Oriol Pujol aparece en la trama catalana del sumario del ‘caso Campeón’

Corren malos tiempos para Convergència i Unió (CiU). La sombra de la sospecha se ha extendido sobre la formación nacionalista, que en los últimos días ha visto cómo algunos de sus responsables se han vinculado a grandes escándalos. El más importante, por supuesto, Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat, secretario general adjunto de Convergència y presidente del grupo parlamentario convergente en la Cámara catalana.

Según el sumario de la Operación Campeón, el empresario gallego Jorge Dorribo, el mismo que implicó al ex ministro José Blanco en sus tejemanejes, quería introducirse en el negocio de la distribución farmacéutica a través de su empresa Laboratorios Asociados Nupel, en concurso de acreedores desde hace más de medio año, y había contactado con el político catalán. En el sumario existe sólo una referencia a Pujol: cuando el fiscal apunta a que puede haber un “posible tráfico de influencias en la concesión sanitaria catalana, en cuya trama se llevó a la identificación como connivente de Oriol Pujol Ferrusola”. Fuentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) consultadas por este diario negaron cualquier vinculación del dirigente nacionalista con el empresario gallego. “Ni lo conoce ni ha hablado nunca con él”, subrayan.

Dorribo, sin embargo, también había contactado con Sergi Pastor, por ejemplo, ex consejero delegado de Applus, para poder entrar en el negocio de las ITV. En este terreno, no obstante, la legislación es muy estricta y sólo si alguien vende existe la posibilidad de tener estaciones. Según se desprende del sumario, Pastor, que conoce el terreno de su época en Applus, podría haber contactado con la alemana Tuv Rheinland para optar a un trozo del mercado. Según señalan fuentes del sector a El Confidencial, los alemanes están interesados en comprar ITV en Cataluña. Pero si los tres operadores actuales no venden, nadie puede abrir nuevas estaciones. Otros nombres citados en el sumario son Sergio Alsina (empresario a quien en algunos círculos se relaciona con Oriol Pujol) y Marta Rodríguez.

Pero otro responsable de Convergència también aparece vinculado a otro escándalo que, de momento, ya ha costado el puesto al coordinador general de la Diputación de Barcelona, Josep Maria Matas. Se trata del abogado Salvador Cuadreny, que ha representado a CiU en multitud de pleitos y recursos. Cuadreny defendió a la federación nacionalista en el recurso que interpuso el PP en las pasadas elecciones municipales en las que reclamaba un recuento de votos en la ciudad de Barcelona y que se saldó con la toma en consideración de un puñado de sufragios que le supusieron un concejal más al PP en detrimento de CiU. Cuadrenys también fue el representante de la coalición Galeuska en el recurso que ésta interpuso en las elecciones europeas del 2004 impugnando las actas de 37 provincias.

Intermediaciones muy productivas

El escándalo de Matas se inició al descubrirse que, siendo secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), una empresa de su propiedad facturó a ésta casi un millón de euros. Se trataba de la sociedad Parés i Solé, dedicada a estudios de mercado, informes y resúmenes de prensa. La compañía encargaba los resúmenes de prensa a terceros y ganaba con cada uno miles de euros mensuales por esta tarea. Además, también hacía de intermediaria para encargar trabajos a terceros, como la impresión de folletos o libros.

Con posterioridad, se descubrió otra empresa, Procomu Habitatges, que también había facturado 50.000 euros a la Fundación Privada de Vivienda Pública de Catalunya (FPHP), perteneciente a la ACM, por la gestión de pisos de protección oficial en Vic. En esta compañía, era socio de Xavier Solà, actual número 2 de la consejería de Cultura, concejal de Urbanismo de Vic y director de la propia FPHP. El tercer socio de Procomu es Salvador Cuadreny, que además era administrador único de la empresa. Para colmo, otra empresa de los mismos socios, Projectes Minamb Quattro, fue utilizada paralelamente para gestionar la construcción de los pisos.

Matas, que es presidente de Convergència en la comarca de Osona, fue finalmente cesado como número 2 de la Diputación de Barcelona el pasado 24 de febrero. Xavier Solà, según reveló el diario El País, también extrajo jugo de la ACM: en el año 2009, compró la compañía EiL Sau, siendo jefe de los servicios jurídicos de la entidad. Y tuvo una luminosa idea: realizar un catálogo de masías y adjudicárselo a su empresa. Así, el 29 de diciembre de aquel año, quince días después de comprar EiL Sau (que en aquel momento estaba inoperativa), remitió 65 facturas a la asociación municipalista por 2.982,36 euros cada una (un total de 193.853 euros). Se trataba de una factura por cada masía del catálogo. Después de eso, volvió a quedar otra vez sin actividad alguna.