El TSJC investigará a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia durante el 9-N

El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido por mayoría admitir a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la desobediencia al Tribunal Constitucional por convocar y celebrar la consulta del 9 de noviembre.Así lo acaba de resolver la Sala de lo Civil y Penal del máximo tribunal catalán, que también decide acumular todas las querellas y denuncias respecto de este tema.

La querella de la Fiscalía también va dirigida contra la vicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega y contra la consejera Irene Rigau. Sin embargo, el tribunal no ha admitido a trámite las denuncias que iban dirigidas contra la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ni contra los miembros de la mesa del Parlament, Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon, así como aquellas dirigidas contra el consejero de Interior, Ramón Espadaler, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, y contra el diputado de ERC Oriol Junqueras.

La Fiscalía presentó esta querella después de que el recién dimitido fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, convocara a la Junta de Fiscales ante la negativa de la fiscalía catalana de querellarse contra Mas por un delito de desobediencia. En la querella que finalmente se presentó por orden de Torres-Dulce se acusaba a los tres cargos del Gobierno catalán de prevaricación, desobediencia, malversación y usurpación de sus funciones.

Según la querella, las decisiones y actos -jurídicos y materiales- del Gobierno de la Generalitat para celebrar la consulta “han producido como efecto material la completa ineficacia de los mandatos de suspensión cautelar” acordada por el Tribunal Constitucional. “En ejecución del plan trazado para llevar a cabo la consulta proyectada, con incumplimiento de forma consciente de la suspensión taxativa y rotunda del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre, las personas contra las que se dirige la acción penal, como miembros del Gobierno de la Generalitat, ordenaron actos que generaron gastos al erario público”, recoge el texto.

Para la Fiscalía, Mas, Ortega y Rigau “han dispuesto de fondos públicos en cuantía aún indeterminada para consumar la desobediencia a la suspensión, facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta, por lo que ha destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”.

Asimismo, entiende que las actuaciones analizadas lesionan claramente el “bien jurídico” protegido por el delito de prevaricación, que no es sino el “recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución”.Explica que Mas y los demás dirigentes de la Generalitat eran conocedores de la suspensión fijada por el TC, que prohibía la consulta y todos los actos preparativos pero, sin embargo, siguieron adelante con la consulta.

Así, el Ministerio Público defiende que una vez que se acuerda la suspensión no hacía falta impugnar cada movimiento de los dirigentes del Gobierno catalán. El “proceso participativo” que se celebró el 9-N con el objeto de que los catalanes votaran a favor o en contra de la independencia fue “planificado, auspiciado, y financiado por Generalitat”. Ahora será el TSJC el que decida si hay indicios suficientes para sentar a Mas en el banquillo de los acusados.