembre, no fue impulsada por él, pero significa también un hito, después de que otras iniciativas suyas hubiesen tenido el respaldo de los tribunales. En esta ocasión, a la juez de Manresa, en una sentencia de más de 100 páginas, considera que Rafael Eduardo Sánchez, exdirector técnico de las minas, José Membrillera, exconsejero delegado y Antonio Sánchez, técnico responsable de aspectos medioambientales, son responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, además de los dos años de prisión para cada uno, son condenados a una responsabilidad civil personal subsidiaria de 18 meses de multa a razón de 25 euros diarios, lo que supone una multa de 13.500 euros.

La sentencia obliga a “detener y paralizar los vertidos de lixiviados contaminantes de las aguas y provenientes de los residuos salinos depositados los escombros activos de Súria y Sallent y tomar todas aquellas medidas de restauración que sean necesarias para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado, así como a asumir el coste económico de la recuperación ecológica”. Y enumera una innombrable lista de “pozos, fuentes, torrentes y ríos” afectados. Toda una declaración de principios.