ANC saca pecho en el proceso secesionista: “Ya somos un interlocutor imprescindible”

Cataluña cierra mañana una nueva etapa en su largo camino hacia la independencia: el Congreso de los Diputados discutirá la petición del Parlamento catalán de que el Gobierno central ceda a la Generalitat las competencias para poder convocar un referéndum independentista. Todos saben en qué quedará el debate: es la crónica de un no anunciado. Pero nadie quiere darse por aludido antes de que la votación lo certifique efectivamente, aunque Artur Mas vaticinabaayerla derrota de sus intereses.

De lo que no hay duda es de que los partidos a favor de la convocatoria del referéndum, agrupados en el frente soberanista (CiU, ERC, ICV y la CUP) tienen una hoja de ruta que fue refrendada este fin de semana por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la organización encargada de las grandes movilizaciones en las dos últimas Diadas.

En realidad, los líderes políticos que defenderán en el Congreso su petición actúan por mandato del tridente cívico, es decir, de las organizaciones transversales que dictan la estrategia del proceso independentista: la ANC, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Òmnium Cultural. Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV) serán, pues, la avanzadilla de las plataformas independentistas, la tropa de choque institucional utilizada en el proceso hacia la independencia.

No lo dice este diario. Lo admitieron los representantes de estas tres organizaciones durante la asamblea de la ANC que tuvo lugar este sábado en Tarragona: enfatizaron en varias ocasiones que son las tres patas del proceso. Y es que estas plataformas son un crisol donde se mezclan intereses de partidos soberanistas y que se utilizan para legitimar cualquier actitud política aludiendo al mandato de la “sociedad civil”. Los partidos políticos sólo han de recoger los postulados que les ponen en bandeja para ser admitidos en el selecto círculo del patriotismo.

La ANC sabe que tiene la sartén por el mango. Y a sus pies se rinden todos los políticos soberanistas, tengan el rango que tengan. “Todos somos conscientes de lo que representó la Via Catalana [la cadena humana que recorrió Cataluña de norte a sur el pasado 11 de septiembre] y el trabajo que representó. Fue percibida como una gran obra colectiva que, definitivamente, nos situó como uno de los principales actores del proceso de independencia y, en consecuencia, nos hemos convertido en un interlocutor imprescindible para el resto de actores sociales y políticos, para los partidos y para las instituciones del país", opinan en la Asamblea.

"Con la gran manifestación del 11 de septiembre de 2012 nos presentamos de forma bien visible en el escenario político del país, pero no fue hasta el día de la Via Catalana que hemos ganado una posición indiscutible en este escenario. A la capacidad de movilización, hemos añadido una gran capacidad organizativa y, lo que todavía puede ser más importante: la capacidad de impulsar este proceso en la dirección adecuada y al ritmo más conveniente”, se vanagloria la ANC en su informe de gestión presentado este fin de semana en la asamblea que realizó en Tarragona. En resumen, los políticos y las instituciones públicas –incluida la Generalitat, of course– van bailando al son que otros tocan.

A la congregación de este sábado acudieron nutridas representaciones de los partidos soberanistas. Y los puntos aprobados en el evento no difieren mucho de los postulados de estos grupos. “La historia demuestra que todos los esfuerzos hechos desde Cataluña para encontrar un reconocimiento y acomodación dentro de un concepto plurinacional del Estado español han fracasado y que no existe ni la voluntad por parte de España ni las garantías jurídicas constitucionales mínimas que permitan pensar en ningún nuevo intento serio para reformar el Estado español. El Estado español y sus poderes, pues, han perdido en Cataluña toda su credibilidad de manera definitiva y el encaje de Cataluña dentro de España se ha convertido, por tanto, en imposible. La única opción viable es, pues, la independencia de Cataluña”, argumenta el informe de gestión.

Las tres condiciones

Y todos están también de acuerdo en las tres condiciones para la secesión: que una mayoría social de ciudadanos lo quieran; que la Generalitat, los Ayuntamientos y una mayoría de diputados del Parlamento catalán “asuman la voluntad de la mayoría del pueblo catalán” (lo que también tienen, ya que en la actualidad cuentan con 86 de los 135 diputados); y que Cataluña consiga el reconocimiento como Estado soberano por parte de la comunidad internacional.

También hay una condición que todos repiten hasta la saciedad. Y la hoja de ruta de la ANC la especifica: “La sociedad catalana ha de estar preparada y dispuesta a actuar, democrática y pacíficamente, en cualquiera de los escenarios políticos que se puedan llegar a producir”.

Los documentos aprobados este fin de semana no dejan lugar a dudas sobre el alcance de sus intenciones y son un aviso a Artur Mas: “En el punto del proceso en que nos encontramos, el objetivo prioritario del pueblo catalán es la celebración de la consulta, de carácter políticamente vinculante, el 9 de noviembre, como fórmula internacionalmente más aceptada de acceder a la independencia en un marco democrático. Sabemos que este objetivo no será fácil y el Estado español centra su estrategia en impedir la celebración”.

El carácter vinculante es uno de los puntos de fricción entre los partidarios del referéndum. “Ningún referéndum ha sido vinculante en España, excepto los de los Estatutos de autonomía –explica a El Confidencial una fuente de la dirección de Convergència Democràtica–. Y aquí podríamos hablar de uno de los puntos que se podrían negociar con el Gobierno español”.

Aun así, todos admiten también que el objetivo principal es “conducir el proceso hacia la declaración de independencia de la forma más ordenada posible, pacíficamente y lo más rápido posible”. Y más: “El proceso ya es irreversible”.

Un protagonismo indiscutible

Pero aunque oficialmente los partidos políticos, como representantes elegidos democráticamente habrían de liderar este proceso, los documentos de la ANC ponen en entredicho esta opción. En su hoja de ruta habla de una Asamblea de Cargos Electos que se ha de crear si el Estado español prohíbe el referéndum para realizar la proclamación de independencia.

La Asamblea de Cargos Electos estaría formada por “los diputados del Parlamento de Cataluña (esté oficialmente disuelto o no), por el resto de diputados escogidos para otras Cámaras (Congreso y Senado españoles, Parlamento europeo) y, aunque no sea un requisito imprescindible, por los alcaldes de todos los municipios de Cataluña que den apoyo al proceso. El objetivo sería reunir a los representantes democráticos de la mayoría incontestable de los ciudadanos catalanes”.

La ponencia propone también comenzar a aplicarse ya en una gran Asamblea de Alcaldes “para disponer de las estructuras políticas y administrativas necesarias que permitan trabajar en los escenarios más complicados. Esta asamblea habría de tomar forma en el caso de que no se pudiera celebrar la consulta del día 9 de noviembre y habría de ponerse al servicio del president de la Generalitat”.

Los documentos de la ANC ya advierten de que, tras el 11 de septiembre de este año, la presión del Estado español aumentará y que será preciso “centrar los esfuerzos en una doble dirección: asegurar la logística necesaria para celebrarla en todos los rincones y generar el clima de defensa de los derechos democráticos frente a los que los niegan”. Esta etapa ha de contar con un organismo que debe estar en estrecho contacto con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y con los equipos territoriales de campaña.

Es cierto que la ANC deja la responsabilidad de conducir este proceso “a las instituciones nacionales catalanas”, aunque la sociedad civil y los ayuntamientos han de tener un papel fundamental. ¿Cómo? Por ejemplo, el día de la jornada de votación, la ANC se reserva el derecho a tener a sus interventores en todas las mesas electorales y a contar con “equipos exteriores” para “documentar gráficamente cualquier incidencia”.

Por si fuera poco, si la consulta se prohíbe y es necesario crear la Asamblea de Cargos Electos, también entraría en acción el tridente civil: “La AMI, en colaboración con la ANC y los partidos políticos independentistas, podría ser quien prepare la propuesta que permita constituir esta Asamblea de Cargos Electos”. El protagonismo de las plataformas cívicas, pues, es total, aunque su representatividad democrática se desconoce, puesto que nunca se han presentado a unas elecciones.

De momento, no obstante, en esta primera etapa de la recta final del proceso, quienes dan la cara son los representantes de los partidos políticos. Saben que el Congreso les dará con la puerta en las narices y piensan ya en la segunda opción que les permita realizar el referéndum, porque nadie del frente soberanista quiere quedarse descolgado del proceso. Y a nadie, de momento, le interesa desmarcarse de la línea trazada por la ANC.