Convergència acusa a la Fiscalía de querer imputar a Oriol Pujol para vengarse de Mas

Política y negocios siguen dándose la mano en el escándalo de las ITV, el sumario que comenzó a instruir un juzgado de Barcelona y que ha tenido que ser enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque entre los acusados estaba el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol. Ahora, casi dos años después de que estallase el caso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al TSJC la imputación de Oriol Pujol por cohecho, ya que hasta ahora sólo se le acusaba de tráfico de influencias.

La iniciativa representa un duro revés para el dirigente nacionalista, que hace un mes pidió al TSJC el archivo de la causa contra él aduciendo que no había indicios de tráfico de influencias. Ahora, al contrario de lo que demandaba, recibe dos tazas de imputación.

El motivo, aducen los fiscales, es que el dirigente convergente pudo haber cobrado, a través de su mujer, 30.000 euros de uno de los empresarios imputados en la trama a cambio de apoyar la ley de las ITV de 2008. Por ello, también solicita la imputación de su esposa, Anna Vidal Maragall. Los empresarios que aparecen con el dirigente de CDC son Ricard Puignou, socio de una de las compañías que optaban a tener estaciones de ITV, y Sergi Alsina, compañero de clase del propio Oriol y al que se señala en algunos sectores como su testaferro, que también había montado una empresa a la espera de que CiU, ahora en el Gobierno, derogase la antigua ley y convocase un nuevo concurso en el que esperaba llevarse algunas estaciones de ITV. Para ambos se solicita también la imputación. Hasta este punto todo entraría dentro del terreno de los negocios. Pero a partir de aquí comienza la política.

La nueva petición de imputación se produce casi dos años después de que se comenzase a instruir el sumario, pero también en la misma semana en que el Parlamento catalán ha de aprobar una petición de esta Cámara para que el Gobierno central se avenga a aplicar el artículo 150.2 de la Constitución y ceda las competencias para convocar referendos en las comunidades. El pleno comienza mañana miércoles. Con la anuencia del Gobierno central, Artur Mas podría convocar la anunciada consulta independentista el 9 de noviembre. Y la coincidencia de la petición de Fiscalía con el pleno es precisamente lo que escama a los nacionalistas y lo que hace que duden de la imparcialidad del Ministerio Público.

Una nota de la Fiscalía emitida ayer por la tarde especificaba que la nueva petición de imputación se produce “en una causa diferente” al proceso de las ITV que ya se investiga en Barcelona. “En el transcurso de la investigación del llamado 'caso ITV' se habría descubierto que presuntamente el señor Puignou habría solicitado el voto favorable para sus intereses por parte del señor Pujol en la tramitación de la ley [se refiere a la Ley de Seguridad Industrial publicada en el Boletín Oficial del Parlament el 23 de julio de 2008], voto por el cual el señor Pujol presuntamente habría solicitado 30.000 euros”.

“¿Pagar por votos que no contaban?”

Pero hay algunos datos a tener en cuenta: los supuestos pagos se produjeron en el año 2008, cuando se discutía la mencionada ley. En aquel momento, Convergència i Unió (CiU) estaba en la oposición y no podía influir en su contenido.

“CiU era minoría entonces. ¿Alguien puede pensar que se iban a pagar 30.000 euros a un político que no podía hacer nada, ni siquiera influir en el redactado de la ley? Porque quien mandaba entonces en Cataluña era el Tripartito y CiU estaba en la oposición. Sus votos no contaban ya que PSC, ERC e ICV tenían mayoría en el Parlamento. Por tanto, ¿para qué íbamos a pagar precisamente al partido de la oposición, que no podía hacer nada y cuyos votos no contaban? Aquí alguien ha metido la pata o intenta manipular”, señala a El Confidencial una fuente cercana a los empresarios denunciados por Fiscalía.

Estas fuentes añaden que, en aquel momento, la compañía Certio se estaba separando de Applus, la empresa líder en el sector de las ITV: “Se buscaron asesores que conociesen el sector para llevar a cabo la separación. Y entre esos asesores, se llegó a la compañía Alta Partners”. En esta cortaban el bacalao Sergi Alsina y su socio Sergio Pastor, que había sido el máximo ejecutivo de Applus. Pero había otro detalle importante: desde el año 1999, la esposa de Pujol, Anna Vidal Maragall, trabajaba como asesora de Alta Partners. “Es cierto que por ese asesoramiento en la separación empresarial hubo una factura que pagó Puignou a Alta Partners a través de una empresa luxemburguesa. Pero no hubo nada ilegal u opaco, puesto que la factura pasó por Hacienda y su pago se realizó desde una cuenta española a pesar de ser una sociedad luxemburguesa. Fue todo lúcido y transparente. Y luego, evidentemente, hubo facturas que se pagaron a la empresa de Anna Vidal, como cada año. No hubo ningún pago a Oriol Pujol. Ni documento alguno que sustente esa acusación. Ni un correo electrónico. Ni una conversación telefónica”, subrayan las fuentes consultadas.

“Demasiada casualidad”

En CDC, la petición de la Fiscalía olió a cuerno quemado. “Es demasiada casualidad que esto salga precisamente la crucial semana en que hemos de resolver en el Parlament el tema de la consulta”, señalan fuentes convergentes a este diario. Estas fuentes reconocen que no existe ningún dato nuevo que relacione a Oriol Pujol con el caso. “Sólo existe, según lo que nos ha llegado a nosotros, un correo del empresario Puignou que decía que había hablado con gente de CiU para que le ayudasen a sacar adelante la ley de las ITV. Pero seguramente también habló con los partidos que entonces formaban parte del Gobierno de la Generalitat y que tenían más poder de influencia que nosotros”.

Además, en Convergència subrayan que “si hubiera un Gobierno en minoría y necesitase nuestros votos, todavía tendría algún sentido. Pero nuestros votos no eran necesarios, puesto que el Tripartito tenía mayoría absoluta. ¿Qué sentido tiene vender unos votos que no sirven para nada?”.

El partido nacionalista hizo pública una nota ayer por la tarde quejándose de que ni Oriol Pujol ni sus abogados habían recibido ninguna comunicación por parte de las autoridades judiciales de esta nueva petición y recuerdan que en el año 2008, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Industrial, “CiU estaba en la oposición y, por tanto, el voto de sus diputados no era necesario para llevar adelante esta ley”. Además, reitera “la absoluta inocencia de Oriol Pujol Ferrusola, que jamás solicitó, y mucho menos percibió, ninguna contraprestación –económica o no económica– a cambio de una votación en el Parlament durante la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial del año 2008”. La pelota, ahora, está nuevamente en el tejado del TSJC, que ha de dilucidar qué hacer con el secretario general del principal partido que apoya la independencia y que, además, gobierna en Cataluña. Delicada misión.