Asesores de Mas piden que acuse a España de violación repetida de derechos humanos

Vender algo no es fácil. Y vender la independencia de Cataluña es aún más difícil en el gran mercado internacional. De ahí que el Gobierno catalán mida con detalle toda la información y cómo se ofrece esta a los mandatarios extranjeros: ha de hilar muy fino para no herir susceptibilidades, para saber qué decir, dónde decirlo y, sobre todo, qué argumentos utilizar con el objeto de no despertar abiertos rechazos en los Gobiernos de otros países. “Es aconsejable que el Govern de Cataluña module su discurso de justificación del proceso de autodeterminación en función de las audiencias a las que se dirija en cada momento”, advierte en un informe el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que preside el jurista y exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer.

De ahí que los diplomáticos de la Generalitat tengan unas líneas rojas que no deben cruzar: por ejemplo, “renunciar a cualquier referencia a la Europa de los pueblos”, porque esto genera rechazo entre los Estados miembros de la UE. O han de evitar utilizar el concepto del “derecho a decidir” que tanto repiten dentro de nuestras fronteras. O la renuncia a blandir el agravio fiscal que tanto se utiliza también desde la plaza de Sant Jaume, porque sería contraproducente internacionalmente. O la inconveniencia de mostrar hostilidad hacia España.

La primera máxima que sigue la Generalitat para vender la independencia catalana es la prohibición de utilizar la expresión del “derecho a decidir” que tanto emplea en la propia Cataluña y ante España

Al contrario, hay que insistir en “la dimensión pacífica y democrática del proceso”, en que no hay animadversión hacia el Estado español y en que se ha de presentar a los catalanes como una “minoría nacional permanente” dentro de España. Pero una minoría nacional permanente sin derechos y oprimida, que “no puede obtener garantías políticas y jurídicas adecuadas dentro del Estado español”. Es más: se ha de insistir en la idea fuerza de que Cataluña “se encuentra en un callejón sin salida político: tanto por su estatus permanente de minoría como por el fracaso de los múltiples intentos efectuados con buena voluntad (good will) para superar esta condición sin separarse de España”. De ahí que se deje la puerta abierta a una denuncia internacional de “violación sistemática de los derechos humanos” de España hacia Cataluña. Y ello porque, enfatiza el texto, “en general, la opinión pública y sus representantes sólo se implican activamente, y no siempre, en procesos de autodeterminación que responden a violaciones masivas de derechos humanos”. Puro marketing político, como reconoce el propio informe.

El derecho de autodeterminación

La primera máxima que sigue la Generalitat para vender la independencia catalana es la prohibición de utilizar la expresión del “derecho a decidir” que tanto emplea en la propia Cataluña y ante España para reclamar el derecho a un referéndum independentista. Y como el “derecho a decidir” no sería comprendido en el resto del mundo, se apelará siempre al “derecho a la autodeterminación”. Además, como subraya el texto, este concepto “encaja bien con el proceso político” iniciado tras constatar el “agotamiento de la vía autonomista”.

Por si fuera poco, esta opción “probablemente plantea menos problemas jurídicos: no obliga a retrotraerse a una Cataluña autónoma o soberana en la historia”. Por tanto, el hecho de si Cataluña fue independiente en el pasado ya no tiene importancia. Y, lo que es más importante, “permite subsumir agravios fundamentales (económicos, lingüísticos y culturales) sin convertirlos en la primera justificación de la autodeterminación”. En resumen, la apelación a la autodeterminación como último recurso puede integrar los dos grandes argumentos que se han de utilizar fronteras afuera: “El principio de radicalidad democrática y el principio del derecho de todas las comunidades nacionales a decidir su estatus político. Incluso el primer tipo de justificación es más ‘robusto’ como discurso internacional”.

Los consejos a la diplomacia catalana no dejan lugar a dudas sobre la hoja de ruta: “Es preciso poner énfasis en que las instituciones catalanas han intentado compatibilizar las aspiraciones de un autogobierno efectivo y la pertenencia al Estado español”.

La violación sistemática de derechos

El informe de los asesores de Artur Mas señala que el derecho de secesión se justifica si hay una violación sistemática de los derechos humanos, una ocupación militar injusta o una “violación de los acuerdos de concesión de autonomía por parte del Estado central (sic) y la imposibilidad de articular un sistema alternativo federativo (sic) o de soberanías compartidas”.

Esta última cuestión, subraya el texto, encaja en las quejas de los catalanes. “Es preciso citar, sin embargo, que aunque el requisito de una ‘violación sistemática de derechos humanos’ se entiende normalmente como violaciones de derechos humanos estrictamente individuales (por ejemplo, persecución o discriminación por razones étnicas o religiosas), hay precedentes internacionales que extienden el concepto de derechos individuales a la propia cultura hasta el punto de incluir el derecho de la comunidad propia a controlar su tierra y recursos naturales”.

La puerta a apelar a este concepto y utilizarlo internacionalmente, pues, queda abierta, echando mano del caso Lubicon Lake Band versus Canada: el jefe indio Bernard Ominayak, de la agrupación del lago Lubicon, denunció a Canadá, en los años 80 del siglo pasado, por negar a su tribu el derecho a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. En concreto, había otorgado adjudicaciones oficiales a diversas compañías para explotar los yacimientos de gas y petróleo. El Comité de Derechos Humanos dictaminó posteriormente que el Estado canadiense había violado, con esas concesiones, el derecho de las minorías consagrado en el artículo 27 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, ya que la exploración de gas y petróleo constituía una amenaza al modo de vida y la cultura de la comunidad indígena.

La estrategia del Consejo Asesor, pues, se decanta hacia la justificación del derecho de autodeterminación como “último recurso” para paliar la opresión de Cataluña por parte de España. Y esa opresión tiene también la vertiente política: “Si el Estado español se niega por razones estrictamente políticas a permitir la consulta, demostrará nuevamente (y definitivamente) que la autodeterminación es la única solución para poner remedio a una situación injusta. Si el Estado español finalmente aceptase hacer la consulta, entonces el proceso de autodeterminación entraría de lleno dentro del concepto de secesiones pactadas y se produciría, hasta la declaración final de separación, como un asunto estrictamente interno”.

Los conceptos prohibidos

Los asesores de Mas no se muerden la lengua al señalar que “además de legitimar el proceso de autodeterminación, el Govern de Cataluña ha de evitar dos marcos conceptuales peligrosos (tanto filosóficamente como a nivel de ‘marketing político’): el primero es el agravio fiscal; y el segundo es el de hostilidad hacia el Estado español”.

En uno de sus apartados, el informe asegura que “la bandera del agravio económico, si se hace servir sola, tiene un componente que haría acercarnos al caso de otra Padania hasta identificar el patriotismo y la voluntad de ser de los catalanes con una forma colectiva y exacerbada de egoísmo económico. De hecho, esto es lo que desean los contrarios al proceso de autodeterminación. En un contexto europeo de tensiones distributivas importantes, Cataluña no puede aparecer como un agente ‘insolidario’. Esto plantearía una hostilidad considerable en un amplio espectro de la opinión pública europea: la izquierda en general y los países de renta per cápita más baja”.

Es cierto que hay déficit fiscal, pero eso no lo entendería el mundo. La Generalitat sabe que “aunque es cierto que Cataluña padece unos desequilibrios fiscales gravísimos, este caso no tiene nada que ver con el de la región de Padania y, por tanto, cualquier identificación de los dos casos sería, primero, equivocada, y segundo, muy costosa para la causa a nivel internacional. El déficit fiscal ha de ser entendido (y explicado) como un síntoma de la falta de garantías que padece el autogobierno de Cataluña y no como el motor del proceso de autodeterminación.

El argumentario catalán se basa también en que “la autonomía que ofrece el Estado español se encuentra por debajo de las aspiraciones catalanas: en la práctica, la autonomía que tiene la Generalitat es una autonomía política muy limitada y de cariz esencialmente administrativo, sin capacidad real para fijar políticas propias de acuerdo con los intereses de los catalanes”. En segundo lugar, se ha de hacer hincapié en “el carácter de minoría nacional permanente de Cataluña dentro de España”, lo que “hace imposible incrementar esta autonomía por los procedimientos mayoritarios estándares en una democracia”.

En el informe se explica también que hay diversos elementos “que ayudan a mitigar la interpretación del catalanismo como un movimiento ‘nacionalista’ excluyente: el carácter pacífico del proceso de autodeterminación; la respuesta hostil del Gobierno español a la petición de la consulta: la proximidad informativa (esto explica la respuesta neutral de los políticos alemanes y la tranquilidad de los empresarios alemanes); y la simpatía de ciertos estratos intelectuales hacia comunidades culturales minoritarias”. Y aconseja una intensa actividad diplomática con representantes de otros Estados y de organismos internacionales, establecer contactos con escritores y comunicadores de otros países y potenciar la comunicación con medios de comunicación extranjeros. Esta actividad, dice el texto, “debe incluir viajes y conferencias de miembros del Gobierno de Cataluña a lugares clave del extranjero” o “creación proactiva de lazos con periodistas extranjeros”.