El Gobierno central asfixia a Artur Mas paralizando cinco leyes y decretos por año

No sólo de declaraciones viven los políticos. La justicia es una de las herramientas que se utilizan para desarmar al adversario. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno central con el Govern catalán. Una cosa es la batalla política de cara a la galería y otra, muy distinta, pasar a la acción, judicializar la política, y hacer que los tribunales trabajen por su lado. Y el Ejecutivo español tiene una baza a su favor: si interpone recurso ante el Tribunal Constitucional y éste acepta a trámite ese recurso, automáticamente puede suspender la vigencia de cualquier ley o decreto de una Administración autonómica. Eso es lo que acaba de hacer con la ley de horarios comerciales y con el decreto contra la pobreza energética, dos medidas sociales que Artur Mas había diseñado pactando con los agentes sociales y con varias fuerzas políticas.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha seguido una doble estrategia para acorralar al Gobierno catalán. En el plano económico, establecer un techa de déficit fiscal autonómico draconiano: el 0,7% para 2015, cuando Bruselas le permite al Estado español un 4,2%, que incluso podría ser ampliado. Pero, de momento, España ha renunciado a ello y ha trasladado a las Administraciones locales y autonómicas el techo de déficit citado. De ahí que algunas de ellas se quejen de que gestionan los dos tercios de gasto social y los recursos que debería aportar el Estado no llegan muchas veces, por lo que los han de adelantar ellas para no dejar desprotegida a la población. Y, paralelamente, un tercio del gasto total sale de sus arcas, aunque el déficit que tienen permitido no llega ni a la sexta parte del déficit previsto para todo el Estado, lo que consideran una injusticia total.

Además, el frente judicial es una poderosa herramienta especialmente a la hora de cercar y controlar la actividad legislativa de un territorio. Eso es lo que ha hecho con el presidente de la Generalitat para atarlo de pies y manos. Los nacionalistas se quejan de que “el PP como partido y su Gobierno se han posicionado siempre contra Cataluña. Impulsaron una campaña de recogida de firmas en el resto de España contra el Estatuto catalán cuando no lo hicieron contra otros Estatutos que tenían y aún tienen en vigor artículos suspendidos en el catalán. Pero en los otros casos, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias, no gobernaban los nacionalistas. Esa obsesión enfermiza es la que ha roto los puentes de Cataluña con el resto del Estado”, asegura a El Confidencial un miembro de la dirección de CDC.

Esa estrategia ha traído como consecuencia la interposición de una docena de recursos contra normas dictadas por el Gobierno catalán desde el año 2010. Esta cifra cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que, desde la reinstauración de la Generalitat hace casi 35 años se interpusieron un total de 57 recursos ante el Constitucional por parte del Gobierno central, lo que representa que el número se ha duplicado desde que gobiernan los nacionalistas. Y el tema alcanza especial relevancia si miramos los recursos interpuestos desde el 2012, es decir, en los dos últimos años: un total de 10, lo que equivale a cinco recursos por año. Si Madrid hubiese llevado ese ritmo desde que la Generalitat se puso en marcha, a estas alturas tendría que llevar un total de no menos de 170 recursos.

Las iniciativas más sonadas fueron contra la Ley 10/2014 de consultas populares no referendarias, aprobada en septiembre pasado por el Parlamento catalán y que debería servir de base al pretendido referéndum del 9 de noviembre. Otra de las iniciativas fue el recurso contra el decreto de Artur Mas convocando esa consulta.

Las normas suspendidas

Por la espectacularidad y la polémica generada, esos son los recursos más conocidos. Pero hay otros que no son menos importantes. El principal es un decreto emitido este verano por la Generalitat y conocido como el decreto “contra la pobreza energética”. Se basa en el hecho de que durante 2012 se produjeron en Cataluña 1,4 millones de cortes de luz por falta de pago. Para evitar que los más necesitados se queden sin suministro, el Gobierno catalán aprobó una norma en la que evita el corte si se cumplen unos requisitos mínimos. La norma fue llevada al Constitucional por el Gobierno central en septiembre pasado. Para el Gobierno central, es el Estado quien debe decidir quién es un pobre energético o no y ya hay una tarifa estatal que determina un bono social, por lo que la norma autonómica vulnera las competencias del Estado. El recurso contra la pobreza energética, sin embargo, ha sido utilizado reiteradamente tanto por el presidente catalán, como por el portavoz del Govern y consejero de Presidencia, Francesc Homs, en todas sus comparecencias públicas para dejar patente el maltrato del Gobierno central a Cataluña.

Otro de los recursos ha sido el reciente interpuesto contra la ley de horarios comerciales de Cataluña. Madrid obliga, con una norma estatal, a los horarios dictados por el Gobierno español, que son más permisivos. La Generalitat pretendía defender al pequeño comercio frente a los grandes con la ley catalana, pero el Ejecutivo central no lo permite y acudió la pasada semana al Constitucional, que admitió a trámite su recurso y suspendió la norma catalana.

Durante el mandato de Artur Mas, sus ‘medidas estrella’ fueron todas recurridas y, por ende, suspendidas, de lo que también se quejan los dirigentes de la Generalitat. Por ejemplo, el famoso euro por receta (medida adoptada por autonomías incluso regidas por populares), la tasa turística o el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. El euro por receta fue declarado inconstitucional debido a que representaba un agravio comparativo hacia los ciudadanos catalanes, pues debían adquirir los medicamentos más caros que otros ciudadanos españoles. En mayo pasado, el constitucional también declaró nulos varios artículos de la ley 5/2012, que establecía las tasas turísticas.

En los últimos años, el Gobierno central también ha interpuesto recursos contra la Ley 4/2010 de consultas populares vía referéndum, la Ley 35/2010 del aranés en el Valle de Arán, la Ley 9/2011 de promoción de la actividad económica, la Ley 2/2010 de modificación de diversas leyes en materia audiovisual, y la Ley 32012 de modificación de la Ley de Urbanismo.

En total, una docena de normas que no pueden ser aplicadas. De ahí que los nacionalistas se quejen por dos motivos fundamentales. El primero, que el Estado español “está instalado en una escalada de recentralización brutal”. Y mientras invade competencias de las comunidades con sus leyes, recorta “inconstitucionalmente” los derechos de éstas. Ponen como ejemplo la reforma laboral o las leyes del ministro Wert, empezando por la LOMCE.

Por otro lado, se quejan de que muchas de las medidas suspendidas estaban destinadas a obtener recursos para el buen funcionamiento de la Generalitat. “Si el Estado no te da dinero, has de obtenerlo dentro de tus posibilidades. De ahí que se estableciesen tasas como el euro por receta, el céntimo sanitario o la tasa turística. Pero además de recortar el techo de déficit, el Estado no deja que te financies, por lo que te asfixia económicamente”, critican los nacionalistas. Pero el Gobierno central prefiere controlar a las administraciones autonómicas a través del FLA en lugar de permitir un mayor déficit propio, ya que de este modo tiene el grifo del dinero y puede presionar más o menos. Además, prestando el dinero a través de ese organismo, cobra intereses, lo que revierte en sus arcas.

Esta estrategia, sin embargo, critican los nacionalistas, impide que cualquier gobierno autonómico “pueda desarrollar sus funciones con normalidad, ya que le privan de sus principales instrumentos, que son los recursos y las normas. En otras palabras, el Gobierno central ni hace ni deja hacer, pero luego carga las culpas sobre los hombros de las autonomías, acusándolas de todos los déficits y de todos los males del sistema”.