Motivos del frenazo de Mas: evitar la presión de la Diada y salvar su imagen

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, alertó a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de que anunciaría su renuncia a celebrar el referéndum independentista en el 2014 pero, en cambio, que pensaba convocar elecciones “plebiscitarias” o “constituyentes” para el 2016, si los republicanos siguen dando su apoyo al actual Gobierno después del año que viene. El anuncio pilló por sorpresa a todos, excepto a los socios de CiU, que sabían lo que el president iba a anunciar y tenían preparada su respuesta.

Pero además hay otro motivo fundamental: la gran movilización del 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña será un éxito. Pero Artur Mas no quiere ir a remolque de la movilización popular. Anunciando su intención de no convocar un referéndum ilegal, fija ya su posición y, pase lo que pase durante el 11-S, no se verá obligado a tomar decisiones al margen de la ley. Es decir, no se sentirá obligado a acelerar ningún proceso aunque la Diada y la cadena humana que los independentistas quieren hacer de norte a sur de Cataluña sea un éxito rotundo.

Para los partidarios del president, el anuncio fue “una demostración de honradez política”. Para sus críticos, representa “una falta de coraje político. Escenifica su miedo de enfrentarse a la Vía Catalana [nombre con el que se conoce a la cadena humana independentista que se quiere hacer]”.

A Mas le quedaba un fleco por resolver: en el pacto que CiU y ERC firmaron, se especificaba que el referéndum independentista debe realizarse durante el 2014, excepto por causa de fuerza mayor. Era la principal condición de los republicanos y el motivo por el cual estaban dispuestos a apoyar al Gobierno de Artur Mas. Éste, por tanto, debía darles una explicación plausible sobre su cambio de actitud. Y encontró una causa de fuerza mayor con que justificar su cambio de hoja de ruta: el respeto por la legalidad vigente.

“El Gobierno no puede arriesgarse a convocar una consulta que esté fuera de la ley, porque ello nos deslegitimaría ante los organismos internacionales. Hemos de ser muy cuidadosos con estas cuestiones”, señala a El Confidencial una fuente cercana al Ejecutivo catalán. Una fuente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) señala también que “si el Estado no nos permite celebrar el referéndum, si no nos dejan aplicar la Ley de Consultas y si el Tribunal Constitucional nos tumba esta ley, no podemos saltarnos a la torera la legalidad vigente. Sólo nos queda el camino de convocar unas elecciones plebiscitarias en el 2016”.

¿Y qué pasa con la exigencia de ERC de celebrar el referéndum? “No trabajamos con otra posibilidad que no sea la de celebrar el referéndum el año que viene”, manifestaron a El Confidencial fuentes de Esquerra. Así lo confirmó incluso el secretario general adjunto, Lluís Salvadó, para quien el año próximo “el pueblo de Cataluña ha de poder celebrar la consulta que le dé la voz para decidir el futuro del país”. En otras palabras, Salvadó afirmó que la consulta se ha de hacer “sí o sí”.

Pero desde CDC no se tiene tan claro. “Se han de tener en cuenta muchas variables. Hemos de ver si hay o no legalidad propia para poder hacer la consulta y, cuando todo falle, veremos si se convocan unas elecciones plebiscitarias”, dicen fuentes convergentes a este diario, minimizando las presiones de los republicanos.

Los consejos de los asesores

La estrategia nacionalista deja intacto, sin embargo, el frente internacionalista que el propio Mas abrió a principio de esta legislatura. Los asesores del president le han advertido en varias ocasiones que la batalla soberanista ha de ganarse en los foros internacionales y que, en ellos, es preciso respetar en todo momento la legalidad. Si Cataluña inicia un proceso saltándose las leyes vigentes, jamás encontrará apoyos en el exterior y, mucho menos, en la Unión Europea.

Reservándose el derecho a la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias, no se salta ninguna legalidad y pone sobre la mesa el tema de la legitimación democrática. Es cierto que el nuevo calendario choca con la hoja de ruta de los republicanos, ya que ERC le había pedido al presidente catalán que adelantase los comicios a finales del año que viene para, ante la más que probable negativa del Gobierno central a convocar el referéndum, poder celebrar unas elecciones “constituyentes”. La intención de ERC era agotar todas las vías legales del referéndum para ir a unos comicios con un programa donde sólo figurase un punto: la proclamación de la independencia. Incluso se dejaba la puerta abierta a una gran coalición que podría estar formada por CiU, ERC y otras formaciones favorables a la independencia, donde podría entrar desde un segmento del PSC hasta otro de ICV pasando por Reagrupament (que nació de una escisión de ERC) o la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP). Esta gran coalición, sin embargo, no deja de ser una utopía: hay sectores nacionalistas, como los articulados en torno a Unió Democràtica (UDC), que no irían jamás a unas elecciones con ERC. Pero, en definitiva, lo que ha hecho Mas es dilatar un poco los tiempos y ubicar los comicios demandados por los republicanos en el 2016 en vez de en el 2014.

Fuentes oficiales de ambos partidos afirman que la cautela exhibida por Mas renunciando al referéndum no va a repercutir en las relaciones entre ambas formaciones. Pero la realidad es muy distinta: los republicanos escenificarán su enfado el año que viene y presionarán al Gobierno catalán porque no pueden decepcionar a su militancia. Pero podrían seguir manteniendo al Ejecutivo de CiU por “responsabilidad hacia el país”. Y, en las elecciones del 2016, tratar de ganar a Convergència en las urnas.

El problema de los convergentes, por su parte, es que han forzado tanto la máquina a favor del referéndum que ahora se ven abocados a un callejón sin salida. Si Artur Mas se desdice y abandona la hoja de ruta soberanista, perderá apoyo popular, lo cual puede llevar a CiU a la cota más baja de diputados de toda su historia (las encuestas ya les dan otra importante sangría, después de la espantá de votos moderados en las últimas autonómicas). Y ERC, que quiere la independencia pero también es consciente de las dificultades legales para alcanzarla, tampoco puede fallar a sus bases. Se trata, entonces, de escenificar una responsabilidad “de Estado” que no les suponga desdecirse públicamente de lo que han prometido a boca llena durante los últimos dos años.