El expresidente del Consejo de Estado admite margen legal para una consulta

El Colegio de Periodistas de Barcelona acogió este juevesun coloquio, organizado por la Fundación Madrid, sobre la más rabiosa actualidad política sin el tamiz de los políticos, que por una vez se limitaron a escuchar. Dos conferenciantes de peso, el expresidentedel Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente, y el catedrático de Filosofía Manuel Cruz, nada sospechosos de nacionalistas, expusieron sus tesis razonadas y razonables en la misma boca del león soberanista.

El acto, que contó con Miguel Ángel Aguilar y Rafael Jorba como maestros de ceremonias, reunió a un selectivo elenco de personalidades: Javier Solana, la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, el exdelegado de la Generalitat en Madrid, Jordi Casas, el portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, el portavoz de ICV, Jaume Bosch, el catedrático Luis de Carreras (uno de los ideólogos de Ciutadans) o el presidente del Gremio de Hostelería de Barcelona, Jordi Clos.

Rubio Llorente abrió el fuego: “La independencia de Cataluña no es una utopía, sino una distopía. Abriría las puertas a un futuro peor que el presente y que es preciso evitar”. Y, a continuación, detalló sus “nueve tesis” sobre el conflicto catalán. “La Constitución sólo tiene límites procedimentales. O sea, ningún fin es ilegal en sí mismo siempre y cuando se ajuste a los procedimientos de la Constitución. Que un territorio se quiera desgajar es un fin lícito siempre que no pretenda alcanzar la independencia al margen de la Constitución”, explicó.

El expresidente del Consejo de Estado se declaró abiertamente antiindependentista, pero admitió que cabe la posibilidad de realizar una consulta legal en Cataluña. “De acuerdo con el artículo 92, no sería imposible que se convocase, pero previa reforma de la Ley Orgánica 2/80. Podría abordarse esa reforma referida exclusivamente al caso catalán o bien regular los referendos de carácter subestatal. Pero, políticamente, parece poco probable que se acabe convocando”.

El jurista también resaltó que, en ese caso, debería ser el propio Parlamento autonómico el que promoviese la reforma de la Ley 2/80 “mediante una proposición de ley, porque la reciente declaración sobre el derecho a decidir no sólo no cumple esa función de impulsor, sino que incluso hace imposible esa modificación. Lo que ha hecho es una mera solicitud que no va acompañada de propuestas concretas. Es más: se puede interpretar como una amenaza la afirmación de convocar una consulta para el año próximo”. Rubio Llorente, no obstante, subrayó que “la independencia de una parte del territorio requiere una reforma de la Constitución y ésta sólo puede llevarla a cabo el pueblo español”.

Hablando de futuribles, señaló que en caso de convocarse un referéndum debería fijarse un quorum “amplio y sólido” para dar por válido el resultado. Y si hay un apoyo masivo, debería “abrirse un diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat para la reforma constitucional”. Advirtió, sin embargo, de los peligros de cerrarse en banda por parte de las dos instituciones, ya que “la no convocatoria puede generar una frustración y que se busquen alternativas de efectos impredecibles, como las famosas elecciones plebiscitarias”.

Un planteamiento maniqueísta

El filósofo Manuel Cruz, por su parte, criticó el planteamiento maniqueísta del conflicto catalán. “Durante el último año, el planteamiento que se ha hecho es que hay un enfrentamiento entre España y Cataluña, dando por descontado que estos dos conceptos son bloques monolíticos, dos entidades cerradas sobre sí mismas, lo que provoca una exaltación patriótica. O sea, se nos ha repetido que dentro de estos bloques ya no hay nada que discutir y si no se está dentro de la unanimidad se está en las tinieblas exteriores”.

Cruz criticó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su “dontancredismo”, que “ha contribuido a la sensación de que de Madrid no llegan respuestas. Hay que hablar y debatir, no sólo negociar”. Pero también guardaba estopa para el nacionalismo. “Es una sandez que fuera de Cataluña no hay más opción que la de la España una, grande y libre”. Y refiriéndose al Gobierno de Artur Mas, señaló que “lejos de promover el saludable debate social, sólo ha intentado en este año sumar adhesiones”. Rubio Llorente también consideró que “mi concepción de España es la de una nación de naciones donde Cataluña, País Vasco y Galicia tienen una historia diferenciada que exige un tratamiento diferenciado. Pero hablar de entidades monolíticas es el colmo de la irracionalidad”.

El catedrático de filosofía advirtió de los intentos de marcar a los que no piensan igual. “Personajes importantes han dejado incluso por escrito que el que no está a favor de la independencia es un quintacolumnista, un traidor, un colaboracionista doméstico. El propio Mas, el 29 de septiembre, llamaba a que dentro de Cataluña ha de hacerse una piña, porque ya tenemos adversarios fuera y no debemos tenerlos dentro. Y el lenguaje subliminal denota que la pluralidad es un peligro”.

El doble lenguaje del nacionalismo

Tanto Cruz como Rubio Llorente criticaron también el doble lenguaje de los nacionalistas. “Se están hurtando las razones a los ciudadanos. Cuando incluso el propio presidente europeo advierte de los peligros de la independencia, los líderes nacionalistas dicen que ésa es la típica reacción ante el miedo”, alertó Cruz. Y Rubio Llorente recordó que “la historia de Cataluña estuvo siempre ligada a la Corona de Aragón primero y a la Corona de los Borbones después”, destrozando el principal mito de los independentistas.

El jurista criticó también la excusa de los nacionalistas cuando se niegan a escuchar cualquier propuesta “porque se acabó el tiempo. Es irracional esa postura, dicho sea con todos mis respetos. Hay que hablar de qué y del porqué de las cosas, antes del cómo. Y es igualmente grave que dentro de los bloques enfrentados existe la tesis concomitante de que tampoco hay ocasión para el diálogo, porque sólo hay leales o traidores. Eso es mentira, es un defecto, es la lacra típica de los nacionalismos”.

Denunciaron, por otra parte, la poca disposición del nacionalismo a negociar y su manipulación al lanzar el mensaje de que no hay otra opción que inmovilismo o independencia. “Ahora que el principal partido de la oposición y el tercero se declaran partidarios de la reforma de la Constitución, dicen que llegan demasiado tarde. Desde un punto de vista práctico, no lo entiendo. Y cuando les proponen otra vía como la federalista, aparte del inmovilismo y de la independencia, primero dicen que al otro lado del Ebro no hay federalistas. Cuando estos aparecen y se demuestra que lo que dicen es falso, se excusan en que no tienen fuerza y acaban diciendo que la propuesta llega demasiado tarde. Esa actitud soslaya lo fundamental: ¿Por qué los soberanistas no aceptan ahora la reforma constitucional? ¿Pueden dar razones de su rechazo a cualquier propuesta que no sea la secesión? Además de pedir más dinero, sería deseable que nos explicaran lo que quieren hacer”, acusó Cruz.

Ambos contertulios abordaron también la banalización y la instrumentalización del lenguaje. “Se lanzan mensajes que van calando -dijo Cruz-. Por ejemplo, se sustituye España por Estado español. Eso chirría y no es inocente. Pero entonces tendría sentido decir que “el Estado español nos roba” y, en cambio, ahí sí que dicen “España nos roba”. Además, en el lenguaje político se han ido deslizando de forma sutil términos muy determinados: consulta en vez de referéndum o concierto económico en vez de cupo”.

Para Rubio Llorente, teóricamente la situación puede reconducirse. Hay espacio y tiempo para rehacer puentes políticos y personales. “Pero políticamente, no lo sé”, subrayó. Y se atrevió a poner en cuestión el gran pacto del 78. “Los partidarios de no conceder a Cataluña un concierto económico similar al vasco justificaban esa postura en el peso que ambas comunidades tienen en el PIB español: un 3 o un 4% en el caso vasco y un 22% en el caso de Cataluña. Pero desde un punto de vista ético eso es poco consistente. Diré algo muy duro: quizá habría que reformular la concepción del convenio vasco-navarro, porque entre las obligaciones generales de un Estado contemporáneo está erradicar la desigualdad social”.