EL SUPREMO DEBERÁ DECIDIR SI CAMBIA EL MODELO DE LA GENERALITAT

La sentencia sobre el catalán en la escuela reactiva la guerra de lenguas en Cataluña

Nueva guerra por la lengua en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó ayer una sentencia salomónica, que quiso contentar a todos pero
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La sentencia sobre el catalán en la escuela reactiva la guerra de lenguas en Cataluña

Nueva guerra por la lengua en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó ayer una sentencia salomónica, que quiso contentar a todos pero que sólo contentó a medias: el modelo de inmersión lingüística, que contempla el catalán como lengua vehicular, es válido. Pero si los padres lo piden, sus hijos deben ser escolarizados en castellano, porque ésta debe ser también lengua vehicular. En realidad, nada nuevo bajo las estrellas. El año pasado, sólo unas 70 familias pidieron la escolarización en castellano y sus hijos reciben clases en este idioma.

El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC no las tenía todas consigo. Sabía que se encresparían los ánimos si se desequilibraba la balanza hacia cualquiera de los dos extremos. Y, al final, pudo consensuar una resolución para contentar a todos. “Lo que se pretendía era emitir un texto que no molestase a nadie y que fuese asumido por el Gobierno catalán, ya que de lo contrario se podría provocar un conflicto de dimensiones inimaginables”, señalan a El Confidencial fuentes cercanas a la judicatura. Dicho y hecho: 21 de los 24 magistrados apoyaron la sentencia, que al final poca luz más arroja sobre el sistema vigente.

La consejera de Educación, Irene Rigau, aplaudió el fallo porque la atención personalizada que preconiza es la que se viene dando en la comunidad. Y el propio Artur Mas señaló que “estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí. El modelo en catalán como lengua vehicular en la escuela se mantiene íntegro porque es bueno”. Matizó que el modelo ya contempla excepciones “cuando alguna familia pide una mayor atención en lengua castellana” pero reconoció que “si es preciso afinar alguna cosita se hará, pero el modelo en su conjunto, que es el que interesa al país, entendemos que no es preciso tocarlo porque la sentencia no lo altera en ningún caso”. La presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, se manifestó en similares términos.

El Supremo había sentenciado el 9 de diciembre del 2010 que el castellano debe ser “reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria”. Además, obligaba a las instituciones escolares a comunicarse con los padres en castellano si éstos así lo solicitan. Y concluía: “La Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.

En su fallo de ayer, el TSJC subraya que “pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del alto Tribunal un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña (...) es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional”. En otras palabras, que no debe entenderse que la escolarización en castellano se generalice a todo el sistema, sino que atañe sólo a los casos que lo llevaron a los tribunales. Y añade que, por ello, la Generalitat ha de escolarizar a los niños aludidos en la sentencia del Supremo “reconociéndose en tal sentido su situación jurídica individualizada y ello por no aparecer acreditado que esa Administración [es decir, el Gobierno autonómico] haya ejecutado debidamente el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo”.

Una sentencia “infumable”

Francisco Caja, responsable de Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad que apoyó los recursos de tres familias en el 2006 pidiendo que sus hijos fuesen escolarizados en castellano, señaló a El Confidencial que “el fallo del TSJC es infumable. Utiliza un criterio aberrante y no tiene nada que ver con la racionalidad jurídica. Lo que viene a decir es que se puede discriminar mientras no se proteste. Y si alguien quiere, que meta un recurso y espere otros seis años a que le den la razón, como en este caso”. Y remacha: ”Lo que hace es enmendarle la plana al propio Tribunal Supremo, ya que contradice la sentencia dictada por aquél. Es insólito. Es la primera vez que esto sucede en nuestra historia jurídica, porque restringe la aplicación del fallo del Supremo a casos particulares. Esto es ya la independencia judicial de Cataluña”.

Justamente lo contrario, por ejemplo, de lo que piensa la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Anna Simó, que arremetió contra el Supremo, de quien dijo que “se excedió en sus funciones, tal y como se desprende de la resolución del TSJC”. Lo malo es que, jurídicamente, el Supremo es un ente que está por encima del Superior y éste no puede contradecir sus sentencias. El presidente de esta formación, Oriol Junqueras, por su parte, lamentó la sentencia dictada por el Supremo. ”No puede ser que un órgano de designación política del Estado español pretenda convertirse en una cámara legislativa de segunda instancia respecto al Parlamento de Cataluña”, subrayó. Y defendió el sistema de inmersión actual, al que calificó de exitoso.

Más duro se mostró el diputado de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) Alfons López Tena, ex vocal del CGPJ, deploró el fallo del TSJC porque será el propio Supremo quien dictaminará finalmente si el castellano se aplica por norma en la enseñanza catalana. La presidenta de òmnium Cultural, Muriel Casals, calificó la sentencia de gris porque “hay líneas rojas que nadie se atreve a cruzar”. En este sentido,lamentó que se obligue a escolarizar en castellano a quien lo pida porque eso es un “impedimento para los docentes”.  òmnium, Somescola (que agrupa a una treintena de entidades), la Plataforma per la Llengua y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (Fapac) criticaron ayer el fallo y pidieron a la Generalitat que mantenga la inmersión. Además, criticaron a PP y Ciutadans por interponer recursos contra normativas lingüísticas y subrayaron que las primeras víctimas de esta sentencia son los hijos de las familias que reclamaron la enseñanza en castellano.

Juntos, pero no revueltos

Convergentes, socialistas y ecosocialistas coincidieron también en defender el modelo de inmersión actual. Están juntos, pero no revueltos. “El modelo de inmersión queda ratificado. Es un modelo de éxito y de unidad política y social. Lo que hay que hacer es dejar de intentar crear un problema allí donde no lo hay”, dijo Jordi Turull, portavoz de CiU. El presidente de ICV, Joan Herrera,  subrayó que el fallo avala el modelo actual, aunque lamentó que una parte del mismo “consolida un marco de conflicto”. Pero tanto él como el portavoz socialista, Jaume Collboni, metieron el dedo en el ojo de CiU, al recordarle que el PP presentó recurso contra la Ley de Educación (LEC), que consolida el actual modelo de inmersión. Ese recurso, según los dirigentes opositores, “atiza el conflicto”. Y ese PP es el “compañero de viaje” de los convergentes. ”Su socio de referencia”, especifica Collboni.

El portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, valoró que la sentencia “reconoce el derecho a recibir educación en catalán y en castellano”, pero reconoció que no entra en el terreno de “dirimir sobre el modelo que se habría de aplicar”.

De lo que no hay duda es de que la sentencia ha agudizado las susceptibilidades. La consejera Irene Rigau, tocó a rebato el miércoles a mediodía. Se esperaba que el tribunal dictase el fallo por la tarde y reunió a los partidos políticos que están de acuerdo con la inmersión lingüística vigente y a dos entidades, òmnium Cultural y Somescola. Pretendía lanzar esa misma tarde un manifiesto conjunto contra la sentencia si ésta se cargaba la educación catalana. La consejera había llegado a decir incluso que si la sentencia era contraria a la inmersión, no la acataría. Y varias entidades cívicas preparaban una campaña de insumisión contra el fallo, de ser adverso.

Ante ello, Francisco Caja afirma que “ha habido fuertes presiones del Gobierno y de asociaciones subvencionadas. El Tribunal Superior cedió a esas presiones y, objetivamente, no ha estado a la altura de las circunstancias”. Convivencia Cívica prepara ahora un recurso de casación, que podrá ser interpuesto en un plazo máximo de 10 días. Y entonces será de nuevo el Supremo quien se pronuncie.

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