Los catalanistas del PSC se rebelan: exigen un Estado propio y un referéndum independentista

El ala catalanista del Partit dels Socialistes de Catalunya no está dispuesta a tirar la toalla ante el posicionamiento firme de la actual dirección que, tal y como anunció el líder del partido, Pere Navarro, no está por la independencia, sino por un Estado Federal, por lo que pide reformar la Constitución para que ello sea viable. Para los catalanistas, la formación no puede renunciar a que Cataluña tenga un Estado propio, además de reclamar políticas de izquierdas. Y en sus reivindicaciones incluyen una Hacienda propia, selecciones nacionales en el terreno deportivo y un referéndum independentista.

“Cataluña necesita como nunca una izquierda nacional, identificada con los intereses de Cataluña, sin hipotecas en su actuación y en su presentación, capaz de constituirse en alternativa al nacionalismo conservador de la derecha (...) Sin una izquierda catalana potente sólo habrá subordinación dentro de un espacio único y un pensamiento único de centro-derecha, seguramente contrapuntado -en una alianza de fondo contra la izquierda- por una derecha españolista polarizada en sentido inverso e interesada en romper la unidad civil de nuestro pueblo. No es el esquema que le conviene a Cataluña en estos momentos: la debilitaría gravemente. Es un peligro que podría frustrar el camino emprendido o bien resultar un lastre insuperable que se llevaría la Cataluña-Estado muy lejos del sueño de la inmensa mayoría de los catalanes y catalanas de hoy”, dice el manifiesto.

El texto está suscrito por la flor y nata del sector: el exconsejero de Economía, Antoni Castells; la exconsejera de Sanidad, Marina Geli; el exconsejero de Educación, Ernest Maragall (que curiosamente ayer se destapó diciendo que en estos momentos no votaría al PSC en unas elecciones); el exconsejero de Educación y Universidades Joan Manuel del Pozo; el exconsejero de Agricultura y exteniente de alcalde de Barcelona Jordi William Carnes; el ex consejero de Agricultura y exalcalde de Lérida Antoni Siurana; el actual alcalde de Lérida, Angel Ros; la eurodiputada Maria Badia; el diputado Daniel Font; el expresidente de la Diputación de Barcelona y exvicepresidente del Parlamento autonómico, Antoni Dalmau; el exalcalde de Terrassa y exdelegado del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca, Manel Royes; el exsecretario general de Economía, Martí Carnicer; la jefa de la oposición municipal en Gerona y exdelegada de la Generalitat en esta provincia, Pia Bosch; o los exalcaldes de Badalona y Reus, Jordi Serra y Lluís Miquel Pérez respectivamente.

Los amotinados señalan en su texto que “el episodio del pacto fiscal, muerto antes de nacer, nos muestra, una vez más, la dificultad de cualquier aproximación parcial o de mejora de la situación a partir de propuestas catalanas” y subraya que “es el Estado español el que, hasta ahora, ha cerrado la puerta. Cataluña siempre ha querido el diálogo y el pacto”.

Por ello, reclaman un nuevo escenario que habría de reunir determinadas condiciones; se trata de firmar un nuevo acuerdo con el Estado “que incluya un pacto explícito y bilateral con Cataluña. Habría de reconocer a Cataluña como nación y como sujeto de soberanía propia. Habría de reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña, que podría ser ejercido mediante referéndum convocado por el Parlamento de Cataluña”.

Competencias exclusivas

Además, la comunidad habría de tener un marco competencial “inequívoco” y plena capacidad decisoria en las políticas básicas: “educación y salud, cultura y lengua, servicios sociales, industria y empleo, justicia, inmigración, agricultura, representación exterior, deportes y presencia catalana normalizada en las competiciones internacionales, mientras que serían objeto de decisión compartida el sistema de pensiones y seguridad social, la defensa, las relaciones del Estado español con las instituciones europeas, con las instituciones internacionales y con terceros países y los aspectos comunes de la política inmigratoria”.

A pesar de ello, los catalanistas del PSC reclaman también que Cataluña tenga presencia directa en “las instancias federales europeas” y una “Agencia Tributaria Catalana por la que pasase toda la recaudación. Con criterios fiscales compartidos de ámbito español y europeo y con su participación en unos mecanismos de solidaridad justos”. También habría de establecer los “mecanismos concretos de corresponsabilidad de la Cataluña-Estado al Estado común español o ibérico”.

En todo caso, esto implica “la articulación completa del nuevo sujeto político que quiere ser Cataluña, dotado de soberanía propia y con presencia y corresponsabilidad en los otros ámbitos de soberanía en los cuales participe”. De ahí que reclaman la reforma de la Constitución para que permita “recuperar el espíritu que estaba implícito en el pacto constitucional de 1978, hoy claramente cuestionado y que consistía en un doble compromiso: de la democracia española, con el reconocimiento nacional y el autogobierno de Cataluña; y de la Cataluña-nación con la democracia española”.

En otros puntos del manifiesto, los críticos socialistas reclaman aumentar la presión fiscal “sobre los más poderosos”. Y añaden que “es preciso hacer crecer conceptos como equidad y corresponsabilidad social, introducir ejes de política económica que incorporen los factores ecológicos, de sostenibilidad y de energías renovables. Es preciso impulsar políticas fiscales dirigidas a influir positivamente en hábitos de consumo, estrechamente relacionados con la salud pública o el cuidado del medio ambiente”.

Referencias a los ‘indignados’

El manifiesto hace también referencia al movimiento de los indignados. “Es preciso replantearse el funcionamiento del sistema democrático -explica-, del conjunto de instituciones, partidos, sindicatos y entidades diversas, sostenidos en buena medida con recursos públicos”. En base a estos argumentos, reclaman la confección de una Ley Electoral Catalana propia, todavía pendiente, la “reformulación del papel de los partidos políticos, con la devolución a la sociedad de algunas de las funciones que hasta ahora han tenido reservadas, en Cataluña y en España, particularmente las relativas al monopolio en la selección de los candidatos y en la dependencia de los electos”. Por ello, subrayan, sería necesaria una vinculación permanente entre los electores y los elegidos, concretándose ello en “la definición de circunscripciones electorales unipersonales”. Y, consecuentemente, la confección de “listas abiertas o desbloqueadas” y “la generalización de elecciones primarias abiertas, trasladando a la ciudadanía la capacidad de seleccionar los candidatos a cabeza de lista del correspondiente espacio electoral, de manera que los partidos dejen de tener el monopolio y el consiguiente control sobre sus electos”.