Toda la oposición pide a la Generalitat que deje la defensa del Palau de la Música

Todos contra uno y uno contra todos. Así se puede resumir la reunión que ayer mantuvo la comisión de Justicia del Parlamento catalán, que tenía como invitado de excepción al secretario del Gobierno, Germà Gordó, para dar cuenta del cambio de criterio de los servicios jurídicos de la Generalitat para decidir no acusar al ex tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Daniel Osàcar, y a un puñado de empresarios que aparecen implicados en el denominado caso Palau. Todos ellos están siendo investigados para saber si recibieron millones de euros de manos del corrupto ex presidente de la institución musical, Fèlix Millet, y de su mano derecha, Jordi Montull, durante los últimos ocho años.

Al final, la comisión fue un partido de tenis: en una banda estaba el secretario del Gobierno y la representante de CiU, Elena Ribera, y en el otro los portavoces de los restantes grupos del Parlamento. Tanta fue la unión de la oposición en pleno que todos pidieron que la Generalitat deje la defensa del Palau de la Música porque hay conflicto de intereses. Quien mejor lo resumió fue el representante de ERC, Pere Bosch, que había sido miembro de la comisión de investigación parlamentaria del caso Palau: “Usted forma parte de un partido político y en este caso hay imputados de su partido político. Por tanto, hay colisión de intereses”.

Gordó no aclaró gran cosa. El 17 de enero, tres semanas después de que Artur Mas se hiciese cargo de la Generalitat, los servicios jurídicos de la Generalitat cambiaron por sorpresa su criterio. Seis días antes, Mas había descabezado la cúpula de estos servicios. Hasta entonces, habían apoyado las tesis del fiscal, que pedía una investigación aparte para conocer si Convergència se había beneficiado de los fondos desviados por Millet y Montull. Además, solicitaba imputar a dos altos cargos de este partido: el responsable de Inmigración, àngel Colom, y el ex tesorero -y ex secretario particular del propio Artur Mas- Daniel Osàcar. Pero con CiU en el poder, los servicios jurídicos de la Generalitat pidieron al juez que no abriese esa investigación ni imputase a los dos políticos.

El secretario del Gobierno negó ayer que hubiera consignas políticas en este cambio de criterio, sino que este “supuesto cambio” se produjo “por razones de seguridad jurídica y prudencia procesal”. Además, aseguró, los servicios jurídicos consideraron conveniente “disponer de una información exhaustiva para evitar la imputación prematura” de personas. Dos días después de presentar el escrito, el juez emitió un auto en el que criticaba la “posición cambiante y particularmente confusa” de los abogados del Palau (o sea, de la Generalitat), lo que evidenciaba “su completa desorientación”, al tiempo que aseguraba que el retirar la petición de no imputación a cargos de CDC era “por motivos ajenos al ámbito jurídico procesal”.

Los grupos de la oposición se agarraron ayer a esta tesis para exigir a Gordó que explicase cuáles fueron los motivos verdaderos por los que los abogados del Palau no apoyaban la investigación, a lo que el secretario del Gobierno respondió siempre con las mismas palabras, reiterando las razones de “prudencia procesal y seguridad jurídica”. Y contraatacó: “Colaboraremos con la justicia para clarificar este asunto. Y de la misma manera que creemos que, antes de llegar nosotros, los servicios jurídicos habían actuado con objetividad y libertad, ustedes deben entender que ahora hacen lo mismo. Decir lo contrario sería muy peligroso y no estoy dispuesto a entrar de ninguna manera en este juego”.

Coincidencias de la oposición

Pero la oposición lo tenía claro. PSC, PP, ICV, ERC y Ciutadans coincidieron en que algo falla. “Ustedes no pueden ser juez y parte. No pueden estar defendiendo los intereses patrimoniales de la Generalitat en un caso donde están implicados miembros de su partido. Y si el primer acto que hicieron fue para favorecerlos, esto produce sospechas”, dijo el ex consejero Salvador Milà, representante de ICV.

Milà detalló que en el sumario se narra que Ferrovial había dado 12 millones de euros al Palau en concepto de patrocinio entre 2007 y 2009. Y que el Palau había realizado 7 convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas con aportaciones de 1999 a 2007 de 630.000 euros. “Y que los convenios aumentaron su importe desde el 2003, coincidiendo con las adjudicaciones de obras realizadas para la línea 9 del Metro y de la Ciudad de la Justicia. Todos los informes dicen que había coincidencia correlativa entre cada una de las adjudicaciones de obra pública y las aportaciones que se hacían a través del Palau directamente a la Fundación Trias Fargas. Las aportaciones del Palau a la fundación venían precedidas de ingresos de Ferrovial. Además, hay facturas de las empresas Letter Graphic, New Letter e Hispack por más de 2 millones de euros que se correspondían con campañas de publicidad y que no tenían nada que ver con el Palau, pero que sí tenían que ver con los datos de pagos de Ferrovial al Palau”. Estas empresas realizaban trabajos para CDC y para su fundación. Y zanjó: “¿Piensa el Gobierno pedir las responsabilidades civiles pertinentes, directas o subsidiarias, o pedir embargos, para garantizar la recuperación de los 12 millones de euros? Aquí no hemos venido a sacarle los colores a nadie, sólo queremos saber cómo recuperar ese dinero”.

“Esto es un caso de presunta financiación irregular de CDC con fondos de Ferrovial como contraprestación de adjudicación de obras públicas. ¿Y usted cree que retirar la imputación a miembros de Convergència era una buena manera de defender el interés general y de defender el estado de derecho?”, subrayó Laia Bonet, representante del PSC. Y María de Llanos de Luna, representante del PP, terció que “no había motivos jurídicos en cambiar la estrategia. Queremos saber porqué la Generalitat no tenía interés en investigar y en seguir el procedimiento. Creemos que ha habido una grave interferencia política en un procedimiento judicial”. Carmen de Rivera, de Ciutadans, subrayó que “aquí falla la estética. Y eso es un síntoma de que también falla la ética. Lo que se está es renunciando a la recuperación de 12 millones de euros que se sabe que Ferrovial ha pagado en comisiones por la adjudicación de obras públicas. No ha habido una lógica jurídica, sino una decisión jurídica que perjudica al Palau y a la Generalitat”.

También Pere Bosch fue contundente. “Ustedes actúan con una falta de transparencia absoluta. Todos los informes, de la Agencia Tributaria, de la Oficina Antifraude o de la comisión de investigación, llegan a las mismas conclusiones. Pero ustedes se escudan en que Millet y Montull sólo reconocieron ante el juez que el Daniel que aparece en los papeles no es Daniel Osàcar. Respóndame con un monosílabo: ¿ustedes dan más credibilidad a las declaraciones de los delincuentes confesos Millet y Montull o a los informes de Hacienda, de la Oficina Antifraude y de la comisión parlamentaria?”. Realizó la pregunta en los dos turnos en que tuvo la palabra, pero Gordó terminó la comparecencia sin responder.

Una oficina independiente

Todos los grupos coincidieron en pedir al Gobierno que deje en manos de una oficina independiente, que podría depender del Parlamento, las acciones legales del Palau “para que la actuación procesal pidiendo responsabilidades no se vea interferida por los intereses de quien se le ha de pedir esta responsabilidad”. Además, de esta manera, la dirección jurídica letrada no tendría dependencia jerárquica de la abogacía de la Generalitat, con lo que se elude el conflicto de intereses. Y todos dejaron al margen de la batalla a los integrantes del equipo jurídico de la Generalitat que, en todo caso, cumplía órdenes y seguía las directrices que les marcaban sus superiores

De esta acción conjunta se desmarcó Elena Ribera, de CiU, que calificó la comisión de “lamentable espectáculo. Esto no es una comisión política. Me parece estar en un juicio donde se dicen cosas que no están probadas. Y es que los otros grupos ya tenían una sentencia prefijada”, clamó. Y recordó que hay otros 11 millones de euros sobre los que no piden responsabilidades: 5,6 millones de decremento patrimonial de la Generalitat por el caso del hotel del Palau, que ya no se construirá; pero también hay 3 millones de fondos públicos que Millet hizo desaparecer y dos millones más de un crédito del Instituto Catalán de Finanzas que fueron justificados con facturas falsas. Y dirigió una sola pregunta al secretario del Gobierno: “¿Qué piensa hacer desde el Gobierno para restituir el buen nombre de los abogados de la Generalitat?”.