Naufraga el plan de privatizaciones de la Generalitat: a Mas le faltan 1.900 millones

Decir que el plan de privatizaciones de la Generalitat se ha quedado corto es poco. De los 2.300 millones que tenía que haber conseguido por esta partida de los Presupuestos para este año, apenas se recaudarán 400 por la venta de inmuebles. El resto, 1.900 millones, sigue pendiente cuando queda sólo algo más de un mes para cerrar el año.

La principal gran privatización era el plan de titulización indirecta del canon del agua, una emisión de bonos de 850 millones que habría entrado directamente en caja de la Generalitat pese a que el emisor no era la Administración catalana, sino una empresa semipública, Aguas de Barcelona Mixta. Esta operación fracasó no por lo obvio, como que la Generalitat no podía vender unas depuradoras de agua que en su mayor parte no eran suyas, sino porque el PSC utilizó el peso de sus alcaldes en el área metropolitana de Barcelona para vetar la titulización. Fuentes conocedoras de los contactos dan la emisión por muerta.

La buena noticia, según fuentes de la Conselleria de Economía, es que está asegurado el pago de las nóminas de los funcionarios hasta el 31 de diciembre. La mala es que siguen faltando 1.900 millones de lo previsto en un Presupuesto que se aprobó con los votos de CiU y ERC, pese a que las privatizaciones nunca fueron concretadas. Incluso el PP catalán, cuando llevó los Presupuestos al Consejo de Garantías, ya alegó que “había 2.300 millones de ingresos no justificados”. Como siempre pasa en Cataluña en los últimos tiempos, los medios dieron más importancia a cuestiones como que había 5,7 millones previstos para llevar a cabo la consulta soberanista.

Déficit galopante

Los ingresos que faltan engrosarán el déficit de la Generalitat, que tendrá que financiarse. A fecha de hoy, dicho déficit ya supera el peor de los escenarios. A cierre de septiembre, ya era de 3.070 millones, lo que supone el 1,5% del PIB, según datos de la propia Conselleria de Economía.

No será la única comunidad autónoma en incumplir el objetivo de 1% de déficit marcado por el Gobierno. Si bien en Cataluña los funcionarios no sufrirán, sí que se trasladarán estas tensiones de caja a los proveedores. Precisamente esta semana, la Conselleria de Economía explicó que su retraso en el pago de proveedores es 39,4 días.

Voluntad de realizar pagos pendientes

“La Generalitat tiene la máxima voluntad de realizar los pagos pendientes. Sin embargo, sus decisiones en materia financiera están ampliamente limitadas por las exigencias impuestas desde el Estado: por un lado, debido a la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez puestos en funcionamiento por el Gobierno; y, por otro, por la supeditación a la normativa estatal que prioriza el pago de los intereses de la deuda pública, la asunción de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública”, advierte el departamento de Mas-Colell.

En esta nota también se abre la puerta a retrasos todavía mayores, apuntando que “la administración catalana no puede establecer con total independencia los criterios de prioridad que pueda considerarse más adecuados en función de las circunstancias, si bien atendiendo a las obligaciones reconocidas a medida que dispone de recursos. Este hecho puede variar significativamente el período medio de pago de los diferentes ámbitos de un mes a otro”. O lo que es lo mismo, que el final de año será duro para los proveedores de la Administración en Cataluña.

Problemas en la venta de edificios

También ha habido problemas en las ventas de edificios. Este mes la Generalitat se ha deshecho de la Casa Burés al cuarto intento, por un precio de 18,8 millones, un 27% menos que el que esperaba cuando intentó la venta.

En lo que va de año, la Generalitat ya ha ingresado más de 300 millones por la enajenación de inmuebles. De esta partida, el grueso fue la venta de trece inmuebles por 201 millones al grupo Zurich, una operación que avanzó El Confidencial.

Todavía está pendiente la venta de Torre Muñoz, en Passeig de Gràcia, 105, sede de la Conselleria de Empresa y Empleo, por 52 millones; y el de Sepúlveda, 148, sede de Trabajo, por otros 27,4 millones, con lo que se rozarían los 400 millones de ingresos que se marcaron como objetivos por ventas inmobiliarias para este año en curso.

Se ha fracasado en subasta por la joya de la corona, la sede de Bolsa de Barcelona en Passeig de Gràcia, por la que se pedían 88 millones, con el agravante de que no se consiguió negociar que la Bolsa dejase el edificio libre para que se pudiera instalar una gran cadena comercial. Fuentes del sector inmobiliario aseguran que Ponte Gadea, la patrimonial del presidente de Inditex, Amancio Ortega, estuvo estudiando la transacción pero que la desestimó ante la imposibilidad de que Bolsa de Barcelona aceptase alternativas para cambiar de ubicación en la capital catalana. Después de eso, la venta del inmueble quedó desierta.