Mas confía a la hija de su tesorero, imputado en el ‘caso Palau’, la publicidad de la Generalitat

La publicidad institucional del Gobierno catalán dependerá de Mònica Osàcar Andreu, hija de Daniel Osàcar, el que fue tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que está siendo investigado por un juzgado de Barcelona bajo la sospecha de haber desviado millones de euros durante los últimos años desde el Palau de la Música hacia el partido o su fundación, la Trias Fargas. Daniel Osàcar fue el secretario personal del actual presidente de la Generalitat , Artur Mas, y también asumió la responsabilidad de llevar las finanzas de Convergència y de la fundación citada.

Que el ex tesorero es una persona querida por la cúpula convergente no es ninguna novedad. El pasado 15 de abril, Osàcar tuvo que comparecer ante el juez que investiga el presunto desvío de fondos -provenientes del pago del 4% de comisiones que abonaba a la empresa Ferrovial por las adjudicaciones que le había hecho el Gobierno de Jordi Pujol- del Palau de la Música hacia Convergència. Y hasta el juzgado se desplazaron ni más ni menos que el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, y el portavoz del mismo, Jordi Turull, para darle su apoyo público.

Ahora, este apoyo se extiende también a su familia. La hija del dirigente convergente, además, depende directamente de la Presidencia y no de ninguna otra consejería, ya que Mas decidió concentrar en su núcleo duro algunas de las áreas sensibles del nuevo Gobierno, como la de publicidad.

Mònica Osàcar fue nombrada el pasado 27 de abril responsable de publicidad institucional. Entre sus funciones está asesorar e informar a los diferentes departamentos del Gobierno sobre la publicidad institucional, coordinar las campañas del Ejecutivo, elaborar informes sobre los resultados y el análisis del impacto de dichas campañas, colaborar en “el establecimiento de criterios de implantación social y de difusión de los medios informativos más idóneos en cada caso” y coordinar al personal de la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión. En otras palabras, que tendrá voz y voto para distribuir la publicidad institucional y de conceder grandes campañas o pequeños anuncios a los medios de comunicación. Ésta es una de las bazas con que cuenta cualquier gobierno para premiar o castigar a los medios de comunicación en función de sus simpatías.

La categoría de la nueva responsable de publicidad de la Generalitat será asimilable a la de un funcionario de nivel A-27 y tendrá un complemento específico de 24.635,40 euros al año. Según fuentes cercanas al Gobierno, su sueldo “es de los más bajos de su categoría, ya que apenas roza los 4.000 euros brutos al mes”. Pero, políticamente, desde algunos sectores se ve en este nombramiento una monumental metedura de pata del Gobierno debido a las circunstancias personales de la persona que se ha de hacer cargo de un área que mueves decenas de millones de euros al año.

Nadie sabe dar una respuesta exacta sobre la inversión en publicidad, pero algunas fuentes la cifran en casi 200 millones de euros al año si se tienen en cuenta los anuncios obligatorios por ley, los anuncios sueltos de actividades, las campañas puntuales, las campañas estacionales y las grandes campañas del Gobierno.

Baste recordar que una gran campaña de cualquier departamento tiene un coste no inferior a los cinco millones de euros. Según fuentes de la propia Generalitat, las campañas de Tráfico, de Seguridad en las playas o de Incendios en verano, además de las institucionales, entrarían dentro de este grupo, aunque este año, debido a las excepcionales condiciones económicas, se ha dado orden de rebajar al mínimo el gasto en estos conceptos.

Hay campañas menores que oscilan entre el millón y millón y medio de euros, que abarcan desde la seguridad en el trabajo hasta las campañas sanitarias o las de educación, pasando por las de bienestar social y cultura. También hay que añadir, según las mismas fuentes, las campañas que realizan las empresas u organismos públicos y que no están sujetas a los controles de la Administración, que suponen millones de euros al año sin fiscalización previa, como ocurre con las consejerías. Y, por si fuera poco -y aquí está una de las grandes bazas políticas-, este área puede influir en la inserción de “especiales” de varias páginas que cuestan de una tacada cientos de miles de euros al erario público en cada una de las promociones. Son las “páginas especiales” que publican algunos periódicos cada pocas semanas.

Nombramientos exprés

Pero si este nombramiento puede despertar polémica, no es el primero de estas características con el que se ha encontrado el Gobierno de Artur Mas. Algunos de los cargos de confianza del nuevo Ejecutivo ya han provocado disputas y críticas al Ejecutivo, que llegó al poder con la promesa de reducir un 10% los salarios de los asesores. Sin embargo, a las pocas semanas de haber tomado posesión y de haberse producido las primeras designaciones, ya hubo movimientos poco claros.

La asesora de Conocimientos Culturales, Mar Jiménez, por ejemplo, fue nombrada por el consejero de Cultura, el ex socialista Ferran Mascarell, el 5 de enero de este año con un salario de nivel 24 y complemento específico de 21.032,64 euros. Pero el 31 de enero fue cesada en su cargo y el 1 de febrero, nombrada nueva asesora en materia de comunicación y difusión. La novedad era que pasaba a tener un salario de funcionario de nivel A 28 y un complemento específico de 35.237,52 euros. Es decir, su complemento de destino pasaba de 582,92 euros mensuales a 832,40 euros y su plus específico pasaba a ser de 2.936 euros al mes.

O Laura Muñoz, que fue contratada el 7 de enero como asesora en materia de relación con las empresas, para lo que empezó cobrando el sueldo de un funcionario de nivel 27 (1.109,05 euros de sueldo base al mes y complemento de destino de 795,85 euros) más un complemento específico anual de 30.094,32 euros. El 8 de marzo, fue cesada en su cargo y el mismo día, el consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, la nombró de nuevo “asesora especial”, con nivel de funcionario del grupo A 30.2 (sueldo base de 1.109,05 euros de sueldo base más un complemento de destino de 968,75 euros) y complemento específico de 38.916,72 euros anuales.

El 24 de enero, el consejero de Salud, Boi Ruiz, también nombró a Sílvia Cordomí como cargo de confianza, para coordinar el cuadro de mandos del Departamento, gestionar los sistemas de coordinación de la consejería y realizar el seguimiento y la actualización del Plan de Gobierno y el Plan Departamental. Su nivel era el de un funcionario de nivel 26 (salario base de 1.109,05 euros más complemento de destino de 698,20 euros) y un complemento específico de 23.016,24 euros. El 9 de febrero, Ruiz la cesó en su cargo y la nombró nueva responsable de Estrategia de la consejería, con un salario de funcionario de grupo A, nivel 27 y un complemento de 30.094,32 euros anuales.