Primer paso de la Generalitat para pedir al TC que vete la indemnización de Castor

Este martes la Generalitat ha pedido al Consell de Garanties Estatutàries que haga un dictamen para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) e impugnar ante esta instancia la indemnización de 1.350 millones por la paralización de Castor que esperan cobrar la constructora ACS, que preside Florentino Pérez, y sus socios en el proyecto y que se cargará en el recibo de gas en España a partir del año que viene.

El Consell Executiu ha aprobado este martes que el Consell de Garantíes, un organismo consultivo independiente de la Administración catalana, elabore el dictamen previo que es preceptivo antes de que se eleve un recurso ante el TC. La petición muestra la intención firme de la Generalitat de oponerse al pacto por el cual se acordó abonar la indemnización a los promotores del almacén gasista pese a que dicha instalación ni ha entrado en servicio ni tampoco ha inyectado gas en el conjunto del sistema.

Como ya adelantó El Confidencial, la Generalitat se opone a este acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Florentino Pérez y sus socios. Esta oposición encaja con el malestar con el que se recibe en Cataluña cómo se está aplicando la reforma energética en España y con el discurso del líder de ERC, Oriol Junqueras, hasta este mismo lunes principal aliado de Artur Mas, para quien el caro e ineficiente sistema energético español es una razón más para salir de España. Y pone siempre de ejemplo de la máxima expresión de este sistema la indemnización de Castor pactada con Florentino Pérez.

El almacén de Castor, situado en la aguas de Castellón muy cerca de la frontera con Cataluña provocó más de un centenar de pequeños seísmos cuando se inyectó el gas colchón a principio de este año. Los terremotos provocaron primero la paralización de Castor y posteriormente el cierre definitivo tras el cual se acordó, tal y como marcaba la ley, de indemnizar a los promotores.

Frente energético

No es el único tema energético que se ha tratado en el Consell Executiu. La Generalitat ha acordado dirigirse a la Comisión Europea para que el Gobierno español apruebe una ley en cumplimiento de una directiva que se debería haber aplicado en 2011 para que las personas más desfavorecidas no se queden sin luz y gas en el invierno.

Esto se ha hecho en respuesta a que el Gobierno de Mariano Rajoy haya llevado al TC el decreto de pobreza energética que aprobó la Generalitat precisamente para garantizar el servicio a las familias más desfavorecidas. Ahora este decreto está suspendido a la espera que el Alto Tribunal se pronuncie, lo que tardará años.

El departamento de Empresa y Ocupación, que encabeza, Felip Puig, es el que tiene las competencias de Energía y es el que está pilotando la oposición a esta indemnización multimillonaria de Castor.

En todo caso, el frente de Castor no es el único que la Generalitat tiene abierto con el Gobierno sino que, se extiende a otras áreas, como por ejemplo la planificación de redes de distribución eléctrica del área de Barcelona que sigue sin calendario pese a que han vencido todas las fechas.