Oriol Pujol niega ante el juez la evidencia del 'mail' que le implica en la red de las ITV

Ni dinero ni nada parecido. El exsecretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, jamás pidió ni un euro a los promotores de varias estaciones de ITV para apoyar la ley que tramitaba el Parlamento autonómico en el 2008 y que repartía estas estaciones entre varios grupos industriales. Esa es la versión repetida ayer ante el juez por Oriol Pujol, que prestó declaración después de que el pasado mes de marzo fuese imputado por soborno (hasta entonces sólo lo estaba por tráfico de influencias). El dirigente convergente no se presentó solo ante el tribunal, sino que fue arropado por una nutrida representación de la dirección de CDC, entre la que se encontraba Jordi Turull, presidente y portavoz del grupo parlamentario de CiU en el Parlament.

El propio político dijo, tras su salida del tribunal, que ni él ni nadie de su partido habían pedido dinero para votar a favor de la ley. “Ni para beneficiar a ninguna empresa en ningún trámite parlamentario ni para apoyar la Ley de Seguridad Industrial ni ninguna otra”, subrayó.

El 'e-mail' maldito

La Policía le acusa de cobrar 30.000 euros del empresario Ricard Puignou para apoyar sus intereses. Sospechan que en los 40.000 euros que cobró su esposa iba incluida esta mordida. Así se refleja en la documentación que fue incautada por los agentes. En varios documentos se habla de contactar con determinadas personas para que apoyasen las tesis de las empresas de Puignou. En varias de estas comunicaciones, se especifica que este empresario debía hablar con Josep Tous “para que Oriol Pujol fuerce a nuestro frente Samaranch/Carlyle”. Tous era el responsable sectorial de Industria de CDC y cuando Artur Mas llegó al poder fue contratado por la Consejería de Empresa y Empleo para elaborar un nuevo mapa de las ITV. En marzo de 2012, fue uno de los detenidos en la operación policial que destapó el escándalo.

Pero en mayo de 2008 se produce un intercambio de correos que es revelador. En uno de ellos, enviado por uno de los socios de Puignou a otro, se dice textualmente en uno de sus párrafos: “Oriol Pujol se ha entrevistado con Puignou Jr. Resumen: van a presentar enmiendas a la Ley de Seguridad Industrial exigiendo se aplique a los 90 días la nueva cuota de mercado. Soy [Antoni Soy, entonces secretario de Industria con ERC en la consejería correspondiente] les ha llamado para consensuar la ley. Le dice a Puignou que si no se escinden es porque Coello [máximo directivo de Applus, la principal operadora del sector de las ITV] tiene un competidor gerenciado por Puignou. Harán campaña mediática y aunque no mandan piden 30.000 euros!!!”.

“En aquel momento, CiU no estaba en el Gobierno y cualquier ley podía aprobarse con o sin su apoyo, puesto que los partidos que integraban el tripartito tenían la mayoría absoluta. Así pues, ¿qué empresario iba a pagar un ‘favor’ a alguien que no podría hacérselo? Nadie paga un favor a quien no puede dárselo. Sería tonto”, explica a El Confidencial una fuente de la cúpula de CDC.

Este es el principal extremo que Oriol Pujol negó rotundamente ayer ante el juez. Es más, tanto él como otras fuentes de Convergència afirman que ni conoce a Ricard Puignou ni se reunió nunca con él. El empresario declaró aproximadamente lo mismo en su declaración ante el tribunal, efectuada el martes por la mañana: admitió que intentó verse con el político hasta en tres ocasiones, pero que al final nunca quedaron.

La contundencia del fiscal

Oriol Pujol reconoció, no obstante, que con todas las leyes se producen negociaciones con representantes del sector afectado y la que se investiga no era una excepción. En este sentido, corroboró que, en el momento de los hechos, CiU propuso una enmienda en el Parlamento a la ley que se estaba tramitando porque “era la posición del partido”. Un día antes de llevar la enmienda al Parlamento, la pasó a Alsina y este se la hizo llegar a Puignou.

El fiscal, no obstante, era contundente en sus conclusiones, que luego los jueces asumieron: “El imputado Oriol Pujol era el político que, valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público, asumió y ejecutó las pretensiones formuladas por el imputado Ricard Puignou, quien, a su vez, se valió del imputado Sergi Alsina para utilizar al parlamentario imputado durante la tramitación de la ley y su reglamento. Así, el grupo parlamentario de CiU presentó una enmienda a la citada ley donde se incluía la reivindicación de aquél”.

El dirigente convergente insistió también ante el juez en que no había ni un solo correo personal suyo que dejase constancia de tal petición, sino sólo correos de terceros.

Esta es una de las principales razones esgrimidas por su defensa. Tras la comparecencia judicial, Oriol dejó caer que su nombre fue utilizado por terceros sin su conocimiento ni consentimiento, aludiendo al correo electrónico que le vinculaba con la petición de 30.000 euros. Es más, aseguró que hay gente que se beneficia de su nombre.

“Lo que digan otros no es de su responsabilidad. De hecho, hay algunos implicados que reconocieron que utilizaban su nombre para darse importancia, pero que al final jamás habían hablado nunca con él”, explican a este diario fuentes cercanas a Oriol Pujol. Se refieren al empresario Sergio Pastor, que presumía de una vinculación directa con el político cuando la relación que mantenía con él era a través de su socio Sergi Alsina, quien sí tenía hilo directo con Zumosol (apodo por el que conocían a Oriol en este pequeño y enrevesado círculo). Y de ahí que negase tener conocimiento de muchas de las acciones que se citaban en los correos entre miembros de la trama en las que aludían a OP (sus iniciales). De eso, indican las fuentes consultadas, “tendrán que dar cuenta quienes utilizaban esas siglas”.

Las retribuciones de la esposa

Alsina, además, tenía a sueldo en sus empresas a Anna Vidal Maragall, esposa de Oriol Pujol, a la que tras las anteriores gestiones pagó 40.000 euros en tres plazos. Vidal aseguró ante el juez el martes que esos pagos corresponden a trabajos de asesorías y consultorías. Vidal negó que entre esas asesorías se encontrase la Ley de Seguridad Industrial y, en concreto, señaló que le encargaron varios informes sobre compraventa de empresas y que facturó sus trabajos de asesoría a razón de 150 euros la hora. “Es que viene facturando a las empresas de Alsina desde finales de los años 90”, subrayan fuentes de Convergència.

Años después, la esposa de Oriol cobró del mismo grupo de empresas de Alsina más de 200.000 euros por asesorar en el proceso de deslocalización de la multinacional Sharp mientras Oriol Pujol, teóricamente, tenía que hacer que la empresa no se fuese de Cataluña. También asesoró en la deslocalización de Sony y de Yamaha.

La comparecencia de Oriol Pujol se realizó, casualmente, el mismo día en que se hace pública la sentencia del Supremo que condena al magistrado Joaquín Ortiz a dos años de suspensión de empleo y multa de 13.500 euros “por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abuso en el ejercicio de la función”. La sentencia reconoce que el magistrado asesoró “de forma permanente” a la empresa de Puignou en asuntos en los que tenía que intervenir por razón de su cargo. O sea, que era el juez que debía resolver algunos de los recursos que contra la ordenación de las ITV había interpuesto la empresa de Puignou en los juzgados.