Autobuses y Metro amenazan con un invierno caliente en Barcelona por los recortes salariales

Los transportes públicos de Barcelona se preparan para un invierno y una primavera de lo más caliente. Autobuses y Metro, que emplean a unos 8.000 trabajadores y dan servicio a unos 4 millones de usuarios del área metropolitana, pueden arder por los planes de recortes que pesa sobre las plantillas y sus salarios. De momento, los siete sindicatos con representación en el comité de empresa han rehusado, unánimemente, reunirse con la dirección de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y han pedido la dimisión en bloque de los políticos a su frente por su “mala gestión”.

El conflicto no ha hecho más que empezar. Las huelgas de los transportes -y, en especial, las de autobuses- han sido, desde hace décadas, las más duras que han tenido lugar en la capital catalana, no sólo por la incidencia en los desplazamientos de los ciudadanos (que no pueden utilizarlos para acudir a sus puestos de trabajo), sino por su propia condición: enfrentamientos de piquetes con la Policía, quema de vehículos, barricadas en las calles... los años 80 pueden revivirse en pleno siglo XXI si la situación no encuentra una salida negociada.

“La empresa sólo sabe amenazar. Lo dejó bien claro en las dos reuniones que tuvimos: quiere realizar un ERE si no recortamos personal. Para ello, se justifica diciendo que ya ha recortado servicios en 14 líneas y de éstas eliminará tres. Además, quiere comenzar los despidos este 8 de enero: hay 36 trabajadores que deberían pasar a contrato indefinido ahora, puesto que llevan dos años trabajando como temporales. Pero, en lugar de ello, comienza a despedirlos este fin de semana”, señala a este diario Jordi Ortiz, delegado de la Plataforma sindical de autobuses (PSA).

De momento, ha habido dos reuniones con la directiva, la última de ellas el 29 de diciembre. Otra reunión, prevista para el pasado miércoles, fue desconvocada, ya que todos los sindicatos enviaron una carta al presidente de TMB, Joaquim Forn, y al vicepresidente, Dídac Pestaña, en la que les comunicaban que no aceptarán un ERE y que han de poner sobre la mesa propuestas alternativas. La carta recoge cuatro puntos básicos: “No a los despidos ni a la reducción de plantilla; no estamos de acuerdo con el excesivo aumento tarifario; no estamos de acuerdo con la reducción de servicios ni la supresión de líneas anunciada; y respetar el convenio colectivo vigente”. Además, piden “la dimisión de toda la dirección de Transportes de Barcelona”.

“Sólo sabemos que quieren reducir los costes en 56 millones de euros, de los que 14 millones serán en salarios. Pero no hablan nada de reducir el plantel de directivos y una partida extra de 120 millones de euros por trabajos que se encargan externamente. La empresa no quiere asumir que ha de rendir cuentas de estas partidas y amenaza con un expediente de regulación de empleo que no estamos dispuestos a admitir”, señaló a El Confidencial Miguel Ángel Arias, delegado de la UGT y presidente del comité de empresa de los autobuses barceloneses.

Los representantes de los trabajadores acusan a la compañía de tener una plantilla de entre 250 y 300 personas con contratos fuera de convenio, la mayoría técnicos, abogados o periodistas. “De ellos, unos 150 cobran entre 40.000 y 50.000 euros, pero el resto tiene salarios de altos cargos. El vicepresidente, Dídac Pestaña, por ejemplo, tiene en su gabinete a 18 cargos políticos. En total, hay un alto directivo por cada 65 trabajadores, lo que es un ratio inadmisible. Pero también nos llama la atención la partida de 120 millones de euros que se pagan por trabajos externos. Esto representa el 65% del salario de los 4.200 trabajadores”, denuncia Arias.

Políticos recolocados

Para Josep Garganté, portavoz de la Confederación General del Trabajo (CGT), esta cúpula directiva “no nos hace falta. Por ello, hemos pedido al presidente y al vicepresidente que dimitan todos y que dejen que la compañía sea autogestionada por los propios trabajadores, que seguro que daremos un mejor servicio con menos gastos. En la época del Tripartito, comenzaron a llegar altos cargos que salían de la Generalitat, muchos de ellos provenientes de la empresa pública Gisa. A José Vicente Muñoz, ex diputado socialista que no consiguió revalidar su acta en las últimas elecciones, lo recolocaron pero ya no como conductor, que era el puesto que tenía antes, sino con un despacho de alto directivo. Y al ex gerente del Instituto del Taxi, Miguel Ángel Martín, que calificó de “mal follada” a la directora de TV3, también lo han recolocado. Mientras, dicen que no hay puesto para los 8 compañeros que quieren despedir este día 8. Por eso, mientras la dirección siga haciendo estas cosas que no nos venga con el discurso de los recortes necesarios”. Y Miguel Ángel Arias critica especialmente que “las primas de planes de pensiones de los directivos son de un millón de euros, pero quieren recortar los planes de pensiones del resto de trabajadores”.

Fuentes oficiales de la compañía consultadas por este diario no quieren comentar nada sobre la situación actual. Sin embargo, otras fuentes de TMB reconocen que “había una reunión este miércoles, pero el comité no se presentó. Nuestra idea es continuar negociando y buscar una solución aceptable por todas las partes. en caso de no encontrarla, se estudiarán medidas legalmente establecidas que podrían acarrear peores consecuencias”. Desde los sindicatos, sin embargo, se niega que se esté negociando: “Quisiéramos saber con quién, porque con nosotros no es”. Y tanto CGT como PSA califican la postura de la dirección de la empresa de chantaje: “No sólo pasa la tijera por el servicio de autobuses mientras sube el precio de las tarifas más utilizadas, sino que ha comenzado a utilizar el chantaje planteando a los trabajadores una merma en sus condiciones salariales o un ERE”.

Porque los sindicatos se muestran también contrarios a la subida de tarifas aplicadas a partir del 1 de enero: el billete sencillo subió un 38%, pasando de 1,4 euros a 2 euros; la tarjeta de 10 viajes, se encareció de 8,25 a 9,25 euros. “Pero, en cambio, el Bus Turístic sólo subió un euro, de 23 a 24. Lo que han hecho es encarecer el servicio más utilizado por los ciudadanos, que son los que más pagan”, subraya Jordi Ortiz.

Arias también acusa que “el canal Mou TV costó otro millón para su lanzamiento, como gasto de salida. Está muy bien que vayamos en autobuses que tienen televisores con pantalla de plasma, pero no subamos los billetes de usuario o no recortemos los planes de pensiones de los trabajadores. Si hace falta bajar un poco el ritmo, hagámoslo”.

Los trabajadores del Metro, que desde el día 1 están sin convenio colectivo, negocian éste ahora. Pero como los intereses son similares a los de los empleados de autobuses, ha habido ya contactos entre los comités de empresa para formar un frente común. “La carta enviada a Forn y Pestaña ha sido conjunta”, explica Garganté. Y Ortiz añade que “estamos trabajando para poder tener un comité conjunto de Metro y Autobuses y convocaremos una asamblea de ambos colectivos”.