La Generalitat negocia ‘in extremis’ con el PSC para salvar la privatización del agua

La Generalitat está negociando sobre la bocina con el PSC para salvar la emisión de 850 millones que debe titulizar el canon del agua, la mayor privatización diseñada por el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, y clave para evitar que la Administración catalana no acabe el año ahogada financieramente.

Fuentes del partido socialista muy cercanas al alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, han explicado que en las últimas horas se han intensificado las conversaciones para salvar la emisión que debe llevar a cabo la empresa Aguas de Barcelona Mixta, controlada en un 85% por Agbar y en un 15% por el Área Metropolitana de Barcelona, para colocarla en los mercados internacionales.

El Confidencial desvelaba ayer que, al límite del tiempo marcado para poder hacer la emisión con mínimas garantías, los alcaldes del PSC, liderados por Balmón, habían bloqueado la emisión de los bonos, colocando al límite la ya muy tensionada caja de la Generalitat, que necesita este ingreso atípico como el respirar.

Las mismas fuentes del PSC antes mencionadas han señalado que el problema es que ha faltado diálogo y que desde CiU se han dado demasiadas cosas por sentadas. Por ejemplo, el apoyo de los alcaldes socialistas en el Área Metropolitana de Barcelona, un ente que preside el convergente Xavier Trias, alcalde de la capital catalana, pero donde los regidores del llamado cinturón rojo de Barcelona son mayoría.

Desde el campo de los socialistas también se acusa a la Generalitat de falta de espíritu municipalista y de entender la relación con los ayuntamientos como lo hace Trias: “Poner el Ayuntamiento de Barcelona al servicio de la Generalitat”, en palabras del propio alcalde. Y ello se traduce en que el consistorio barcelonés asume fuertes volúmenes de deuda que en realidad deberían corresponder a la Generalitat. El último ejemplo: cubrir las obras del derribo de la cárcel Modelo, en el centro de la ciudad.

Porcentaje preservado

Los alcaldes socialistas consideran que ya que se hace una titulización de este tipo –que hipoteca el canon del agua como ingreso futuro de la Generalitat en los próximos treinta años– debe cubrir como mínimo el 85% del canon, que son unos 146 millones anuales. En cambio, la Generalitat quiere preservar un 25% de esta cifra fuera de esta operación como un medio de garantizar las inversiones en infraestructura hidráulica fuera de Cataluña.

Fuentes conocedoras de los contactos explican que un punto de acuerdo podría ser cifrar este porcentaje a medio camino, en el 80%. Desde el PSC se muestran esperanzados en que Antoni Balmón llegue a un pacto y no deje a la Generalitat en una situación crítica.

Trasfondo: ATLL y la consulta

El trasfondo de este desacuerdo es complejo. Por un lado, la Generalitat y Agbar, colaborador necesario de la emisión, mantienen un fuerte contencioso por la privatización de Aigües del Ter Llobregat (ATLL). La privatización se otorgó a Acciona, pero Agbar está pleiteando para que se revoque esta decisión. En medios empresariales se califica la emisión de bonos como una moneda de cambio en el caso ATLL, algo que la Generalitat niega.

Alejando más el objetivo está el marco político general: el presidente catalán Artur Mas perdió ayer el apoyo de ERC, pero ni los republicanos ni los convergentes quieren elecciones anticipadas. El partido de Oriol Junqueras necesitará escenificar un desmarque de los poderes de Palau de la Generalitat después de que Mas haya renunciado a la consulta. Y Mas precisará el apoyo del PSC para agotar la legislatura. En este marco, un pacto del agua CiU-PSC sería el primer paso para un acuerdo más amplio. El futuro de ATLL con tantos condicionantes es una incógnita.