UPyD pide a la Fiscalía que se paralice la consulta catalana

UPyD presentó a primera hora de la mañana sendas denuncias en el juzgado de guardia y en la Fiscalía contra el presidente catalán, Artur Mas, así como contra la consejera de Educación, Irene Rigau, y el consejero de Interior, Ramon Espadaler, por “los delitos flagrantes y permanentes de desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos”. La denuncia se extiende a “todos sus cómplices, necesarios y encubridores y demás coautores que resulten de las actuaciones que se practiquen”.

La formación de Rosa Díez hace en su escrito una relación de los hechos: el 19 de septiembre, el Parlamento catalán aprobó la Ley de consultas no Referendarias, publicada en el diario oficial del 27 de ese mes(Ley 10/2014). Esta jornada, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre, tomando como base esa Ley de Consultas.

El 29 de septiembre, el pleno del Tribunal Constitucional acordó suspender los artículos 3 a 39 de la Ley y las disposiciones transitorias primera, segunda y la disposición final primera, así como el decreto de Artur Mas convocando la consulta.

“A pesar de las citadas suspensiones, el Presidente compareció en rueda de prensa el pasado día 14 de octubre de 2014 manifestando que el Gobierno de la Generalitat había decidido convocar sin publicación de decreto ni disposición administrativa alguna una consulta popular, de idéntico contenido que la anterior, que han venido a denominar eufemísticamente ‘Procés de participación ciutadana’, amparado formalmente en los artículos 40 y siguientes de la ley 10/2014, que no habían sido suspendidos por la resolución del TC, pero cuya finalidad última es realizar una consulta en la que se formulase idéntica pregunta a la suspendida por el pleno del TC, eludiendo así dicha suspensión taxativa”, dice el texto.

A continuación, el Gobierno de España impugnó de nuevo esta convocatoria y el TC volvió a emitir una providencia el 4 de noviembre mediante la que suspendía de nuevo el proceso participativo.

“A pesar de la suspensión taxativa y rotunda del TC realizada hace escasamente cinco días, el Gobierno de la Generalitat, en el día de hoy y a las 9 horas ha abierto institutos y edificios públicos, dependientes del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, para la realización de la consulta suspendida, facilitando la logística y todos los medios materiales para la realización de la misma”.

Y continúa: “Asimismo, el Gobierno de la Generalitat, en el día de hoy, ha puesto a disposición de la realización de la consulta suspendida funcionarios públicos de la misma y al cuerpo de los Mossos d’Esquadra en la realización de actos ejecutivos de la organización del ‘Procés de participació ciutadana’ que ha sido suspendido. En este sentido, la Generalitat ha hecho entrega de las llaves de institutos y demás edificios a grupos de llamados ‘voluntarios’ de filiación desconocida, dependientes en su mayoría de las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para que pueda incumplirse la suspensión acordada por el TC”.

Cárcel para los autores

Para UPyD, “la consulta convocada por la vía de facto constituye un evidente y flagrante incumplimiento de la suspensión del TC del llamado ‘Procés de participació ciutadana’, mediante la realización de actos que persiguen inequívocamente como resultado convocar un proceso donde se formule la misma pregunta de contenido referendario que había sido previamente suspendida por el TC, lo cual es un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico y contrario a él, lo cual deben impedir jueces y tribunales”.

La denuncia determina que “los citados actos realizados por el Presidente y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña suponen, claramente, un incumplimiento de la suspensión establecida por el TC, que de forma consciente y dolosa se ha querido infringir la prohibición establecida por el citado Tribunal”.

También subraya que “es evidente que los comportamientos del señor Mas en este caso evidencian tanto el conocimiento de que está incumpliendo como la voluntad de no querer dar cumplimiento a las suspensión acordada por el TC”.

El escrito pide, con carácter urgente, el “desalojo y cierre por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia, de los institutos de enseñanza secundaria y demás edificios de titularidad pública donde se esté realizando la consulta llamada ’Procés de participació ciutadana’”. Pide también “la incautación de todos los medios materiales (ordenadores, papeletas, urnas de votación, etcétera) que se estén utilizando para cometer los delitos denunciados”. Y, por último, “la detención y puesta a disposición judicial de los autores, cooperadores necesarios y demás responsables que resulten de las actuaciones que se practiquen”.

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